Publicat per Vicenç Navarro en el diari digital EL PLURAL, 26 d’abril de 2010

Aquest article assenyala la manca de canvis en la judicatura espanyola, i molt especialment a l’Audiència Nacional i al Tribunal Suprem (així com al Tribunal Constitucional) resultat de l’enorme domini que les forces conservadores van tenir en el procés de transició de la dictadura a la democràcia i el gran poder que aquests forces continuen tenint en l’aparell de l’Estat Espanyol.

Uno de los pilares del régimen dictatorial fue la judicatura que aplicaba las leyes de aquel régimen, uno de los sistemas más represores que han existido en la Europa occidental durante el siglo XX. Tal como constaba en el mandato establecido en la Escuela Judicial (donde se formaban los jueces), el cuerpo judicial debía ser “una milicia del Derecho, siempre dispuesta e identificada con las firmes ideas del Estado Nacional, que el Caudillo está construyendo” (citado en el excelente libro El TOP. La represión de la libertad 1963-1977, escrito por Juan José del Águila). Sus prácticas judiciales mostraron su clara militancia durante aquella dictadura.
Los tribunales especiales y consejos de guerra tuvieron especial responsabilidad en la dimensión represora durante la dictadura, así como también los Tribunales de Responsabilidades Políticas de la Masonería y Comunismo, todos ellos muy activos durante el periodo 1936-1963, siendo en 1963 cuando se creó el Tribunal de Orden Público o TOP, que dirigió la represión judicial en contra de los adversarios al régimen. La rama del estado que hacía la labor sucia (incluyendo torturas) era la Policía Política, la Gestapo española, llamada la Brigada Político Social, cuyos miembros nunca fueron sancionados o apartados del cuerpo cuando la democracia se estableció en España. En realidad, una de las dimensiones poco conocidas del pacto de silencio entre la nomenclatura del Estado dictatorial, liderada por el Rey, y la oposición democrática, era que, además del silencio sobre el pasado, se permitiera la continuidad en sus puestos de los personajes que habían protagonizado la represión política, manteniéndolos en los cuerpos y niveles de autoridad. Los hermanos Creix, jefes de la odiada Brigada Política Social en Barcelona, continuaron en sus puestos, aún cuando fueron desplazados al País Vasco.
La lealtad al régimen que éste exigía a los jueces, explica que la gran mayoría de jueces, fueran miembros del bando vencedor del conflicto civil (o hijos del bando vencedor) y, por lo tanto, profundamente conservadores. De ahí que la judicatura, en general, fuera profundamente conservadora y muy próxima, cuando la democracia se estableció, al Partido Popular. La transición, mal llamada modélica, no significó la transformación de la judicatura, con cambios de personal, sino la posibilidad de abrir el sistema judicial a jueces nuevos, algunos con vocación democrática, que para poder avanzar su carrera necesitaron el apoyo de jueces profundamente conservadores. Un ejemplo de ello es el juez instructor del caso Garzón, el juez Varela, que ascendió en la carrera judicial con el beneplácito y soporte de algunos de los miembros del Tribunal Supremo más conservadores (término excesivamente generoso para definir a jueces ultraderechistas, simpatizantes del golpe militar de 1936) que dieron su beneplácito y apoyo al nuevo juez Varela.
La mayoría de la judicatura y magistratura –sucesores de los vencedores de la Guerra Civil- permaneció callada frente a las enormes violaciones de los derechos humanos, acaecidos durante aquel régimen. Nunca denunciaron al TOP y nunca ayudaron o han ayudado a las víctimas del fascismo. Es ofensivo e insultante para las víctimas de aquella represión que el juez Varela se refiriera a la labor de los jueces en apoyo a las víctimas de la represión dictatorial como encomiable. Es difícil alcanzar niveles tan altos de falsedad, pues además de no haber ninguna evidencia de tal apoyo, la decisión de enjuiciar al juez Garzón ha tenido como efecto la interrupción de todos los procesos de ayuda a los familiares de los desaparecidos, que el juez Garzón había iniciado, cuando éste delegó en otros jueces para que ayudaran a las familias a encontrar los cuerpos de sus familiares, y que se ha paralizado como consecuencia del temor que se ha creado por continuar este proceso.
A diferencia de otros países en los que el nazismo y el fascismo se derrotaron, en nuestro país el fascismo no fue derrotado. Y el caso Garzón es un ejemplo de ello. Lo que estamos viendo ahora es como las derechas están utilizando el fascismo para hacer el juego sucio (como ocurrió durante la dictadura), eliminando a Garzón y prohibir que se mire al pasado para corregir el presente.
Una consecuencia de esta situación y de la manera tan inmodélica como se hizo la transición, es que la derecha española, en general, carece de una cultura democrática y su homólogo en Europa es la ultraderecha. Los mayores medios de la derecha democrática europea han condenado la persecución del juez Garzón. No así en España, donde la derecha la apoya, promueve y dirige. De ahí se deriva que el abanico político español esté tan sesgado, de manera que los medios de información llaman centroderecha a las fuerzas políticas, como el PP, que, en términos europeos se corresponden con la ultraderecha, mientras que se define como centro a las pocas derechas democráticas que tenemos. Es un enorme coste de la transición inmodélica el hecho de que estemos en una cultura política tan sesgada hacia las derechas.
Una última observación. En otro artículo que publiqué recientemente en Público “Los jueces y las víctimas” 22.04.10, indiqué que si estuviéramos en Alemania (país que sufrió un régimen semejante a la dictadura española) la Falange estaría prohibida, los jueces del Tribunal de Orden Público habrían terminado en la cárcel y al juez del Tribunal Supremo que ha declarado su apoyo al mayor defensor del golpe militar de 1936, se le habría expulsado del Cuerpo Judicial. Ese artículo estimuló una respuesta negando que ello ocurriera en Alemania. Repito, sin embargo, que hoy cualquier alabanza al Partido Nazi está prohibida en aquel país, como lo está también tal partido. El Tribunal de Nuremberg condenó a prisión a las máximas autoridades judiciales responsables de la represión durante la dictadura nazi. Y, por último, cualquier expresión de simpatía por el gobierno nazi, además de estar prohibida, es causa de inhabilitación en cualquier cargo público de la Administración. Todo ello no implica que existan jueces que hayan ocupado cargos judiciales durante aquella dictadura. Pero en lugar de estar orgullosos de ello, éstos lo mantienen en silencio, porque saben las sanciones que ello acarrea. No así en España, en la que, además de estar en puestos de gran poder, no tienen ninguna vergüenza de haber sido parte de aquel horrible régimen o tener simpatías por él.

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