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Este artículo señala la necesidad de que las autoridades políticas y sanitarias se movilicen en contra de la excesiva promoción de las sodas y bebidas azucaradas, una de las mayores causas de la epidemia de obesidad entre los jóvenes.

Las encuestas muestran claramente que una de las causas del desprestigio de la clase política ha sido su temor a enfrentarse a grupos empresariales de gran influencia política y mediática, que anteponen sus intereses particulares a los intereses generales de la población. Su resistencia a enfrentarse a los poderes fácticos como, por ejemplo, la banca (que con su comportamiento ha creado la crisis en la que nos encontramos) es un caso claro de ello. De ahí que aquellos políticos y/o partidos a los que se percibe como defensores de los intereses generales frente a los intereses particulares (por muy poderosos que estos últimos sean) gocen de apoyo y reconocimiento popular.

Un ejemplo de ello es el alcalde de Nueva York, el Sr. Michael Bloomberg, y su administración, que ha hecho de la defensa de la salud del ciudadano de Nueva York (como usuario y consumidor) una de las características de su mandato. Su oposición (por primera vez en EEUU) a que se fumara en los restaurantes y en otros lugares compartidos (fueran estos públicos o privados), en defensa de la salud de los no fumadores (y también de los fumadores), medida respondida con gran hostilidad por intereses muy poderosos, incluyendo los lobbies de los restaurantes, le hizo enormemente popular.

Otro ejemplo fueron sus intervenciones para que se conocieran públicamente las condiciones higiénicas de los espacios donde se manipulan alimentos en todos los restaurantes de aquella ciudad. Cuando usted va a un restaurante en Nueva York, puede ver que en la entrada de cada uno de ellos hay una letra grande, A, B o C, que define el grado de higiene de la cocina del restaurante, sistema de evaluación pública que ha creado más de una situación embarazosa a restaurantes de gran renombre en la ciudad.

Otra política pública de defensa de la salud y del bienestar de la ciudadanía ha sido la exigencia de que se publique el contenido graso y calórico de los alimentos en el punto de venta. Y la más reciente de este tipo de intervenciones públicas ha sido sobre las bebidas azucaradas, conocidas como “sodas” en EEUU,  que incluyen desde la Coca Cola y la Pepsi Cola al 7Up. Hoy, EEUU es el país que bebe más soda en el mundo, un total de 216 litros al año per cápita. Y lo que es incluso más preocupante: el consumo es particularmente acentuado entre niños y adolescentes. Los infantes beben mucha más soda que leche.

La evidencia científica muestra claramente que este elevado consumo de sodas es una de las mayores causas del crecimiento de la obesidad (una de las mayores epidemias de nuestro tiempo), tal como he señalado en un artículo reciente, “El contexto político de la obesidad”, Público, 10.05.13), del tipo II-C de diabetes, de caries dentales, de enfermedades cardiovasculares y un largo etcétera -y la situación está empeorando rápidamente-. El consumo de soda por habitante ha doblado en EEUU desde los años setenta. En un excelente estudio realizado por los estudiantes del programa de Políticas Públicas de Hopkins (“The Politics of Sugar Sweetened Beverage in New York City. A case study”, by Parita Panel, Xinyang Wu, Katrina Reiser, Mariam Tokhi and Maria Brown. March 15, 2013) se analiza este crecimiento del consumo, centrándose en la ciudad de Nueva York, donde el porcentaje de la población adulta considerada obesa se ha doblado desde 1995, alcanzando el número de cinco millones de habitantes. Se calcula que los costes debidos a la obesidad alcanzan los 4.000 millones de dólares al año en la ciudad de Nueva York.

Todos estos datos explican que una constante preocupación del alcalde Bloomberg y de su equipo municipal haya sido intentar disminuir este consumo. Y una de las medidas propuestas ha sido subir los impuestos y, por lo tanto, el precio de estas bebidas, siguiendo una estrategia de salud pública semejante a la que se ha seguido exitosamente con el tabaco. En realidad, esta campaña tiene muchos parecidos con las campañas anti-tabaco que han salvado millones de vidas.

Otra medida desincentivadora del consumo de soda ha sido la de prohibir que en los bares y restaurantes se sirvan envases de más de medio litro de soda, lo cual ha creado una enorme hostilidad por parte de la industria de producción y distribución de sodas, así como de los bares y restaurantes. Ni que decir tiene que este debate ha concienciado a la ciudadanía del peligro para su salud de beber tanta soda.

La Corte Suprema del Estado de Nueva York, sin embargo, ha abolido la prohibición, anulando su disposición, lo cual ha sido un golpe duro para la Alcaldía de Nueva York. Pero Bloomberg no ha tirado la toalla y ha recurrido, llevando el caso, con toda probabilidad, a la Corte Suprema de EEUU. En esta lucha están, en un lado, a favor de la propuesta de regular el consumo de sodas, The American Public Health Association, The American Medical Association, The American Heart Association, The American Academy of  Pediatrics y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) del gobierno federal. En contra hay algunos de los grupos económicos más poderosos en EEUU y en la ciudad de Nueva York.

Estas notas no deberían interpretarse como un apoyo a todas las políticas públicas de la Administración Bloomberg. He criticado extensamente muchas de sus políticas inmobiliarias, por ejemplo. Pero su sensibilidad hacia los temas de salud pública y su valentía al enfrentarse a intereses corporativos para defender la salud de la ciudadanía, motivo de su gran popularidad, son merecedoras de un reconocimiento que sería positivo que se expandiera también en España.

En Catalunya, el gobierno de la Generalitat ha hecho la propuesta (a petición de ERC) de elevar los impuestos de las sodas, intentando recaudar 30 millones al año a base de gravar tales bebidas, una medida que ha forzado ya al Embajador de EEUU en España a visitar al Presidente de la Generalitat para indicar su desagrado hacia ella, defendiendo así los intereses de las compañías de EEUU, Coca Cola y Pepsi Cola, que controlan nada menos que el 70% de todas las bebidas azucaradas en España. Ante esta defensa de unos intereses tan particulares, es necesario y urgente que las asociaciones profesionales y científicas de salud pública y/o sanidad se movilicen para apoyar estas medidas, pues la obesidad entre los niños en España (incluyendo en Catalunya) se ha doblado en un periodo de solo quince años.

Este artículo analiza las diferencias en la manera como los medios de información en España y en Estados Unidos han respondido a las críticas hechas a los trabajos de los profesores Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff de la Harvard University, autores de los trabajos que han sostenido el ideario de austeridad llevado a cabo por la Troika y la mayoría de gobiernos de la Eurozona.

Durante estos años de profunda crisis económica y financiera se han justificado las políticas de austeridad de gasto público, incluyendo gasto público social (que han tomado lugar a base de recortes, recortes y más recortes de tal gasto) con el argumento de que el crecimiento del déficit y de la deuda pública (situaciones referidas como falta de disciplina fiscal) dificulta y obstaculiza el crecimiento económico, atribuyendo la recesión actual al excesivo nivel de la deuda pública en los países en recesión. De ahí que además de recortarlo, se desaliente y desaconseje el aumento de tal gasto público con el objetivo de estimular la economía.

Este argumento se ha reproducido constantemente en los medios de mayor difusión, refiriéndose a la supuesta evidencia que lo apoya, proveída primordialmente por los trabajos de dos economistas de la Harvard University, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, que señalaron, con todo un aparato estadístico, que cuando la deuda pública de un país superaba el nivel del 90%, el crecimiento económico caía en picado. Tales trabajos han sido muy citados, no sólo por las autoridades de la Comisión Europea, como su Vicepresidente Olli Rehn (uno de los máximos promotores de las políticas de austeridad en la Eurozona), y el Sr. Draghi, presidente del Banco Central Europeo, sino por una larga lista de ministros de Hacienda o de Economía de tal área monetaria, así como un largo número de gurús neoliberales que dominan la cultura económica dominante y que la promueven en las fundaciones de investigación económica y fórums mediáticos, próximos a su pensamiento (que son la mayoría).

Tales estudios fueron cuestionados desde su aparición por autores críticos de la sabiduría convencional –como economistas de la Union of Radical Political Economists (URPE), en EEUU- sin que tales críticas adquiriesen ninguna visibilidad mediática, consecuencia de que el establishment financiero (la banca y otras instituciones financieras) que promueven las políticas de austeridad, tienen un control abusivo de los fórums y medios donde la sabiduría económica convencional (de clara orientación neoliberal) se reproduce.

Ahora bien, el desastre (y no hay otra manera de definirlo) que las políticas neoliberales (incluyendo las políticas de austeridad) están creando, está haciendo cada vez más y más difícil sostener el dogma neoliberal que las promueve. De ahí que la dilución de su credibilidad haya hecho más posible que trabajos críticos más recientes de tal dogma adquieran la visibilidad que hasta ahora se les había denegado. Y el más importante es el trabajo de los expertos en economía política de la Universidad de Massachussets, Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Pollin, que en su artículo “Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Grouth? A Critique of Reinhart and Rogoff” (15.04.13), muestran los múltiples errores (cuando no manipulaciones) que los economistas de Harvard habían hecho para alcanzar sus conclusiones. Este trabajo y sus autores han tenido, por fin, gran visibilidad, habiendo aparecido en los mayores medios de difusión de los dos lados del Atlántico Norte (ver mi artículo “Las falsedades y los errores de la sabiduría económica convencional (SEC)”, Sistema Digital, 12.04.03). Como era de esperar, tal crítica devastadora ha generado inmediatamente una enorme respuesta de los economistas y medios de información de sensibilidad neoliberal, respuesta llena de insultos y sarcasmos. Es importante destacar esta respuesta, incluyendo notas comparativas entre la naturaleza de esta respuesta en EEUU y en España.

1. El New York Times publicó un artículo de Reinhart y Rogoff (a partir de ahora RR) en el que respondían a las criticas de Herdnon, Ash y Pollin (a partir de ahora HAP). Y días después, el mismo rotativo publicó un artículo de HAP respondiendo a RR. Los mayores rotativos españoles publicaron el artículo de RR, pero ninguno de ellos publicó la respuesta de HAP a la defensa que RR habían hecho de sus trabajos. Al dar la última palabra a los autores de la tesis de austeridad, tales medios tomaban partido a favor de la continuación de tales políticas de recortes en España.

2. En lugar de publicar la respuesta de HAP a RR, en muchos de tales rotativos españoles se invitó a conocidos economistas neoliberales españoles, promotores de las políticas de austeridad (muchos de ellos en Fedea), a tener la última palabra. Éstos, en lugar de responder a las críticas, intentaron infravalorarlas y trivializarlas, indicando que en el artículo original de RR había sólo un error (y no varios), error muy menor que no alteraba su conclusión, es decir, que había de bajarse la deuda pública, responsable –según ellos- de la crisis actual (ignorando que cuando la crisis se inició en España, la deuda pública española era mucho menor que la de Alemania, y estaba muy por debajo del promedio de la Eurozona) (ver mi artículo “Más sobre el fraude fiscal en el pensamiento neoliberal”, Sistema Digital, 26.04.13).

3. En su artículo en The New York Times RR negaron que hubieran recomendado las políticas de austeridad que se estaban siguiendo. Adoptando una postura de supuesta neutralidad subrayaron que ellos sólo analizaron unas correlaciones entre el crecimiento de la deuda pública y el decrecimiento económico, sin llegar a ninguna recomendación sobre las políticas públicas que deberían seguirse. Como bien ha mostrado Andrew Watt en su artículo “Reading Reinhart-Rogoff on Reinhart-Rogoff”, esta supuesta neutralidad queda falseada leyendo los escritos de estos autores. Un ejemplo es el artículo de RR, nada menos titulado “Demasiada Deuda Pública quiere decir que la Economía no puede crecer” (“Too much Debt means the Economy Can’t Grow”), donde se escribe:

“Nuestra investigación sobre la historia de las crisis financieras y la relación existente entre crecimiento económico y deuda pública apoya el punto de vista de que el crecimiento de la deuda pública que está ocurriendo representa un riesgo y obstáculo para el crecimiento económico, habiéndose ya alcanzado el límite del 90% de PIB en muchas economías avanzadas”.

Y más adelante, RR concluyen, por si no fuera suficientemente claro) que “el mayor riesgo de los países avanzados es que su deuda pública ya haya alcanzado el nivel permisible para permitir su crecimiento económico”.

Éstos y muchos otros segmentos de sus trabajos no les permiten ahora lavarse las manos y mostrar inocencia, acusando a los políticos neoliberales, como los de la Comisión Europea (que son la mayoría) de haber malinterpretado su trabajo.

4. En realidad, y tal como he señalado en mis artículos anteriores sobre RR, los errores de tales autores son incluso mayores que los señalados por HAP, pues son errores no sólo metodológicos sino también conceptuales, debidos en parte a su limitado conocimiento de Políticas Públicas y Economía Política (tales economistas han estado trabajando en el Fondo Monetario Internacional, derivando sus estudios de la experiencia en tal institución). Ambos economistas toman la deuda como un concepto constante (lo cual se hace, por cierto, con excesiva frecuencia). Y asumen que un país con la deuda pública A tiene un problema menor que un país cuya deuda pública B es mayor que la de A. Pero este supuesto es una enorme simplificación, puesto que un país tenga problemas en pagar su deuda no depende del tamaño de la deuda, sino de la habilidad de aquel país en pagarla. EEUU tiene una deuda elevada, pero los intereses de su deuda son los más bajos del mundo debido a la percepción que existe, avalada por al realidad, que el gobierno federal no tiene ningún problema en poder pagarla.

El gobierno federal tiene enormes recursos con los cuales pagar su deuda pública. Entre otros, tiene más de cuarenta trillones (americanos) de dólares en tierras de propiedad federal. Vendiendo un porcentaje relativamente menor de tales tierras, la deuda pública podría disminuir en un 30%.

Otro error conceptual es que RR, en su homogeneización del concepto de deuda, no tienen en cuenta la propiedad de tal deuda. No es lo mismo la deuda pública poseída por el Estado, como por ejemplo la Seguridad Social (al cierre del 2012 el 97% de los fondos de la reserva de las pensiones estaba invertido en la deuda pública de España), que la deuda poseída por el DeutscheBank (de la que puede deshacerse en cualquier momento). Y así un largo etcétera.

Tal como he señalado en otros textos, la excesiva dependencia de modelos matemáticos (que dan una sensación falsa de seriedad) y su protagonismo a costa de “estudios de caso”, con orientación histórica y análisis político de cada caso, lleva inevitablemente a estos problemas, no sólo metodológicos, sino conceptuales. Así, el escaso crecimiento económico que ocurrió en EEUU y en Europa inmediatamente después de la II Guerra Mundial, no se debió, como erróneamente asumen RR, a la elevada deuda pública (que había financiado la guerra), sino a la desmovilización después de la guerra, con un descenso de la población ocupada resultado del descenso del personal militar al haber terminado el conflicto, y también al abandono de puestos de trabajo por parte de las mujeres que dejaron las fábricas y otros lugares de trabajo para volver a sus tareas familiares (ver Dean Baker “Logic Deficit: Why Were Reinhart-Rogoff ever Taken Seriously?”)

5. RR y sus seguidores adoptan un tono de víctimas en su respuesta, que resulta paradójico, pues tal victimismo procede de personalidades que han sido atendidos durante muchos años con gran mimo por las instituciones financieras que dominan las políticas públicas responsables de la enorme austeridad impuesta a las clases populares de los países que la sufren. La crítica a sus estudios se ha hecho con el estilo propio del mundo académico. Conozco personalmente a uno de los autores, Robert Pollin (director del Programa de Economía de la Universidad de Massachussets) al que me une una amistad (habiendo dado clases en el programa de Políticas Públicas y  Sociales de la UPF que yo dirijo). Y tanto en su tono como en su estilo, Robert es una persona de gran calidad, además del rigor que destilan sus trabajos. Invito al lector a que lea su artículo al que hago referencia. De ahí que me parezca absurda la acusación hecha en el Financial Times por parte de un economista ultraliberal sueco, Anders Aslund (amigo de otro economista ultraliberal sueco, Assar Lindbeck, que dirigió por muchos años el comité encargado de dar los Premios Nobel de Economía, financiados por la Banca, y que explica que durante muchos años los galardonados fueran entregados a economistas muy ultraliberales) acusando a las críticas de HAP, refiriéndose a ellas como “ataques viciosos”, acusación también hecha a Krugman por sus críticas a RR (ver Paul Krugman “In the Austerity Debate. Reputation Trumps Reason”). Tal comportamiento habla más de los autores y de sus amigos que de sus críticos. Durante años han dominado y continúan dominando la cultura  económica, y cuando se muestran sus errores y falsedades, se movilizan por todos los medios para desacreditar a los críticos con insultos, sarcasmos y otras características que denotan su inseguridad y falta de disposición al debate. Así responde el poder cuando se le muestra desnudo.

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Este artículo subraya la necesidad y urgencia de que se establezca un movimiento popular de carácter político que, sin transformarse en un nuevo partido político, presione para un cambio profundo de las instituciones representativas españolas (incluyendo las autonómicas), para que pueda desarrollarse una democracia más completa, que permita el necesario mejoramiento del bienestar de la ciudadanía y evite la regresión democrática y el retraso social que está ocurriendo en España.

Esta situación ha generado un sistema representativo que es distante de la opinión popular, siendo esta última, por lo general, más progresista que las políticas públicas llevadas a cabo por la clase política gobernante. La distancia entre gobernantes y gobernados es enorme en España. La democracia en este sistema llamado representativo se limita a votar cada cuatro años dentro de un contexto sesgado en el que el voto útil y las leyes electorales reproducen un bipartidismo que se considera por la población gobernada como insuficiente y conservador, pues limita las posibilidades de participación en el proceso de decisión. Este conservadurismo explica el enorme retraso social de España (con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15) y su inhabilidad de admitir que el Estado español es un Estado plurinacional. Estos grandes déficits democráticos se han acentuado con las crisis financieras y económicas actuales, donde las enormes limitaciones de la democracia española aparecen con toda intensidad. La crisis de legitimidad del sistema político hoy existente en España es enorme.

¿Qué puede hacerse?

La mayor causa de esta crisis de legitimidad es la amplia percepción de que el Estado español (sea central o autonómico) no está realizando las políticas que la mayoría de la ciudadanía desea. De ahí el amplio apoyo al eslogan del 15-M de que “no nos representan”. ¿Qué puede hacerse ante esta realidad?

Una medida muy urgente es romper con el fatalismo que parece haberse adueñado de amplios sectores de la población de que no hay nada que pueda hacerse para cambiar tales políticas. El abusivo control de los medios de mayor difusión del país (controlados por la estructura del poder, y muy en especial del financiero) hace que el mensaje procedente del establishment de que “no hay alternativas”, esté calando en la percepción popular. A esta percepción está contribuyendo el mensaje extendido en algunos sectores de las izquierdas radicales de que, a no ser que todo el capitalismo desaparezca y se establezca el socialismo, no hay nada que hacer. Todo lo demás es, como decía una de estas voces, “humanizar el capitalismo”. Y puesto que no se ve que el capitalismo vaya a desaparecer pronto, el mensaje que se transmite es que no hay nada que, mientras tanto, se pueda hacer.

Lo peor de tal postura, sin embargo, es que no entiende como el cambio ocurre. Si el proyecto transformador es ir hacia un proyecto en el que cada persona reciba los recursos según su necesidad, y que éstos se financien según las habilidades y posibilidades de cada persona (lo que solía llamarse socialismo), entonces hay que darse cuenta de que el socialismo se construye y/o destruye cada día en el seno de las sociedades capitalistas. Cuando se crea o refuerza un servicio público de salud universal financiado progresivamente, por ejemplo, se está construyendo el socialismo. Cuando se privatiza su financiación, se está destruyendo. Pues bien, bajo este criterio, e independientemente de cómo se defina el proyecto, hay un enorme potencial de movilización. En realidad, varias encuestas han mostrado que la mayoría de la población en España está de acuerdo con tal principio.

De esta observación deriva la gran importancia de que las fuerzas progresistas utilicen un lenguaje y unos ejemplos de intervenciones públicas con las cuales las clases populares puedan identificarse. Y también es importante referirse a casos concretos dentro y fuera de España de experiencias exitosas (como múltiples ejemplos de cooperativismo, por ejemplo). Hay que mostrar que, en contra de lo que se nos dice, sí que hay alternativas en cada caso y en cada momento. Adoptar posturas totalizantes indicando que los cambios no son posibles a no ser que haya un cambio total del sistema (el fin del capitalismo) es paralizante. No es por casualidad que tales propuestas aparezcan entre intelectuales académicos que tienen sus necesidades inmediatas cubiertas. Las personas con necesidades exigen, con razón, que se les resuelva su problema, no en un futuro lejano, sino ahora. Y las izquierdas tienen que darles una solución ahora, y no sólo en el futuro.

La necesidad de un movimiento político

Hoy la sociedad civil está enormemente agitada. Pero las derechas continúan fuertes, y las izquierdas débiles. ¿Por qué? Una de las razones es la excesiva centralidad de la vida política en la lucha parlamentaria dentro de las instituciones del Estado donde dominan las fuerzas conservadoras. Se necesita que la riqueza de acciones reivindicativas se traduzca en un movimiento político, que no tiene porqué significar un nuevo partido político. En realidad, ya hay demasiados partidos políticos de izquierda. Las izquierdas están atomizadas en España. Lo que se necesita es una movilización de protesta y de promoción de propuestas factibles y reales para cada uno de los problemas que la ciudadanía presenta. La PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) es un ejemplo de ello. Hay que cambiar el centro de la actividad política, sin sustituirla. Es necesario crear la presión para que los partidos realicen lo que la ciudadanía desea, presión que debe ser continua y no limitarse a la esfera legislativa. El movimiento 15-M es un buen ejemplo de ello. Ha tenido un enorme impacto en cambiar la temática y narrativa política del país .

Este movimiento político debería ser la coalición de fuerzas y movimientos sociales, incluyendo también sindicatos e incluso miembros y simpatizantes de los partidos políticos (aún cuando éstos, los partidos políticos, no deberían ni instrumentalizar ni liderar tal movimiento político). Y la movilización debería crear un programa real, factible (que, por definición, la estructura de poder definirá como “utópico”, es decir, irrealizable), siendo responsabilidad de tal movimiento documentar y mostrar que sí, que es realizable. Por ejemplo, tiene que  mostrarse que es factible, incluso hoy, en la situación actual, crear agencias públicas de crédito que lo ofrezcan a bajos intereses a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, o que es factible garantizar la vivienda en un país con cuatro millones de viviendas vacías, y así un largo etcétera.

Este movimiento debería ser político, es decir, debería presionar para cambiar el sistema político (desde los aparatos del Estado hasta los propios partidos políticos) para hacerlo auténticamente democrático, con unas leyes electorales proporcionales, con una representatividad mayor y no única, complementada y en ocasiones sustituida por otras formas de democracia que incluyan desde referéndums vinculantes a fórums asamblearios de decisión. Y con cambios de los sistemas de información públicos y privados, condicionando la utilización de un recurso público (las ondas radiotelevisivas en el aire) a su diversidad ideológica, puesto que la escasez de tal diversidad es uno de los mayores problemas que tiene la democracia española.

Ni que decir tiene que existirá una enorme resistencia a estos cambios. Pero estos cambios son posibles. Y la propia experiencia española así lo muestra. El problema de la Primera Transición es que los partidos de izquierda abandonaron la movilización popular (en realidad, la desmovilizaron), adaptándose rápidamente a las instituciones del Estado dominadas por las fuerzas conservadoras. Pero hay que ser conscientes de que lo que forzó el fin de la dictadura fueron las movilizaciones populares, lideradas por el movimiento obrero. Y la estructura de poder favoreció su desmovilización dando excesivo protagonismo a los partidos, y dentro de ellos a las élites gobernantes de tales partidos. Esta Segunda Transición no debería caer en el mismo problema. Los partidos políticos son importantes y fundamentales en una democracia. Pero su función (muy acentuada en los partidos auténticamente democráticos y progresistas) es la de transmitir en el lenguaje legislativo lo que exija el movimiento político avalado por la participación popular, en lugar de ser instrumentos de poderes fácticos (tanto religiosos como financieros y económicos) que violan y corrompen el proceso democrático.

Por ello seria aconsejable que se establecieran asambleas en las que se denunciaran las enormes limitaciones de la democracia existente en España y en sus CCAA, con presentación de alternativas factibles y reales que, sin lugar a dudas, crearan una enorme resistencia, hostilidad y represión, como está ocurriendo ya. Pero los jóvenes de todas las edades tienen que ser conscientes de que son los herederos de las movilizaciones de las generaciones anteriores que consiguieron establecer y expandir los derechos políticos, sociales y laborales que ahora nos están sustrayendo.

Este movimiento debería ser muy amplio, abarcando un gran abanico de sensibilidades políticas y sociales, que tuviera como objetivo realizar una segunda Transición que nos llevara de una democracia tan incompleta y de un bienestar tan insuficiente como existe hoy en España a una democracia más desarrollada, que tuviera componentes de representatividad (basada en la proporcionalidad), así como componentes de democracia directa, como referéndums vinculantes (incluyendo derechos a decidir a nivel estatal central, autonómico y local), y formas asamblearias de decisión, expuestas a un amplio abanico de medios de información abierto a todas las sensibilidades. Tal democracia facilitaría la resolución de los enormes problemas sociales y económicos que la mayoría de la población experimenta, pues tales problemas –por difícil que parezca- son de fácil solución científica, aunque de imposible resolución dentro de las estructuras políticas hoy existentes. Así de claro.

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