Aquest article critica la falta d’atenció mediàtica a la creixent polarització de les rendes en la majoria de països de l’OCDE, causa de les crisis econòmica i financera que pateixen. L’enorme endeutament de les famílies d’una banda i el comportament especulatiu de la banca per l’altre es basen en aquesta polarització de les rendes. L’article explica com tal polarització causa tals crisis.

De todas las explicaciones del origen de la crisis mundial actual, la más generalizada es la que la atribuye a la crisis financiera que ha creado una enorme inestabilidad del sistema financiero, en la que los mercados financieros, extremadamente cautelosos por el temor de salir quemados, no están ofreciendo crédito o no compran deuda externa. En parte, esto es cierto. Pero esta situación es un síntoma de un problema mayor, no la causa. Ésta es la enorme concentración y polarización de las rentas, un tema tabú que no se discute y que no aparece en los medios. Pero, a no ser que se actúe en corregirla, poco se adelantará en la resolución de la crisis. Veamos los datos.
En el año 1928, el año en que se inició la Gran Depresión en EEUU, un 1% de la población estadounidense recibía el 24% de toda la renta nacional. En 2007, año en el que se inicio la crisis en EEUU, el 1% de la población recibía también un 24% de toda la renta nacional. Este porcentaje descendió marcadamente con las reformas del New Deal, que fueron continuadas con las reformas realizadas después de la II Guerra Mundial, y con las reformas de la Great Society, alcanzando un 9% en los años setenta. A partir de entonces se inició la respuesta del capital (que había estado a la defensiva durante todo aquel periodo) a través de las políticas neoliberales del Presidente Reagan. Tales políticas (que fueron seguidas por Bush senior, Clinton y Bush hijo) revertieron aquella concentración alcanzando, de nuevo, un 24% en 2007. ¿Por qué esta concentración es un problema?
El hecho de que haya tal concentración de las rentas implica que disminuye el porcentaje de la renta que va a la mayoría de la población (clase trabajadora y clases medias) y ello como consecuencia de que el crecimiento de la productividad no se distribuye equitativamente. En lugar de repercutir en mejorar los salarios, tanto individuales como colectivos (es decir, el gasto en protección social y estado del bienestar), tal incremento de la productividad beneficia primordialmente a las rentas del capital que crecen en una proporción, sin precedentes. Del 1980 al 2005, el 80% del incremento de la renta en EEUU se desplazó al 1% de la población. Ello creó las condiciones para las crisis. La disminución de las rentas del trabajo significó el empobrecimiento de la gran mayoría de la población, creando un grave problema de demanda. La población no tenía la suficiente capacidad adquisitiva que le permitiera comprar y, con ello, estimular la economía. Esta pérdida de la capacidad adquisitiva se resolvió temporalmente mediante el crédito y de ahí el enorme endeudamiento, también facilitado por los bajos intereses del capital, necesario para mantener la demanda.
Pero llegó un momento (año 2007) en que aquella manera de mantener la demanda se interrumpió. ¿Por qué? Ahí está la otra cara de la moneda, es decir, de la enorme concentración de las rentas y de la riqueza. Cuando esta concentración ocurre se dan las bases que se creen burbujas especulativas. Si la gente puede ir comprando sus viviendas, sin requerir grandes endeudamientos, las casas se irán construyendo en la medida que haya demanda para tales viviendas. Pero, cuando hay un desfase entre la productividad y la distribución de las ganancias de este aumento de productividad, el capital, que encuentra mayor rentabilidad en actividades especulativas que en las actividades de la economía productiva (consecuencia de la baja demanda de productos y servicios), invertirá en actividades especulativas, como las inmobiliarias, bajando a su vez los intereses bancarios para estimular la demanda de viviendas. Pero así se alcanza un desequilibrio entre la cantidad de viviendas y su precio (enormemente inflado) por una parte, y la capacidad de compra por la otra, que explica que llegue un momento en que la burbuja explota. ¿Y por qué explotó en 2007? Pues, porque la banca, que había estado invirtiendo, además de en actividades inmobiliarias, en otros instrumentos especulativos, se vio que había alcanzado sus límites especulativos. No podía continuar un sistema basado primordialmente en especulación, facilitado por unas políticas desreguladoras de la banca que le permitió hacer lo que quería. Y así se colapsó, afectando a todo el sistema financiero.
El sistema bancario europeo, centrado en la banca alemana, tuvo, y continúa teniendo, un problema gravísimo. Además de estar contaminada con productos tóxicos derivados de su conexión con la banca estadounidense, ha prestado mucho dinero a los bancos españoles y griegos, habiendo también comprado mucha deuda pública de éstos y otros países, que ahora no pueden recuperar. De ahí que la banca de los países centrales (Alemania y Francia principalmente) dejaran de prestar dinero, con lo que se creó el colapso del sistema financiero, originando un gravísimo problema. No sólo debido a la falta de crédito (que también) sino porque las burbujas crean una riqueza artificial (es decir el país se cree más rico de lo que es) y cuando explotan crean un problema enorme de demanda. Las personas están súper-endeudadas y no pueden pagar sus hipotecas.
Y por otra parte, los precios de la vivienda siguen tan elevados –un 30% por encima de lo que deberían estar- que la gente no puede comprar. A no ser que bajen para ubicarse en una situación más acorde a los salarios, no veremos una solución. Y esto es lo que ocurre también en España. Existe en nuestro país un excesivo desfase entre salarios y precios del consumo, que explica el enorme endeudamiento. Los países más desiguales en la UE-15 (los PIGS: Portugal, Irlanda, Grecia y Spain) son los que están más endeudados (tanto privada como públicamente). Y ello se debe precisamente a lo bajos que son los salarios tanto los individuales como los colectivos (es decir, el estado del bienestar). No es de extrañar, pues, que sean los países más afectados por la crisis.
La solución es fácil de ver. Una gran redistribución de la riqueza (con recuperación de las políticas fiscales progresistas) y un gran aumento del gasto público que permita sustituir la demanda que se ha perdido y así estimular la economía y crear empleo en áreas como los servicios públicos del estado del bienestar, que están subfinanciadas. Que sea fácil de ver no quiere decir que se haga, ya que la enorme concentración de las rentas y de la propiedad determina una enorme influencia política que condiciona el comportamiento de los gobiernos, y muy en particular de los países, como España, en que las desigualdades son enormes y la influencia del poder económico en las instituciones políticas es desmesurada. Véase la resistencia del gobierno Zapatero, que no se atreve a recuperar la progresividad fiscal, subiendo los impuestos a los ricos. No tienen el valor político de tomar medidas impopulares entre los que más tienen. Y ahí está parte del problema.

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Aquest article situa l’arrel de la crisi actual en l’enorme polarització de les rendes que ha esdevingut en la majoria de països de l’OCDE. L’article detalla les conseqüències de tal polarització sent una de les més importants la disminució de la demanda per part de les classes populars a causa del descens de la seva capacitat adquisitiva, juntament amb un comportament especulatiu de les rendes superiors, sobretot de les rendes procedents de la propietat que han creat la crisi financera. L’article conclou que aquells països que han patit més la crisi han estat precisament els que tenen més desigualtats com ara Espanya.

Mucho se ha escrito sobre los factores que nos han llevado a la crisis económica más importante que hemos sufrido desde la Gran Depresión de inicios del siglo XX. Pero poco se ha dicho de las raíces de tal crisis, que es la enorme polarización de las rentas a ambos lados del Atlántico, consecuencia, en gran parte, de la aplicación de las políticas neoliberales desarrolladas por la mayoría de gobiernos de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) desde los años ochenta.
La revolución neoliberal iniciada por el presidente Reagan en EEUU y por Thatcher en Reino Unido ha creado, al aplicarse sus políticas (disminución de los impuestos de las rentas superiores, aumento de la regresividad fiscal, desregulación de los mercados laborales con el fin de debilitar a los sindicatos y a la fuerza laboral, disminución del gasto público, dilución de los derechos laborales y sociales, entre otras medidas) un enorme crecimiento de las rentas superiores a costa de las rentas medias e inferiores. En otras palabras, las rentas del capital se han disparado a costa de las rentas del trabajo, que han disminuido. Es decir, en lenguaje claro, los ricos se han convertido en superricos a costa de todos los demás (clase trabajadora y clases medias). Y ahí está la raíz del problema, la realidad más oculta y silenciada en nuestros medios.
Miremos los datos y analicemos los del país donde se inició la crisis: EEUU. Según afirma el que fue ministro de Trabajo bajo la Administración Clinton, Robert B. Reich, en el artículo How to end the Great Recession (The New York Times, 03-09-10), el salario medio del hombre trabajador (ajustado a la inflación) en aquel país es más bajo hoy que hace 30 años. Este descenso ha forzado a las familias estadounidenses a que –a fin de mantener su nivel de vida– más miembros de la familia trabajen, siendo ello una de las causas más importantes de la integración de la mujer al mercado de trabajo. Mientras que sólo el 32% de las mujeres con niños trabajaba en 1970, hoy lo hace el 60%. Otra manera de compensar la bajada de salarios ha sido aumentar las horas de trabajo. El trabajador en esta década está trabajando 100 horas más al año (y la trabajadora 200 más) que hace sólo 20 años.
Pero, incluso con estos cambios, la capacidad adquisitiva de las familias ha ido bajando, lo cual les ha forzado a endeudarse. Las familias estadounidenses se endeudaron hasta la médula, lo que pudieron hacer porque el aval de sus deudas, la vivienda, iba subiendo de precio. Hasta que la burbuja explotó. Y ahora las familias tienen una enorme deuda. Nada menos que 2,3 billones de dólares.
Hasta aquí la descripción de lo que ha pasado con la mayoría de la población. Veamos ahora qué ha pasado con los ricos. El hecho de que la masa salarial (la suma de los salarios) fuera descendiendo como porcentaje de la renta nacional (y ello a pesar del aumento del número de trabajadores) quiere decir que las rentas del capital iban subiendo. Lo que esto significa es que el crecimiento de la riqueza del país (lo que se llama el crecimiento del PIB) beneficiaba mucho más a las renta superiores (que derivan su renta, en general, de la propiedad) que al resto de la población (que deriva su renta del trabajo). Como consecuencia, los ricos se convirtieron en superricos. El 1% de la población que poseía el 9% de la renta nacional en los años setenta del siglo XX, ha pasado a gozar ahora del 23,5% de la renta total, el mismo porcentaje, por cierto, que cuando se inició la Gran Depresión al principio del siglo XX. Y ahí está el problema. Como dice Robert B. Reich, los superricos tienen tanto dinero que consumen un porcentaje menor de su renta que el ciudadano normal y corriente. O sea, que el 23,5% de la renta nacional que controlan se utiliza menos en consumo y demanda que si lo tuvieran personas normales y corrientes. La demanda total, que es la que mueve la economía (pues es la que estimula el crecimiento económico y la creación de empleo) ha descendido dramáticamente, en parte porque la mayoría de las familias ha perdido gran capacidad de consumo y los superricos han sacado del consumo el 23,5% de la renta total del país, consumiendo mucho menos que el ciudadano medio.
Y por si esto fuera poco, la situación se agrava incluso más como consecuencia de que los superricos depositan su dinero en paraísos fiscales y/o invierten en actividades especulativas que tienen elevada rentabilidad, como los famosos hedge funds, facilitado por la desregulación de los mercados financieros. Y ahí está la raíz de la crisis financiera y el colapso del sistema bancario, que ha sido salvado con fondos públicos –es decir, impuestos– procedentes de las familias profundamente endeudadas.
La solución es fácil de ver. Se requiere una redistribución de las rentas de manera que el 1% de la población vuelva a tener el 9% de la renta nacional (en realidad, con el 3% bastaría). Con ello se aumentaría el consumo, y así el estímulo económico y la creación de empleo. Es más, las intervenciones redistributivas del Estado generarían más recursos públicos, con los cuales se podría, incluso, crear más empleo, resolviendo el mayor problema que hoy existe, que es el elevado desempleo. Pero los superricos, junto con los ricos y las clases medias de rentas altas (el 20% de la población) se oponen por todos los medios a estas políticas redistributivas. Esto ocurre en EEUU (como lo atestiguan los enormes problemas con los que se enfrenta la Administración Obama, en su intento de gravar a las rentas superiores y crear empleo público) y también en los países del sur de la UE, incluyendo España. Estos países tienen las mayores desigualdades de renta de la UE-15, lo cual explica que sean también los más afectados por la crisis. Y en España, el Gobierno socialista ni se atreve a subir los impuestos de los superricos. Ello muestra que la causa de la crisis es política: la excesiva concentración del poder del poder económico y político en nuestras democracias.

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L’article assenyala les llums i ombres de l’experiència del Govern Tripartit català durant el període 2004-2010. Indica que la concentració dels mitjans d’informació i persuasió catalans i espanyols en temes de caràcter identitari i nacional han ocultat i/o ignorat els grans avenços i reformes socials realitzades a Catalunya, que són rellevants també per la resta d’Espanya.

En un artículo titulado “Los intelectuales se alejan del PSC”, El País (15.08.10), en el que se hacía referencia a mi persona, me presentaban como un intelectual que, en contra de lo que la autora del artículo señalaba para la mayoría de intelectuales en Cataluña –que se alejaban y distanciaban de aquel Partido- yo “me aproximaba” a él. Envié un artículo a El País con la intención de corregir esta declaración, pues mi postura hacia el PSC y hacia el tripartito no ha variado –ni me he distanciado, ni me he acercado-, pues continúa siendo igual que al principio de tal gobierno. Fui uno de los intelectuales catalanes que abogó más por que se estableciera, en 2003, tal gobierno tripartito y creo que fue una buena decisión. No ha habido, pues, una aproximación dado que ya era próximo desde el principio y hoy continúo dándole apoyo al tripartito, lo cual no es obstáculo para que lo critique cuando hace falta. Lamento que El País decidiera no publicar mi corrección y agradezco a El Plural que lo haga.
Cataluña tiene hoy un estado del bienestar más bien dotado y más sensible a las necesidades de las clases populares que no cuando el Tripartito inició su mandato. Y su capacidad de gobierno, incluyendo su financiación, es mucho mayor ahora que la heredada del gobierno conservador anterior. Cataluña tiene también un Estatuto que, a pesar de los recortes del Tribunal Constitucional, es mejor que el anterior.
Y los datos hablan por sí mismos. Cuando el tripartito inició su gobierno en 2003, Cataluña tenía uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15. Y aún cuando continúa siendo demasiado bajo según el nivel económico que Cataluña tiene, ha mejorado considerablemente, habiendo descendido significativamente el déficit del gasto público social por habitante de Cataluña respecto al promedio de la UE-15 (un 3.2%). Durante los últimos años del gobierno conservador (1999-2003) había aumentado un 8.8%. Es importante mostrar estos datos porque los medios de información de Cataluña y España se han centrado en el tema nacional, olvidando el tema social. Ello ha contribuido a crear una percepción generalizada en que el esquema derecha-izquierda no es ya relevante para entender nuestras realidades ni en Cataluña ni en España. En cambio, los datos muestran que es esencial para entender las políticas públicas de los gobiernos. Ello exige una reflexión raramente presentada en los medios. En contra de lo que asumen mentalidades jacobinas, el tener un mayor autogobierno es necesario, pero en absoluto suficiente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El País Vasco tiene el sistema de financiación deseado por muchos en Cataluña. Y en cambio, su estado del bienestar está subfinanciado. Su PIB per cápita es ya el 120% del promedio de la UE-15, y en cambio su gasto público social por habitante es sólo el 73% de la UE-15 y ello como consecuencia de haber estado gobernado durante treinta años (1979-2009) por las derechas nacionalistas de tradición cristiano-demócrata. Es probable que si hubiera sido gobernado por las izquierdas, hubiera tenido un gasto público social más elevado.
Es fácil demostrar, por otra parte, que el gobierno catalán es más progresista que el gobierno socialista español, debido a que es una coalición de partidos de izquierda, habiéndose coaligado el PSC con ERC y ICV-EUA, lo cual no ha ocurrido con el PSOE, que se ha aliado (sobre todo desde 2009) más con CIU y el PNV que con IU-ICV y ERC. El estado del bienestar y la universalización de los derechos sociales en España estarían mucho más desarrollados si el PSOE hubiera replicado las alianzas que el PSC ha hecho con otros partidos de izquierdas en Cataluña. Mi apoyo, pues, ha sido y es al gobierno, no a partidos específicos que lo componen, aunque simpatizo con todos ellos.
Habiendo dicho lo anterior, también es importante subrayar las sombras, además de las luces, del gobierno catalán. Y lo peor que han hecho los partidos del gobierno (y el gobierno) ha sido el permitir la continuidad en los equipos de dirección de los medios públicos de radio y televisión catalanes (heredados del gobierno nacionalista conservador anterior), los cuales se han caracterizado, no sólo por su “costra nacionalista”, sino también por su “costra neoliberal”, que ha discriminado a las izquierdas. He documentado extensamente en mis trabajos este sesgo en tales medios (ver mi blog www.vnavarro.org). Y el otro fallo ha sido, en ocasiones, su moderación. Era la primera vez que las izquierdas gobernaban Cataluña desde hacía setenta años y en muchas áreas fueron demasiado cautelosas y esto les valió cierta decepción y frustración entre sus bases, pues en ocasiones podrían haber ido más lejos. Pero, en general, fue un gobierno de sensibilidad socialdemócrata que inició algunos de los cambios más profundos que han ocurrido en Cataluña y en España.

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Aquest article detalla les pressions procedents dels establishments de la UE (el Banc central Europeu, la Comissió Europea i el Consell Europeu) i del món empresarial i financer europeu i espanyol al President Zapatero perquè prengui mesures dures i impopulars per “a salvar el país”. Aquests establishments es refereixen al canciller Schroeder responsable de les reformes impopulars (que van causar la desfeta del partit socialdemòcrata alemany) com a model per a Zapatero, ja que s’assumeix que aquestes reformes (continuades per la Sra. Merkel) han estat responsables de la recuperació alemanya. Aquest article assenyala l’error d’aquests supòsits assenyalant que l’èmfasi en les exportacions com a sortida a la crisi -que va emfatitzar Schroeder- s’ha realitzat a costa de les rendes del treball que han baixat com a percentatge de la renda nacional. L’article mostra també que en contra del que aquells establishments assumeixen, el ressorgiment del creixement alemany no es deu a les polítiques d’austeritat fiscal sinó, al contrari, a l’estímul econòmic de les economies importadores, la Xina i els Estats Units i a mesures estimulants (creixement del dèficit de l’estat alemany i augment molt notable de la despesa pública per part dels Landers) poc conegudes en els mitjans espanyols.

El Presidente Zapatero ha estado sometido a enormes presiones para que adopte medidas que son muy impopulares que permitan –según los responsables de tales presiones- a la economía española salir de la crisis. Las medidas que desean que el Presidente Zapatero adopte incluyen reformas en el mercado laboral encaminadas a facilitar el despido, reducir los salarios, congelar las pensiones, retrasar la edad de jubilación, aumentar la regresividad de sus políticas fiscales, privatizar parte de la financiación de los servicios públicos, disminuir el gasto publico, y otras medidas que, en caso de aplicarse, en su conjunto, significaría el mayor recorte de beneficios sociales y laborales que haya ocurrido durante la democracia. Tales presiones proceden de las instituciones europeas (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Consejo Europeo), y del mundo financiero y empresarial, tanto europeo como español, y tienen como objetivo alcanzar lo que han deseado durante mucho años: debilitar al mundo del trabajo, justificando tales medidas como necesarias para aumentar las rentas del capital, condición sine qua non –según ellos- para que la economía española crezca y se recupere. Argumentan que el gobierno debe tener el valor de aplicar medidas “duras” que permitan resolver el enorme problema económico español, cuya máxima expresión es el mayor nivel de desempleo existente en la UE. De ahí que tales medidas duras, negativas para el bienestar de las clases populares, se presenten, paradójicamente, como necesarias para mejorar el día de mañana la calidad de vida de tales clases.
Esta presión sobre el Presidente Zapatero se ha presentado también en los fórums mediáticos españoles en que varios artículos le han aconsejado que se convierta en el Schroeder español. En estos artículos, las reformas llevadas a cabo por el canciller socialdemócrata alemán, Gerhard Schroeder, suelen presentarse como modélicas, instándose al Presidente Zapatero a que tenga el valor que tuvo tal canciller y realizar políticas duras e impopulares que, aun cuando le significaron un coste político elevado (que le significó la derrota electoral al partido socialdemócrata alemán), han resultado ser sumamente exitosas, pues han permitido (al ser continuadas por la canciller cristianodemócrata Angela Merkel) a Alemania salir de la crisis con un crecimiento económico espectacular. De ahí que se anime al Presidente Zapatero a que ponga los intereses del país por delante de los de su partido, identificando los intereses del país con los intereses de los defensores de tales políticas de austeridad (el capital financiero y el mundo empresarial, que están promoviendo tales políticas duras, y están presionando al presidente Zapatero para que se convierta en el Schroeder español).
En estos argumentos se ignoran, sin embargo, varios hechos. Uno de ellos consiste en las diferencias existentes entre las propuestas del canciller Schroeder y las que están presionando para que realice el Presidente Zapatero. En Alemania, el gobierno socialdemócrata basó sus reformas del mercado laboral en un intento de retener a los trabajadores en las empresas, en lugar de facilitar su despido, como están proponiendo al gobierno Zapatero el mundo empresarial y financiero. Una de las reformas importantes (y relevantes para España) que hizo el gobierno Schroeder en su programa de reformas, fue el de incentivar a los empresarios a que retuvieran a sus trabajadores en lugar de despedirlos, de manera que el estado paga subsidios a los empresarios para cubrir la reducción de horas de los trabajadores, consecuencia de la menor demanda en la producción. Ésta ha sido una de las razones de que Alemania haya mantenido un desempleo (7%) menor que el promedio de la UE-15, y ello a pesar de un declive muy notable de su PIB (4,6% en 2009), mayor que el ocurrido en España. El mundo empresarial y financiero español, sin embargo, están promocionando la facilidad de despido en lugar del mantenimiento del trabajador, medidas que, sin lugar a dudas, aumentarán el desempleo en España.
El punto flaco del programa de reformas del canciller Schroeder fue el de reducir las prestaciones sociales y el mantener los salarios bajos, en proporción a la elevada productividad laboral existente en Alemania. Esta medida fue clave para permitir un aumento de competitividad de los productos alemanes a nivel internacional, incrementándose espectacularmente sus exportaciones. El enorme crecimiento económico presentado en el último trimestre se debe, en parte, al extraordinario crecimiento de las exportaciones (resultado de los estímulos económicos en China y en EEUU). Pero la pregunta que debe hacerse y que no se hace es quién se ha beneficiado más de esta situación. Y la pregunta es fácil de responder. Los empresarios de las industrias exportadoras y los bancos, que acumulan euros obtenidos de las ventas de los productos alemanes en los países de la eurozona (dos terceras partes de las exportaciones van a estos países). Los salarios, sin embargo, se han mantenido estables, elemento importante para explicar el milagro alemán, basado en exportaciones. Ello explica también la escasa importancia de la demanda doméstica como estímulo de la economía alemana.
Y ahí está la gran debilidad del argumento del mundo empresarial y financiero, que desean que Zapatero se convierta en un Schroeder. El modelo exportador, a la larga, no se sostiene si todos los modelos económicos de los países de la UE se basan en la exportación como el mayor estímulo económico. Para que un país exporte, se requiere que haya otros que importen. Si todos exportan el sistema no funciona. Y ahí está el mayor problema de la UE. La exportación del modelo alemán, con salarios moderados (que quiere decir, por lo general, salarios bajos en relación a la productividad laboral) es un sistema insostenible en la Unió Europea. Alguien tiene que comprar lo que otros quieren exportar. Sino, todos tienen un grave problema.

LAS LIMITACIONES DEL MODELO SCHROEDER
Como ya he señalado en otros artículos, el modelo basado en las exportaciones no ha beneficiado especialmente a las clases populares de Alemania. En realidad, el desacuerdo entre el canciller Schroeder y su Ministro de Economía Oskar Lafontaine, se basó precisamente en este punto. El canciller Schroeder llevó a cabo políticas públicas que se basaron en lo que se llama “moderación salarial”, que quiere decir en lenguaje llano, que el crecimiento del producto consecuencia del aumento de la productividad se transforme más en rentas del capital que en las rentas del trabajo. Oskar Lafontaine quería implementar medidas que beneficiaran más a las segundas que a las primeras, transformando la demanda doméstica en el motor de la economía. Sus propuestas hubieran beneficiado más a las clases trabajadoras y clases medias de Alemania (y de la UE, por cierto). Venció Schroeder en aquel conflicto y Lafontaine dejó el gobierno, el partido socialdemócrata y ayudó a establecer el nuevo partido, Die Linke (la izquierda). El partido socialdemócrata alemán sufrió el mayor descalabro que haya sufrido en su periodo democrático.
En Alemania, la productividad laboral ha crecido más rápidamente que los salarios, creándose un excedente que ha beneficiado las industrias exportadoras y la banca. En España, sin embargo, los salarios, históricamente muy bajos, han aumentado más que la productividad, haciendo los productos españoles menos competitivos. Puesto que España no puede devaluar la moneda para abaratar sus productos, la única solución es que se bajen los salarios. Todas las propuestas de reforma del mercado laboral tienen este objetivo (aunque no se promuevan como tal). Para alcanzarlo se están proponiendo toda una serie de medidas regresivas, altamente impopulares y con pocas garantías de éxito. Las políticas de austeridad de gasto público, encaminadas a reducir el déficit público, están ralentizando el crecimiento económico y aumentando el desempleo (que a su vez determina una bajada de salarios). El caso de Lituania y Estonia, que están siguiendo a pies juntillas las recetas de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, es significativo. En ellos se está ralentizando el crecimiento económico y está aumentando el desempleo.

PRESTEN ATENCIÓN A LO QUE EL GOBIERNO MERKEL HACE, NO A LO QUE DICE
Mientras que el aumento del crecimiento económico alemán se debe, en parte, al enorme estímulo económico del gobierno Chino (y en menor medida al del gobierno estadounidense), con incremento de las exportaciones, hay otras dos causas de tal crecimiento, muy bien documentadas por el excelente artículo de Mark Weisbrot en The Guardian, “The Falacy of Taking German Lessons” (30.08.10), y que no han sido conocidas en los medios de información. Y las dos causas son las políticas keynesianas que el gobierno ha seguido y que contradicen las propuestas de austeridad que la canciller Merkel está promocionando para otros países, incluyendo España. Una es el aumento del déficit del estado alemán, que se ha doblado en un año. Según las cifras de estadística del gobierno federal, el déficit del estado en la primera mitad del 2010 (42,8 billones de euros), fue más del doble (18,7 billones) que el existente en la segunda mitad del 2009. Muy pocos países han visto crecer su déficit tan rápidamente, lo que significa, por lo tanto, un gran estímulo económico. La otra causa es el crecimiento del gasto público (y muy en particular de los “landers”, equivalente a las CCAA en España). Las reducciones de gasto a nivel central han sido más que compensadas con un gran crecimiento de los gastos públicos en las CCAA de Alemania, que ha significado un gran estímulo económico. Este crecimiento ha sido muy acentuado en la primera mitad de este año. Ninguna de estas dos causas del crecimiento económico en Alemania ha sido citada en los medios españoles. Las fuerzas financieras y empresariales que están presionando (exitosamente) al Presidente Zapatero (y que tienen gran influencia en los medios) quieren transformar España en un modelo exportador semejante al alemán (basado en una “moderación” salarial), sin tener en cuenta (debido, en parte, a su ignorancia y en parte a su fe en el dogma neoliberal) que el reciente crecimiento económico alemán se basa en políticas de estímulo económico en otros países, y también en la propia Alemania. Las recetas que el mundo financiero y empresarial están proponiendo para España mejorarán sus propios intereses, pero no los intereses de España y de sus clases populares.

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Aquest article mostra l’impacte negatiu que ha tingut en la qualitat de vida de les classes populars l’aplicació de les polítiques neoliberals promogudes pel Banc Central Europeu, la Comissió Europea i el Consell Europeu i dutes a terme pel govern espanyol. L’article conclou donant suport a la crida dels sindicats espanyols i europeus a protestar el desenvolupament d’aquestes polítiques.

Es importante que se entienda y se conozca qué ha estado ocurriendo en la Unión Europea durante estos últimos años (y no me refiero sólo a lo que ha pasado desde el inicio de la crisis en 2007). La participación de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional en el promedio de los países de la UE-15 ha ido descendiendo desde principios del establecimiento de la Unión hasta hoy, bajando del 69% al 56%. Este descenso ha sido mucho más acentuado en la zona euro, y todavía mayor en España. Ello ha ido acompañado de un aumento del desempleo en el promedio de la UE-15 (interrumpido provisionalmente en España por la burbuja inmobiliaria hasta que estalló) y de un deterioro de las condiciones de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declara trabajar en condiciones estresantes en el promedio de la UE-15 ha pasado del 32% de la población empleada a un 54% en 2008. En España ha sido incluso mayor. Una consecuencia de ello es que las enfermedades laborales por estrés han aumentado.
Por si esto no fuera suficiente, la protección social se ha ido deteriorando. La tasa de crecimiento del gasto público social (que cubre los gastos públicos en las transferencias y servicios del Estado del bienestar) ha ido descendiendo en el promedio de la UE-15 desde principios de la década de los noventa (habiéndose interrumpido este descenso entre 2004 y 2008 en España durante la alianza –informal– del PSOE con IU-ICV, ERC y BNG). Ha vuelto a descender a partir de entonces, y España ha permanecido en la cola de la Europa social, siendo el país de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo. Además de este descenso hemos visto una disminución de los derechos laborales en la mayoría de los países de la UE-15.
Mientras la clase trabajadora y grandes sectores de las clases medias veían disminuir su capacidad adquisitiva (la mayor causa del enorme endeudamiento de las familias), hemos visto un enorme incremento de los beneficios empresariales. Estos aumentaron un 38% en la media de la UE-15 y un 42,3% en la zona euro durante el periodo 1999-2008, mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 17%. En España, este contraste entre la austeridad impuesta a las clases populares y la bonanza y exuberancia de los beneficios empresariales fue incluso más acentuado. Durante el mismo periodo, las mayores empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (casi el doble de la media de la UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7% (casi cinco veces menos que en la UE-15). Dentro de estas empresas, las que alcanzaron elevadísimos niveles de beneficios fueron las financieras, que basaron su riqueza en el enorme endeudamiento de las familias europeas y españolas y en actividades altamente especulativas, incluyendo las inversiones inmobiliarias, que se convirtieron en el motor del crecimiento económico en varios países, incluyendo España. La banca española, bajo la pésima supervisión del Banco de España, tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo del complejo bancario-inmobiliario-constructor y su burbuja, que al explotar ha creado el enorme problema económico, además de dificultar enormemente la accesibilidad al crédito por parte de la ciudadanía y de la mediana y pequeña empresa. Es una enorme incoherencia (para ponerlo de una manera amable) que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que junto con anteriores gobernadores es el responsable de una de las mayores causas de la crisis en España, esté ahora liderando el movimiento neoliberal, y responsabilice a los sindicatos por el elevado desempleo causado, según él, por una supuesta rigidez de los mercados laborales.
A nivel europeo, los hechos presentados en los párrafos anteriores se deben, no a los mercados financieros, sino al desarrollo de las políticas neoliberales, promovidas por las mayores instituciones de la UE, y muy en especial por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, controlado este último por las derechas (cristiano-demócratas y liberales). Estas instituciones han estado imbuidas del pensamiento neoliberal, al cual se han adaptado gran parte de los partidos socialdemócratas gobernantes que han abandonado elementos claves de la tradición socialdemócrata para convertirse en partidos socioliberales. Estas políticas han consistido en la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la protección social, la reducción de los impuestos, el aumento de su regresividad (responsable, en parte, de que las desigualdades sociales en la UE-15 hayan alcanzado el mayor nivel conocido en los últimos 20 años), las privatizaciones de los servicios del Estado del bienestar, y la reducción de los beneficios laborales y sociales. La reducción de impuestos, por cierto, determinó el crecimiento de la deuda pública en todos estos países.
Todas estas políticas han respondido al enorme poder de clase, es decir, del capital (mundo empresarial y financiero y rentas superiores), que está aprovechando ahora la crisis creada por ellos para conseguir lo que ha estado deseando todos los años: debilitar todavía más al mundo del trabajo al cual pertenecen las clases populares. De ahí que sea fundamental que exista una protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo y a nivel español, para iniciar un proceso de reversión de tales políticas, no tanto por un cambio político en el que ganen las derechas (PP en España y CiU en Catalunya) que empeoraría todavía más la situación, sino por un cambio muy sustancial en las izquierdas, y muy en especial de las gobernantes, que no ocurrirá a no ser que haya una protesta generalizada en contra de aquellas políticas. Así ocurrió, por cierto, en las últimas huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.

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En diversos dels meus llibres i en molts articles he estat crític de les tesis molt generalitzades en els establishments polítics i mediàtics d’Espanya de que la Transició va ser modèlica i que no hi va haver-hi un acord tàcit per part de les dretes i de les esquerres de no mirar al passat, oblidant la memòria dels vençuts en la Guerra Civil. En els meus escrits he estat crític d’autors, com Santos Juliá, que a causa del seu accés privilegiat als mitjans han tingut un protagonisme en la promoció d’aquestes tesis. Aquest autor ha respost amb un article insultant i ofensiu, sense contestar les dades i arguments referits en la meva crítica. Aquest article meu, ara, respon a tal resposta, fent una petició de que en una democràcia es desterrin els insults i sarcasmes i que es debati tot, inclòs el que es considera heterodox dins de la saviesa convencional del país.

A la vuelta de mi exilio, una de las realidades que me encontré en España que más me sorprendió fue lo generalizada que estaba en los establishments políticos y mediáticos del país la definición y percepción del proceso de transición de la dictadura a la democracia como modélica. Los datos, que publiqué en mi libro “Bienestar insuficiente. Democracia Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país”, Editorial Anagrama, 2002, no avalaban tal percepción. La transición se hizo en términos muy favorables a las derechas (que dominaron aquel proceso), determinando una democracia muy limitada y un estado del bienestar muy poco desarrollado. Los datos que probaban lo que decía estaban ahí para el que quisiera leerlos. Y si alguien estuviera en desacuerdo, hubiera sido muy bienvenida su aportación de datos cuestionando los míos. Pero no llegaron. En su lugar, la respuesta a mi libro por parte de voces de aquellos establishments fue ignorarlo o abierta hostilidad. Por desgracia (y aunque el libro recibió el Premio de Ensayo de Anagrama 2002), el impacto de mi crítica fue mínimo, pues tal definición de la transición como “modélica” continúa enraizada en aquellos establishments y a través de ellos en amplios sectores de la intelectualidad española.
Uno de los indicadores de lo inmodélica que fue aquella transición fue la injusticia que se hizo hacia los vencidos en aquel conflicto, olvidando su historia. A lo máximo que se llegaba en los medios de mayor difusión del país (tales como la televisión) era a presentar como equidistantes las atrocidades llevadas a cabo por los mal llamados “dos bandos” (a los que se llamaba nacionales por un lado y republicanos por el otro). Pero esta versión del pasado y el olvido de la lucha de los vencidos no era sólo la perpetuación de una enorme injusticia, sino un enorme error político de las fuerzas democráticas del país (y muy en especial de las izquierdas, que habían representado a los vencidos en aquella transición), pues el poder de las derechas derivaba precisamente del control de aquella memoria. De ahí que hubieran promovido el olvido del papel clave que las izquierdas tuvieron en la defensa de la única democracia anterior a la actual que había vivido España, y su recuperación. Era lógico que las derechas, que tuvieron gran responsabilidad en el alzamiento golpista (a los que se les llama también rebeldes) y en el establecimiento de la dictadura, quieran mirar adelante sin mirar atrás. Pero ha sido un profundo error de las izquierdas contribuir a aquel olvido, porque el que controla el pasado controla el futuro. Y esto es mucho más que una mera frase retórica. En mi libro “El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias”. Anagrama. 2006, intenté mostrar que el enorme retraso de la democracia española y de su estado del bienestar se basa precisamente en el enorme poder que las derechas han tenido históricamente y continúan teniendo en nuestro país, incluyendo en sus medios de información y persuasión.
En mis escritos tuve que hacer crítica de los autores que, debido a su acceso privilegiado a los medios de mayor difusión, han tenido una elevada prominencia en la promoción de la percepción y definición de la transición como modélica. Tales autores consideran que la transición fue un pacto entre iguales –entre los herederos de los vencedores y de los vencidos-, negando a su vez que hubiera habido un silencio de la memoria de los vencidos. Entre ellos estaba el columnista de El País, y Catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED), Santos Julià. Quisiera añadir que en mis críticas nunca utilicé ni el insulto ni el sarcasmo. Un aspecto que me desagradó profundamente cuando me integré de nuevo en la vida académica y política de nuestro país fue la excesiva tirantez y agresividad en los debates políticos, e incluso académicos, que atribuí a la escasa experiencia democrática y a la rudeza de la derecha española (homologable en muchas de sus posturas y narrativas a las ultraderechas europeas). Todavía hoy escribo en diarios de los países en los que he vivido durante mi largo exilio (Suecia, Gran Bretaña y EEUU), y en ninguno existe el nivel del insulto, sarcasmo, estridencia e hipérbole que aparece en España. La agresividad de las derechas en España es enorme, y ha contagiado en muchas ocasiones a las derechas democráticas (todavía minoritarias en las derechas en España), al centro político e incluso, a veces, a las izquierdas.

¿Hubo o no silencio sobre nuestro pasado?
En mis críticas suelo referirme a datos y a experiencias concretas. Un ejemplo de ello es mi crítica a la postura de Santos Julià, que sostiene que no hubo silencio sobre el pasado ni sobre la memoria de los vencidos (aportando, como muestra de la veracidad de su postura, libros escritos sobre la Guerra Civil desde una perspectiva republicana). En mis trabajos indiqué que la mayoría de tales libros eran académicos, señalando que la distancia entre la academia y la calle es enorme en España. En realidad, en los medios de mayor importancia para poder llegar a la mayoría de la población, tales como la televisión, el primer documental mostrando la enorme y brutal represión en contra de los vencidos, “Els nens perduts del franquisme” (Los niños perdidos del franquismo) se hizo casi un cuarto de siglo después de la transición. Si Santos Julià está en desacuerdo, lo lógico sería que mostrase datos que cuestionaran los míos. No hace esto. En lugar de ello, insulta (a lo cual me referiré más adelante).
Lo mismo ocurrió cuando indiqué que una posible explicación de la resistencia a la recuperación de la memoria histórica (hecho que requiere la intervención del estado) por parte de ciertos autores definidos como progresistas, es que no tuvieron la misma experiencia que la que tuvieron los vencidos y, por lo tanto, no sientan con la intensidad con que sentimos los hijos de los vencidos la urgencia y necesidad de que se corrija esta situación. La memoria de los hijos de los vencedores es distinta a la de los hijos de los vencidos. Escribí que la mayoría de tales autores que escriben en contra de la aplicación y extensión de la Ley de la Memoria Histórica son hijos de vencedores, no de vencidos, e indicaba que si fuera al revés, creo que la situación sería distinta. No era mi intención insultar. Ser hijo de una persona que luchó en el lado golpista no es, en sí, un insulto. Muchos de mis compañeros en la clandestinidad en los años cincuenta y sesenta fueron hijos de vencedores. Y muchos militantes del Partido Comunista fueron hijos de vencedores. Este no es el tema. El tema es que ser hijo de vencedores tiene una experiencia distinta a la de ser hijo de vencidos. Es lógico y humano que sean estos últimos, que han tenido en carne viva mayor experiencia de aquella brutal represión, los que deseen con mayor intensidad que se recupere la memoria de los suyos. Decir esto no es, como Santos Julià, maliciosa y erróneamente me acusa, continuar la división de España entre vencedores y vencidos. Pero me parece obvio subrayar que en la experiencia habida en cuanto a la memoria histórica, las memorias entre los hijos de vencedores y los hijos de vencidos son distintas, con consecuencias diferentes. Y es lógico, predecible y humano que sean los que tuvieron la experiencia de los vencidos los que desean con mayor intensidad que no se olviden a sus antecesores, que lucharon para conseguir la democracia durante la República y después. Y que como consecuencia sufrieron una represión brutal. En nuestras familias han habido fusilamientos, prisioneros en campos de concentración españoles y nazis, torturas, humillaciones y exilios. Exigir que se les honre no es revancha o venganza, sino justicia. Naturalmente que en este homenaje tiene que haber una condena de los responsables de tanto sufrimiento. Esto es lo que implica la justicia, y ello significa una necesaria corrección de la historia del país, lo cual, sin duda, debilitaría a las derechas. Repito que este reconocimiento no es la exigencia de perpetuación de la división de los españoles entre vencedores y vencidos, pues hacer aquel reconocimiento y corrección de la memoria histórica es obligación democrática de todos, independientemente de su origen.

En una democracia, los datos y argumentos no deben sustituirse por insultos
Una última observación. Un amigo me envió hace unos días copia de un artículo de Santos Julià sobre mi postura, refiriéndose a mi persona como un “personaje llamado Vicenç Navarro”, al cual define como “residuo del franquismo”. Con esta introducción, la retahíla de insultos (me llama “vil”, “ruin”, “ese caballero”, “retorcida mente”, “deshonrado” y un largo etcétera) y sarcasmos, dirige sus acusaciones a posturas que yo no sostengo, como la de que constantemente en mis trabajos “divido a los españoles entre hijos de vencedores e hijos de vencidos, tal como hacía el franquismo”. Lo que escribí, y repito, es que la gran mayoría de los que se oponen a la recuperación de la memoria histórica son hijos de familias conservadoras y/o hijos de los vencedores que por tal condición no tienen una identificación existencial con los vencidos, señalando, entre otros, a Santos Julià, al cual definí como ex sacerdote e hijo de vencedores. En su artículo niega que fuera hijo de vencedores y que su padre, un oficial de la Armada, no apoyó el golpe militar. Tomo nota de la aclaración. Y no tengo ningún inconveniente –antes al contrario- en hacer tal corrección pública. Pero no se necesita ninguna disculpa pues, aunque hubiera sido hijo de vencedores, no era mi intención insultar, sino describir el background de muchos de los autores que se oponen a la aplicación y extensión de aquella Ley de la Memoria Histórica. Es importante hablar y conocer el pasado de las personas, y como influencian sus posturas políticas en temas tan importantes como la recuperación de la memoria histórica. Ahora bien, me sorprende que si su padre no apoyó el golpe, él se oponga a que el estado ayude a recuperar la memoria de los que lucharon en contra de la dictadura.
Termina Santos Julià su carta ofensiva con un pequeño psicoanálisis, interpretando mi crítica como resultado de mi frustración –dice él- de que no se hubiera dignado responder a las críticas debido –añade- a su pereza. La arrogancia del establishment no tiene límites. Le aseguro a Santos Julià que nunca tuve ninguna frustración porque no contestara a mis críticas, pues su predecible silencio es un indicador de falta de argumentos, aún cuando, al decidir romperlo haya sustituido éstos con insultos y con un estilo que le caracteriza y es bien conocido. Sus posturas sobre la transición, sobre la Guerra Civil, sobre la Ley de la Memoria Histórica y otros temas, son bien conocidas, pues cuentan con amplias cajas de resonancia poderosas en nuestro país. Y mis posturas sobre cada uno de aquellos eventos es distinta y critica de la suya. Si está en desacuerdo, que haga como yo hago, que presente datos, argumentos y experiencias. Pero, por favor, que no insulte. No sólo entre académicos, sino entre demócratas, los desacuerdos se presentan en base a evidencia y argumentos, no con ofensas, sarcasmos o insultos.

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