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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 9 de octubre de 2014.

Este artículo analiza las causas del estancamiento de las economías europeas, incluyendo la española. Muestra también cómo las políticas públicas responsables de tal estancamiento aparecen en los presupuestos presentados por el Ministro de Hacienda, el Sr. Montoro, en las Cortes españolas.

En cuestión de semanas han aparecido tres informes de tres instituciones internacionales –el Banco Mundial, la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- que expresan su gran alarma por el enorme deterioro del mercado de trabajo en la mayoría de países de economía avanzada, término que se utiliza para definir los países capitalistas más desarrollados. Todos estos informes documentan el gran descenso de los salarios y la escasa producción de puestos de trabajo bien remunerados. El trabajo que es involuntariamente a tiempo parcial, el desempleo, la escasa tasa de ocupación (que mide el porcentaje de la población que trabaja en el mercado laboral), el trabajo sumergido, y el desempleo crónico, son todos indicadores negativos que caracterizan la situación laboral en aquellos países. Esta situación adversa es particularmente acentuada en los dos polos demográficos del mercado laboral, es decir, entre los jóvenes, por un lado, y entre la gente mayor de cincuenta años, donde la cronicidad del desempleo es masiva, por el otro. Todos estos informes señalan que España es uno de los países donde tales indicadores son peores.

Como algunos hemos estado señalando desde hace tiempo (ver las páginas económicas de mi blog www.vnavarro.org), esta situación se ha ido extendiendo desde los años ochenta, en gran parte como consecuencia de las políticas públicas –generalmente definidas como neoliberales- llevadas a cabo en la mayoría de esos países. Este deterioro de los salarios y el elevado desempleo han creado un problema grave de demanda, por un lado, y de un gran endeudamiento por el otro. Las familias han visto descender su nivel de vida y para intentar prevenirlo se han endeudado, creando un problema mayor, pues, además de perder capacidad adquisitiva, ahora tienen también que pagar unas deudas que continúan creciendo. Como resultado de esta realidad, la demanda ha ido bajando, y con ello el estímulo económico y el crecimiento de la actividad económica. En la mayoría de países de la OCDE y de la Unión Europea de los 15 (UE-15), el crecimiento económico fue menor en el periodo 1980-2010 que en el periodo 1945-1980.

Este descenso de la demanda ha tenido graves consecuencias en la composición de la actividad económica, consecuencia de que el capital se ha ido trasladando de las actividades productivas (es decir, de la producción de bienes y servicios, resultado del descenso de la demanda) a las actividades especulativas (que ofrecen mayor rentabilidad), las cuales han adquirido una centralidad en el sistema financiero (es decir, la banca), transformando el sistema en un capitalismo de casino.

De ahí que una característica del tiempo en el que vivimos sea, además del crecimiento de la banca (resultado de la necesidad de endeudarse de la población), su comportamiento especulativo, favorecido, además, por la desregulación de dicha banca, política promovida por los gobiernos neoliberales. Hoy, la economía especulativa, centrada en el sistema bancario en la sombra (shadow banking system), es de 70 trillones de dólares (utilizo el término trillones en el sentido anglosajón de la palabra), una cantidad mucho mayor que la que tiene la banca tradicional. Esta situación determina que se haga mucho, muchísimo dinero en la cúspide, en el 1% de renta superior, sin que con ello se afecte positivamente al resto de la población. En realidad, el efecto es sumamente negativo, pues, a través de la gran influencia política de este 1%, se destruye la democracia. Las enormes desigualdades que se crean como consecuencia son dañinas para la propia supervivencia del sistema económico y democrático.

¿Cómo se está respondiendo a esta enorme crisis?

A primera vista, parecería que el establishment europeo se está dando cuenta de que algo no funciona bien. El elevado desempleo se percibe como un problema político –al aparecer partidos y movimientos que cuestionan la legitimidad de los Estados- y económico, pues contribuye a la falta de demanda. Hemos visto nada menos que al Sr. Draghi, el Presidente del Banco Central Europeo (BCE), indicando que no son suficientes las políticas de austeridad. En realidad, ha ido incluso más allá y, por fin, ha admitido que hasta puede que sean desaconsejables en este momento de recesión, proponiendo que deben complementarse con políticas expansivas, que se centran en dos dimensiones. Una es el préstamos de millones y millones de euros a la banca privada para que facilite el crédito y así estimular la economía. Esta medida, sin embargo, ha sido y continúa siendo poco eficaz. Y tenemos evidencia más que suficiente para mostrar que los millones y millones que el BCE ha prestado a la banca privada han servido de muy poco para facilitar el crédito. Y la razón de ello es fácil de ver. La banca recibe prestado este dinero y, en lugar de ofrecer crédito, invierte en actividades especulativas, comprando, entre otras cosas, bonos públicos de los Estados, que se ven forzados a pagar unos intereses elevadísimos para pedir dinero prestado. Los bancos reciben préstamos del BCE a unos intereses irrisorios y con ello compran deuda pública a unos intereses del 4%, del 6% o del 13% en el caso de Grecia (cifra, esta última, que se alcanzó en 2011). Como consecuencia, los ingresos de los banqueros y de los accionistas (componentes del 1%) crecen exponencialmente. Lo lógico sería que el BCE prestara directamente a los Estados, cosa que no hace. Y ahí está el problema (ver mi artículo “El gran escándalo de la banca privada” en Público 02.10.14).

Pero la otra medida, también aplaudida por muchos, que Draghi está proponiendo, es estimular la economía a través de medidas como garantizar intereses bajos. Pero añade también como medida estimuladora la bajada de impuestos (la típica medida liberal para estimular la economía), que tiene un impacto estimulador reducido. Y continúa insistiendo en que se hagan las reformas, como las laborales, que continuarán bajando los salarios, con lo cual el objetivo central de estimular la demanda continuará estancado. Y, sobre todo, continúa aferrado a no prestar dinero a los Estados, lo cual les permitiría seguir políticas expansivas, en inversiones públicas, tanto sociales como físicas, que los países necesitan. Tales políticas propuestas por los establishments neoliberales serán insuficientes para salir de la crisis.

Las políticas de Rajoy son injustas e ineficaces. En realidad son contraproducentes

El presupuesto propuesto por el Ministro de Hacienda, el Sr. Montoro, muestra los supuestos que han sido responsables del enorme deterioro del bienestar de la población en España y del escaso crecimiento de su economía. Las dimensiones que le caracterizan son principalmente:

1. La disminución de los impuestos que favorece primordialmente a las rentas superiores y a las rentas del capital, las típicas medidas que caracterizan el pensamiento neoliberal. Tal disminución significará un descenso de 9.000 millones de euros a las arcas del Estado. En teoría, esta disminución, que viene de lejos, tendría que haber estimulado –según el dogma neoliberal- la inversión y el crecimiento económico. No lo ha hecho. En realidad, España es uno de los países con menor inversión (tanto pública como privada) en la UE-15. Desde que se inició la crisis, en 2008, la inversión pública en España ha descendido un 66%, uno de los mayores descensos en la UE-15.

En este presupuesto esta inversión tiende a favorecer a grupos económicos y sociales que tienen gran capacidad de influencia, sin que ningún criterio de eficiencia o equidad pueda justificarlo. Un ejemplo de ello son las inversiones públicas ferroviarias, específicamente en el AVE, donde se invertirán 3.626 millones de euros (utilizado por el 30% de renta superior del país), con solo 805 millones invertidos para mantenimiento y expansión de la red ferroviaria convencional (utilizado por el 70% restante de la población).

2. Continuación del descenso del gasto público, que es, de nuevo, uno de los más bajos de la UE-15. En el gasto público social, los presupuestos continúan las políticas de austeridad que han caracterizado las políticas públicas desde 2008, y que han alcanzado su máximo exponente con el gobierno PP. Las pensiones continúan perdiendo capacidad adquisitiva, pues crecen solo un 0,25%, muy por debajo del crecimiento de la inflación, 0,60%. También bajará la cobertura de la población en desempleo, y ello como resultado de que las condiciones laborales (con un aumento muy notable de los trabajos parciales y temporales) dificultan el acceso a tal derecho. Este descenso es parte de un gran deterioro del mercado laboral, objetivo (nunca explicitado) de la reforma laboral que ha destruido puestos de trabajo y disminuido la producción de empleo (tal como algunas voces predijimos que ocurriría). El presupuesto reconoce que el gobierno PP terminará con 400.000 puestos de trabajo menos de los que había cuando inició su mandato.

Referente a los servicios públicos del Estado del Bienestar, el presupuesto muestra, sin citarlo, que a final del mandato del gobierno PP habrá habido un recorte del gasto público en todos los capítulos que atienden a estos servicios (el tamaño del recorte desde 2011 ha sido del 23% en servicios sociales, 20% en educación, 9% en sanidad, etc.). Estos recortes, a nivel de todo el Estado, han sido incluso mayores, pues la corrección del déficit del Estado se ha realizado a base de exigir que fueran las autonomías y los ayuntamientos (cuyo gasto es predominantemente en estos servicios) los que absorbieran la gran mayoría de reducciones de tal gasto (ver mi artículo “El ataque frontal del Estado español al Estado del Bienestar en España” Público 08.10.14).

La reducción de los salarios y el crecimiento tan notable del desempleo, junto con la disminución en la creación de puestos de trabajo, ha significado un descenso muy notable de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional, lo cual se ha conseguido a costa de un gran crecimiento de las rentas de capital, alcanzándose unas desigualdades sociales de unas dimensiones muy significativas, que están afectando muy negativamente tanto la equidad como la eficiencia económica del país, así como la calidad democrática de las instituciones representativas.

El estancamiento de la economía española con unas tasas de crecimiento muy bajas dentro de un gran estancamiento europeo, muestran el gran error de seguir tales políticas. Hoy las clases populares están sufriendo un bajón espectacular de su nivel de vida y bienestar social. Y todo para la gloria de los grupos económicos, financieros y sociales que instrumentalizan el Estado, entre los cuales el partido gobernante es su máximo exponente.

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