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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 9 de septiembre de 2015, cuya versión original se publicó en catalán en el diario CRÍTIC, 4 de septiembre de 2015.

Este artículo analiza el subdesarrollo social de Catalunya señalando que tal subdesarrollo se debe al dominio que las fuerzas conservadoras y liberales (lo que a nivel popular se llama las derechas) han tenido en las instituciones de la Generalitat de Catalunya donde han gobernado durante la mayoría del periodo democrático.

Catalunya tiene un gran retraso social, con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que es el grupo de países de la UE con un nivel de desarrollo económico pareciendo al de este país. En realidad, ya antes de la crisis el PIB per cápita (que es el indicador más utilizado para analizar el desarrollo económico de un país) en Catalunya era incluso más grande (un 110%) que el de la media de la UE-15, mientras que su gasto público social (el gasto público en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda pública, escuelas de infancia, servicios domiciliarios y otros servicios del Estado del Bienestar) per cápita era muy menor (73%) que la media de la UE-15. Es decir, Catalunya se gastaba mucho menos que lo que tendría que gastarse por el nivel de riqueza que tiene. En realidad, Catalunya tendría que gastarse 19.600 millones de euros más de lo que se gastaba entonces en los servicios públicos del Estado del Bienestar.

Las razones para explicar este retraso son múltiples. Una de gran importancia es el subdesarrollo histórico que impuso la dictadura franquista a todos los pueblos y naciones de España. Esta dictadura lo era de una minoría frente a la gran mayoría de las clases populares. En Europa, el desarrollo del Estado de Bienestar está muy relacionado con el poder de estas clases. A mayor poder de estas últimas (cómo es el caso de los países escandinavos), mayor es el desarrollo del Estado del Bienestar. El sur de Europa se ha caracterizado históricamente por la debilidad política de tales clases. De aquí su subdesarrollo social, puesto que son estas clases las mayores usuarias del Estado del Bienestar. El gasto público social de España, incluyendo Catalunya, el año en el que el dictador murió era de solamente el 14% del PIB, mucho más bajo que la media de los países que más tarde constituyeron la UE-15 (un 22%). La democracia permitió corregir parte de este enorme déficit de gasto público, y se consiguió reducir por la mitad el déficit de gasto público social que se había heredado de la dictadura en 1978. Y esto debido, muy en particular, a las políticas llevadas a cabo por el mayor partido socialdemócrata en el país (el PSOE).

Ahora bien, esta corrección fue revertida como consecuencia de la manera como este partido, en alianza con CiU (una coalición de un partido liberal, Convergència Democràtica de Catalunya –CDC–, y otro cristianodemócrata, Unió Democràtica de Catalunya –UDC–), llevó a cabo la integración de España en la Eurozona. Todos los partidos con representación parlamentaria en las Cortes Españolas (incluyendo los catalanes), excepto el Partido Comunista, estaban a favor del establecimiento del euro en España. Y para ello se tenía que reducir, según los criterios del Tratado de Maastricht, el déficit del Estado central, bajando de un 6% del PIB a un 3%. Y esta reducción se hizo, por el gobierno del PSOE primero, y por el gobierno del PP más tarde (y siempre con el apoyo de CiU), a expensas de reducir el gasto público, y muy especialmente el gasto público social, empobreciendo el Estado de Bienestar, incluyendo el catalán. Un dato que no se ha reconocido suficientemente es que el euro se construyó a expensas del bienestar de las clases populares, las clases que utilizan mayoritariamente los servicios públicos del Estado del Bienestar.

Como resultado de estas reducciones del gasto público social, el déficit de gasto público social con la UE-15 (es decir, la diferencia de gasto público social por habitante entre la media de la UE-15 y España, incluyendo Catalunya) subió considerablemente, un descenso muy marcado tanto a lo largo del Estado español (gobernado por el partido conservador, el PP) como en Catalunya (gobernada por la coalición CiU). Por regla general, en la UE-15 las opciones conservadoras y liberales (lo que en lenguaje popular se define como las derechas) tienen menor sensibilidad social que las opciones socialdemócratas, socialistas y comunistas (definidas en el mismo lenguaje popular como las izquierdas). Y esto se vio también en el hecho de que este déficit de gasto público social de Catalunya con la UE-15 bajó durante el gobierno de la coalición de partidos de izquierdas conocida como el Tripartito. Solo entre 2003 y 2007, este déficit se redujo en 599 upc (moneda estandarizada por su nivel de compra), pasando de 2588 upc a 1989 upc, que es una reducción muy notable.

Los recortes en Catalunya

Como consecuencia del gran dominio que las derechas han tenido sobre el Estado español y sobre la Generalitat de Catalunya (en Catalunya, la coalición CiU ha gobernado el 80% de todo el periodo democrático 1980-2015), todas las reducciones del déficit público del Estado se han conseguido primordialmente a base de recortes del gasto público, incluyendo el social. En Catalunya, estos recortes han sido particularmente acentuados en el periodo 2010-2015, bajo el gobierno de CiU, al cual ERC ha apoyado en su último mandato, quien ha antepuesto la estrategia de conseguir la independencia por encima de cualquier otra consideración, apoyando al giro del partido liberal CDC hacia el independentismo.

En realidad, durante este periodo (2010-2015) el gasto público en educación se ha reducido un 17%, pasando de 6.310 millones de euros a 5.234 millones. En sanidad ha habido una reducción de un 14,5%, pasándose de 9.903 millones de euros a 8.464 millones. En vivienda social, la reducción ha sido de un 60%, pasándose de 723 millones a 289 millones; en protección social un 13%, pasándose de 2.110 millones a 1.823 millones; en promoción social un 39%, pasándose de 100 millones a 61 millones; y en fomento de ocupación un 25%, pasándose de 732 millones a 551 millones. En total, el gasto público social se ha reducido un 17%, pasándose, en cifras redondas, de 19.881 millones a 16.424 millones.

Estos recortes han sido de los más acentuados en la UE-15. Ni que decir tiene que el déficit público se podría haber reducido a través de un aumento de los impuestos (y muy especialmente a las rentas superiores y a las rentas del capital) y de una corrección del fraude fiscal (particularmente acentuado entre las grandes fortunas y las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año), uno de los más elevados de la UE-15. Hay que acentuar que gran parte de las leyes tributarias de España, y que naturalmente afectan a Catalunya, han sido aprobadas por partidos catalanes, siendo la hasta hace poco coalición gobernante en Catalunya (CiU) una de las más activas en apoyar la rebaja de impuestos (que ha realizado también en Catalunya). De particular intensidad ha sido la posición legislativa en este sentido del partido CDC, coherente con su ideología liberal. Es por eso que este partido ha apoyado reformas laborales que han sido la causa de un gran aumento de la precariedad laboral y de la disminución salarial. Y también en coherencia con su ideología liberal, ha favorecido la privatización de los servicios públicos del Estado del Bienestar, y muy especialmente de la sanidad pública.

Esta privatización la ha liderado el consejero Boi Ruiz, que ya al inicio de su mandato aconsejó a la población catalana que contratara pólizas de aseguramiento sanitario privado, para cubrir los grandes déficits de gasto público sanitario que los recortes impuestos (y digo impuestos porque no estaban en su oferta electoral) por la Consejería de Salud han acentuado. Ha sido el consejero que más ha privatizado la sanidad durante la época democrática, externalizando servicios de empresas públicas a privadas, siendo el último, de otros muchos casos, la externalización de los servicios de alergología en el Hospital Universitario Dr. Josep Trueta a una empresa privada.

Se impusieron, argumentando que no había alternativas

Estas políticas de austeridad se presentan como las únicas posibles, llevadas a cabo por mandato de Madrid (la sede del gobierno español), Frankfurt (la sede del Banco Central Europeo), Bruselas (la sede de la Comisión Europea) y/o Washington (la sede del Fondo Monetario Internacional), externalización de las responsabilidades que intenta diluir su implicación en el desarrollo e imposición de estas políticas. En realidad, CiU apoyó todas las rebajas de los impuestos de patrimonio, de sociedades y de las rentas superiores que han tenido lugar como consecuencia de intervenciones legislativas aprobadas por esta coalición, tanto en las Cortes Españolas como en el Parlament. Intentar diluir esta responsabilidad refiriéndose a mandatos externos es ignorar la ideología que determina sus políticas públicas, que están caracterizadas precisamente por su reducción del gasto público (excepto en las ayudas y subsidios al capital financiero y empresarial), con especial énfasis en el social, y es también ignorar su conocido compromiso con el sector privado y con la reducción impositiva a las rentas superiores y a las rentas del capital. En realidad, la ideología liberal dominante a la Troika (el FMI, el BCE y la Comisión Europea) coincide con la suya, utilizando el argumento de que no hay alternativas, para llevar a cabo lo que siempre han deseado: la reducción e incluso el desmantelamiento del Estado del Bienestar.

Ni que decir tiene que si el debate electoral en las próximas elecciones del 27 de septiembre se centrara en el tema social, el partido gobernante en Catalunya, CDC, perdería apoyos sustancialmente, y sería más que probable que no fuera reelegido. Así ha sido en la mayoría de países de la UE-15, donde los partidos que han llevado a cabo estas políticas han sido desalojados del poder por la mayoría de la población.

El partido gobernante, CDC, es plenamente consciente de esto. Por este motivo ha ocultado (y no hay otra manera de definirlo) su imagen pro austeridad bajo el discurso independentista, presentándose como el defensor de Catalunya frente al Estado español, al que responsabiliza (errónea y manipuladoramente) del enorme retraso social de Catalunya, refiriéndose a su famoso “expolio” por parte del Estado español, ignorándose varios hechos. Uno de ellos es el comportamiento legislativo de CDC en las Cortes Españolas, que en temas fiscales y económicos ha sido el mayor aliado del PP (como bien se dice a nivel de calle en Catalunya, “no hay nada más parecido a la derecha española que la derecha catalana”). Otro es que el “expolio” (en realidad, el déficit fiscal) de Catalunya respecto a España, es decir, la diferencia entre lo que Catalunya aporta a las arcas del Estado y lo que recibe del Estado será para el año 2015, según los propios datos de la consejería liderada por el Sr. Mas-Colell de la Generalitat de Catalunya, de un 1,6% del PIB, es decir, 3.228 millones de euros; el gasto público social que Catalunya tendría que gastarse de más por su nivel de riqueza es 19.600 millones, casi siete veces superior. El déficit social en Catalunya es mucho más grande que el déficit fiscal. Dicho de otro modo, el “expolio” social (que tiene lugar dentro de Catalunya) es mucho más grande que el supuesto “expolio” nacional. Y de esto, casi no se habla en Catalunya (ver el artículo “Expolio nacional o expolio social en Cataluña [y en España]”, Público, 04.09.15).

El control casi absoluto que el partido gobernante, en alianza con ERC, tiene sobre los medianos públicos de la Generalitat (TV3 y Catalunya Ràdio) explica que, en lugar del tema social, sea el tema nacional el que domina en el debate público, específicamente el tema independentista, presentando la independencia como solución al retraso social, ocultando el gobierno de CDC en la lista de Junts pel Sí, en la que las personas clave de este gobierno figurarán, y en lugar prominente el Presidente Mas. Esta lista está liderada por dos figuras que proceden de las izquierdas, con el fin de dar una imagen de pluralidad, lista que se quiere centrar en el tema independencia para evitar la discusión y el debate social, haciéndole estas figuras supuestamente de izquierdas un gran favor a los mayores responsables del retraso social de Catalunya, lo que es fruto del hecho que las derechas catalanas hayan gobernado Catalunya durante el 80% del periodo democrático.

El que venza en las elecciones será el que pueda centrar el tema electoral. Si es el tema nacional (independencia sí o no), vencerá el gobierno liberal, que, como la dirección de Junts pel Sí ha indicado, continuará gobernando Catalunya. Si, en cambio, es el tema social, vencerán las izquierdas, puesto que el dominio conservador y liberal a la Generalitat durante tantos años es la causa del atraso social de Catalunya. Ni que decir tiene que el gobierno y su lista de Junts pel Sí controlan abusivamente los medios públicos de la Generalitat, los cuales enfatizan el llamado expolio nacional. El reto de las izquierdas es movilizar a la clase trabajadora y otros sectores de las clases populares (que históricamente se han abstenido en las elecciones autonómicas) mediante la denuncia de la explotación social que ha estado sucediendo en Catalunya de la mano de la derecha catalana, ayudada por la derecha española durante tantos años.

El que venza en las elecciones será el que pueda centrar el tema electoral. Si es el tema nacional (independencia sí o no), vencerá el gobierno liberal, que, como la dirección de Junts pel Sí ha indicado, continuará gobernando Catalunya. Si, en cambio, es el tema social, vencerán las izquierdas, puesto que el dominio conservador y liberal a la Generalitat durante tantos años es la causa del atraso social de Catalunya. Ni que decir tiene que el gobierno y su lista de Junts pel Sí controlan abusivamente los medios públicos de la Generalitat, los cuales enfatizan el llamado expolio nacional. El reto de las izquierdas es movilizar a la clase trabajadora y otros sectores de las clases populares (que históricamente se han abstenido en las elecciones autonómicas) mediante la denuncia de la explotación social que ha estado sucediendo en Catalunya de la mano de la derecha catalana, ayudada por la derecha española durante tantos años.

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