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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 31 de mayo de 2016.

Este artículo denuncia el silencio del Estado español sobre los crímenes del fascismo, alentando a los municipios a enjuiciar a aquellos que han sido responsables de tales crímenes en sus jurisdicciones, como ha hecho el Ayuntamiento de Tarragona.

La desatención, cuando no ocultación, de los crímenes realizados por el régimen dictatorial fascista que gobernó España durante casi cuarenta años (1939-1978) constituye un escándalo internacional desconocido, y también ocultado, por los grandes medios de información, que se han hecho cómplices de esta desvergüenza e ignominia. Aquel régimen asesinó a más de 400.000 personas civiles. Y todavía hoy hay más de 2.000 fosas comunes sin exhumar, y más de 88.000 personas asesinadas desaparecidas, sin que el Estado se haya responsabilizado de exhumar y encontrar a tales desaparecidos, convirtiendo a España en el país del mundo, después de Camboya, donde hay un mayor porcentaje de personas desaparecidas por motivos políticos y cuyos cuerpos no se han encontrado. No hay ningún otro país en el mundo donde no haya habido un enjuiciamiento contra responsables de tanta represión al terminar la dictadura.

Esta situación ha sido denunciada sistemáticamente por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha exigido que se derogue la Ley de Amnistía del año 1977 y que se lleve a los tribunales a los responsables de tantos asesinatos y crímenes contra la humanidad, crímenes cuya dimensión es tal que varios historiadores extranjeros lo han definido como genocidio. Y para oprobio y vergüenza nacional, los responsables de tanto dolor, el dictador General Franco y el fundador del partido fascista, el Sr. José Antonio Primo de Rivera, tienen, todavía hoy, uno de los mayores mausoleos al fascismo que existe hoy en Europa, el Valle de los Caídos, construido por prisioneros políticos antifascistas, donde hay enterrados 33.847 cadáveres de personas, que incluyeron aquellas que lucharon frente a tal régimen sangriento, y cuyos cuerpos fueron desplazados a dicho mausoleo construido para honrar al dictador, sin el permiso de sus familiares.

Y todos los aparatos del Estado, desde la Monarquía hasta las ramas ejecutivas y legislativas, así como la judicial, son cómplices de este ocultamiento e insensibilidad hacia los derechos humanos de tantas y tantas víctimas españolas. En realidad, el aparato judicial inhabilitó al único juez, el Sr. Baltasar Garzón, que intentó abrir un sumario para investigar y depurar tantos crímenes en contra de la humanidad. La hipocresía, pomposidad, arrogancia y cinismo de tales aparatos del Estado, en su proclama de defensores de los derechos humanos y protectores de las víctimas, carece de credibilidad. Y la comunidad internacional es consciente de ello.

La querella argentina

Tal olvido y complicidad es uno de los muchos indicadores de lo inmodélica que fue la Transición de la dictadura a la democracia en España, transición que se hizo bajo el tutelaje y supervisión de las fuerzas conservadoras que controlaban el Estado fascista, tutelaje y supervisión que dejaron su imprimátur en el producto de aquella transición, es decir, una democracia enormemente limitada y de bajísima calidad. El Partido Popular, heredero de aquellas fuerzas (fundado por ministros de la dictadura), ha sido el máximo agente (junto con el Ejército y la Iglesia –ambos herederos del Ejército y de la Iglesia que existieron durante aquel régimen-, y el mundo empresarial) en esta ocultación y protección de los responsables de aquel régimen. Un caso claro de ello son las enormes dificultades que ha puesto para que se enjuicie a aquellos responsables.

El día 14 de abril del año 2010 –el mismo día que se proclamó la II República Española hacía 79 años- se presentó en Buenos Aires lo que ha pasado a conocerse como la querella argentina por parte del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, de Darío Rivas e Inés García Holgado –dos personas con familiares asesinados por el régimen fascista-, y más de veinte organizaciones en defensa de los derechos humanos. Familiares de otros desaparecidos se han sumado a la querella y más tarde también lo ha hecho el partido político catalán ERC, que ha exigido el enjuiciamiento a los responsables del asesinato del President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys.

La jueza argentina, María Servini de Cubría, lleva el caso y, como parte del proceso, se ha desplazado a España para interrogar a las personas a las que se acusa de tales crímenes, lo cual no ha podido realizar debido a la oposición de la judicatura española y del gobierno Rajoy. Como consecuencia de la investigación realizada bajo la dirección de tal juez, 19 personas han sido imputadas por la justicia argentina. Tales personajes incluyen varios exministros de aquel régimen, tales como Rodolfo Martín Villa, Antonio Carro, Licinio de la Fuente (ya fallecido), Antonio Barrera de Irimo (también fallecido), Alfonso Osorio, José Utrera Molina y Fernando Suárez. Todos ellos están protegidos por el Estado español, pero no fuera de España. En realidad, todos ellos pueden ser detenidos en el extranjero a petición de la justicia argentina, tal como le ocurrió al General Pinochet en el Reino Unido.

Las fuerzas democráticas deben gratitud a la jueza argentina, que está haciendo lo que la mal llamada “justicia” española debería haber hecho. Y otros partidos, además de ERC, deberían añadirse a esta querella, y muy en especial aquellos partidos como el PSOE y el PCE, que tuvieron gran número de miembros asesinados por aquel régimen fascista. Es más, se ha constituido una coordinadora española para apoyar tal querella (CEAQUA).

Pero también debería haber una movilización a lo largo del territorio español, exigiendo que se haga justicia con las víctimas del terrorismo fascista, pasando resoluciones a nivel municipal y autonómico para exigir el enjuiciamiento de los responsables de las víctimas de tal terrorismo existentes en cada municipio y comunidad autónoma. Es de aplaudir, en este sentido, la aprobación por parte del plenario del Ayuntamiento de Tarragona, en el pasado mes de marzo, de que establecerá una querella inicial para aclarar el asesinato de 62 personas con residencia en la ciudad -algunas asesinadas en la cárcel de Pilats (ver el excelente artículo “La querella argentina” en El Triangle del 25.05.16)-. La recuperación de la memoria histórica no es ni más ni menos que la corrección de la versión sesgada de la historia de España que, en su versión oficial, ha querido olvidar esta historia a fin de ocultar a los victimizadores de las víctimas silenciadas. Así de claro.

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