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Article publicat per Vicenç Navarro a la columna “Dominio Público” al diari PÚBLICO, 25 de maig de 2017.

Aquest article assenyala les enormes limitacions de la democràcia espanyola, que tenen com a conseqüència, a més d’una enorme corrupció, un gran creixement de les desigualtats, així com una elevada disminució del benestar de les classes populars.

En España, está gobernando un partido al cual no ha votado la gran mayoría del electorado español. Nada menos que prácticamente el setenta por ciento de los españoles que votaron en las últimas elecciones legislativas no apoyaron al partido gobernante. Esta situación muestra la enorme limitación de la democracia representativa en España. Pero la situación es incluso peor, pues el gobierno del Partido Popular, dirigido por el Sr. Rajoy, está aplicando políticas claramente impopulares, bajo el supuesto que la ciudadanía las ha votado y que, por lo tanto, están legitimadas por un mandato popular. Es cierto que estas políticas se iniciaron durante el mandato del gobierno del Sr. Zapatero, pero también es cierto que el PP las magnificó y aumentó considerablemente. Ahora bien, en ambos casos se presentó la aplicación de tales políticas como resultado de la voluntad del electorado que les había votado. En el caso del PP, sin embargo, fue una minoría de la población que ejerció el derecho al voto la que le dio apoyo. Ahora bien, el argumento del mandato popular tampoco es sostenible, pues ignora que un ciudadano vota a un partido, pero ello no quiere decir que el votante esté de acuerdo con cada una de las propuestas del programa del partido al cual vota. Un votante puede estar de acuerdo con las propuestas fiscales, por ejemplo, del partido al cual ha votado, y estar en desacuerdo con las propuestas educativas. Pero la democracia representativa no permite votar propuesta por propuesta. Cuando el ciudadano vota, vota por todo o nada. Ni que decir tiene que el partido ganador quiere presentar la aplicación de sus políticas públicas como un mandato legitimado para todas las propuestas que ha hecho, lo cual es altamente cuestionable. La evidencia muestra que muchas de las políticas neoliberales que está aplicando el partido gobernante no son del agrado de gran parte de las clases populares, que constituyen la mayoría de la ciudadanía. Tal partido, consciente de esa impopularidad, las justifica diciendo que no hay alternativas, en contra de la evidencia, que muestra que sí que las hay.

Problemas específicos de la democracia española, además de los dos anteriores

Estos dos problemas del sistema democrático, la escasa representatividad del sistema democrático representativo y la escasa capacidad de elección en las propuestas programáticas de los partidos, son intrínsecas al sistema democrático representativo y aparecen con especial claridad en el sistema democrático español. Pero hay otras diferencias que son específicas de la escasamente desarrollada democracia española. Una es la escasa proporcionalidad del sistema electoral español, claramente sesgado para favorecer a los territorios conservadores. Y la otra es la falta de independencia de las distintas ramas del Estado, consecuencia de la politización de todas las ramas del estado (incluyendo el jurídico) por parte del partido gobernante, que ha adquirido unos niveles extremos en este país. Y tercera, la gran falta de diversidad ideológica de los medios de información, claramente instrumentalizados por las elites financieras y económicas que las poseen y por los partidos gobernantes. Sin una pluralidad ideológica de los medios, la democracia está enormemente limitada en España. Los datos que apoyan cada una de las afirmaciones que señalo en este apartado, crítico con la democracia española, son extensos y contundentes, aunque el lector raramente lo podrá ver, leer u oír en los grandes medios de información y persuasión del país.

Es lógico que la población española esté de acuerdo con que los que gobiernan España “no nos representan”

Todo lo descrito en los párrafos anteriores explica por qué la mayoría de la población española está de acuerdo con el famoso eslogan del movimiento de los indignados –el 15M-: “no nos representan”. Si democracia es la expresión institucional de la soberanía popular en la que cada ciudadano tiene el mismo derecho de participar igualmente en la decisión colectiva, es obvio que la soberanía popular es muy, pero que muy limitada en España.

En realidad, estas enormes limitaciones del sistema representativo, acentuados por las tres grandes deficiencias específicas del sistema español, explican también la enorme corrupción de los principales partidos gobernantes (sobre todo del PP, en España, y de CiU, en Catalunya) y la amplia percepción de que, como también denunciaba el 15M “no hay pan para tanto chorizo” en España. Esta extensa corrupción es consecuencia del gran déficit democrático, que facilita la existencia de un entramado de poder basado en una clara complicidad del poder político (que determina su instrumentalización) por parte de intereses financieros y económicos. Esto es lo que Pablo Iglesias ha definido acertadamente como trama de poder.

La necesidad de un cambio profundo del Estado español: el problema es mucho más grave que la corrupción (que es, en sí, muy grave)

La pérdida de legitimidad del Estado español, que aparece en la escasa valoración de las instituciones políticas en España, se debe a la realidad descrita en la sección anterior. Todos los principales problemas que existen en España (desde el desempleo y el deterioro del mercado de trabajo a la enorme subfinanciación del Estado de bienestar, así como a la corrupción en el Estado, incluyendo la que ha habido en la Generalitat de Catalunya) se deben primordialmente a causas políticas, enraizadas en la poca representatividad de la democracia española (incluyendo la existente en Catalunya). Si el lector pusiera en una columna lo que la mayoría de las clases populares (que constituyen la mayoría de la población) desearía que el estado realizara (tales como disminuir las excesivas desigualdades existentes en España –de las más altas entre los países capitalistas desarrollados–, garantizar un buen empleo a toda la ciudadanía que lo deseara o mejorar las pensiones) y, en otra columna, listara lo que el gobierno está haciendo (precisamente lo opuesto), vería una enorme distancia entre lo que desean los supuestos representados y lo que desean los supuestos representantes.

De ahí que se requiera una movilización popular al grito de BASTA YA. España no puede continuar con estas enormes limitaciones en su democracia. De ahí la urgencia de que haya cambios muy grandes en estas instituciones, cambiando la democracia representativa para hacerla auténticamente representativa, lo cual incluye desde exigir una proporcionalidad en su sistema electoral a un sistema de gobiernos que sean coaliciones de partidos, que representen a la mayoría de la población votante, con frecuentes votaciones y mociones de confianza; con existencia de referéndums, que se realicen a todos los niveles del Estado y con la suficiente frecuencia para garantizar que hayan auténticas posibilidades de democracia directa e incluso asamblearia a nivel local; y con la democratización obligatoria de los partidos políticos, imposibilitando el establecimiento de castas en los partidos, disminuyendo o diluyendo el carácter profesional de la política. Y todo ello debiera ocurrir junto con la exigencia de que se diversificara el abanico ideológico de los medios de información, para garantizar así su pluralidad, prohibiendo a su vez la monopolización de la propiedad de los medios y su propiedad por parte de instituciones extranjeras.

En este aspecto, la llamada de Unidos Podemos a la moción de censura es un acto democrático, muy necesario, en un momento en que la corrupción ha llegado a un nivel en España, incluyendo Catalunya, que exige una movilización para sacar del gobierno al partido español más corrupto y exigir a los partidos un cambio sustancial en la democracia española. Este país lo necesita como el aire que respira.

La situación después de las primarias del PSOE

Termino estas notas con dos observaciones. Una es en referencia al resultado de las primarias del PSOE. Era predecible que pasara lo que ha pasado, pues la militancia de aquel partido está más a la izquierda que su dirección, que desde hace tiempo ha estado sosteniendo un establishment político-mediático del cual finalmente ha pasado a formar parte esencial. El resultado de las primarias ha sido principalmente un rechazo claro al aparato del PSOE y, sobre todo, a su dirección. El beneficiario de este rechazo ha sido el candidato que, a partir del momento de su expulsión de dicha dirección, se convirtió en el portavoz de tal rechazo. Le ha ido bien al candidato Sánchez, y es de desear que cumpla con lo que ha prometido. El bien del país así lo exige. Pero no hay que olvidar que fue el mismo Pedro Sánchez el que prefirió una alianza con Ciudadanos (la versión puesta al día del neoliberalismo del PP) antes que con Podemos. Esperemos que esta vez ponga a Podemos como punto central en esta alianza. En realidad, si los votos de los parlamentarios del PSOE se sumaran a los de Unidos Podemos y sus aliados, más los distintos nacionalismos mal llamados periféricos, se podría hoy establecer un nuevo gobierno. Las preguntas son: ¿lo desea Sánchez? ¿Lo permitiría el PSOE? Veremos.

Las consecuencias de la escasa democracia en España

La segunda observación es que mientras la corrupción es el tema más punzante y visible mediáticamente (que debería repugnar y movilizar a todas las personas con sensibilidad democrática en España) hay otros que son igualmente urgentes y que son consecuencia de la escasísima representatividad de las instituciones democráticas en España. Hoy está claro que los intereses financieros y económicos están instrumentalizando tales instituciones para su beneficio a costa de todos los demás. Los datos no pueden ser más contundentes. Durante la Gran Recesión (2008-2016) las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional han disminuido un 6% (33.669 millones de euros), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850 millones de euros). Está claro que los partidos gobernantes han estado beneficiando a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo de las clases populares. La participación de los beneficios de las empresas, tanto financieras como no financieras, en España está por encima de la zona euro (42% frente al 40%), mientras que los salarios están por debajo del promedio de tal zona, habiéndose alcanzado una de las mayores polarizaciones sociales que existen en los países que utilizan el euro como moneda común. En realidad, España es el país con mayor polarización de toda la Unión Europea después de Rumanía y Bulgaria, habiendo sido el país de toda la OCDE (el club de países más ricos del mundo) en el que, durante el periodo de gobierno del PP, la desigualdad ha experimentado uno de los mayores incrementos en esta comunidad. Como resultado, el 20% más rico de España dispone de 6 veces más ingresos que el 20% más pobre; el 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba más de una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre se queda con un 1%; y la fortuna de las tres personas más ricas de nuestro país equivale a la del 30% más pobre.

Mientras, en el otro polo social, el 41% de los desempleados lleva más de 2 años en paro, y el 24% más de 4 años. Y más de 4 de cada 10 jóvenes que buscan trabajo está en paro. Y lo que debería ser un escándalo nacional es que todos estos datos muestran que la causa de esta situación es que la mayoría de las clases populares tienen muy poca incidencia en las instituciones democráticas del país. La famosa frase “no nos representan” es una verdad como un puño. Así de claro.

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