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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 15 de junio de 2017.

Este artículo es un análisis de lo que ocurrió en el Congreso durante la moción de censura, analizando el contexto político que determinó la necesidad de hacer tal moción por parte de Unidos Podemos, explicando también el porqué de la negación, apoyada por el PP y Ciudadanos, y la abstención, por parte del PNV, el PDeCAT y el PSOE. El artículo también señala que la causa central de que continúen los problemas sociales, territoriales y democráticos se debe al enorme dominio que las fuerzas conservadoras, neoliberales y socioliberales han tenido sobre el estado español (y sobre la Generalitat de Catalunya), responsables de las políticas públicas neoliberales que han dañado enormemente la calidad de vida y el bienestar social de las clases populares de las distintas naciones y pueblos existentes en España. El debate que tuvo lugar en el Congreso abrió toda una serie de posibilidades que el artículo también cita.

Tres problemas graves que tiene España Y que motivaron, entre otros, la moción de censura contra el gobierno Rajoy por parte de Unidos Podemos son el problema social, reflejado por los indicadores del deterioro de la calidad de vida y bienestar social que experimenta la mayoría de la población, indicadores que están entre los peores de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países de tal unión con mayor nivel de desarrollo económico); el problema nacional, que se conoce también en España como el problema territorial (que aparece –entre otros hechos- en el llamado “choque de trenes” entre el Estado español, gobernado por el Partido Popular, y el gobierno de la Generalitat, gobernado por una coalición liderada por el partido sucesor de CiU, ahora PDeCAT; y el problema democrático, que se muestra por las grandes limitaciones que tiene la democracia española, una de las menos desarrolladas en la UE-15. Y, lo que es importante señalar, es que cada uno de estos problemas se ha ido acentuando durante las crisis financieras y económicas (conocidas como la Gran Recesión), que han golpeado España de una manera muy acentuada. Tal recesión ha deteriorado la situación social de una manera muy marcada, lo que ha generado una gran agitación social, a la vez que ha incrementado todavía más las tensiones interterritoriales, generando, como respuesta por parte del Estado central, un aumento de la represión y una reducción de las ya muy limitadas posibilidades de participación ciudadana en el proceso democrático.

Estos tres problemas –el social, el nacional y el democrático- están claramente relacionados, pues tienen causas comunes, entre las cuales, las más importantes son el enorme dominio que las fuerzas conservadoras y los grandes poderes financieros y económicos del país han tenido y continúan teniendo sobre el Estado español. El maridaje tan acentuado entre unos y otros –base también de la enorme corrupción que caracteriza tal Estado- es la raíz de cada uno de estos problemas.

La ocultada enorme crisis social del país

La enorme influencia que estos poderes financieros y económicos del país ejercen sobre los mayores medios de información privados, así como la gran influencia que los partidos gobernantes tienen sobre los medios de información públicos (radiofónicos y televisivos) determinan una percepción de la realidad sesgada que promueve la visión favorable a dichos intereses financieros y económicos. Un ejemplo de ello es la imagen que tales medios están promoviendo de que la economía española se está recuperando, liderando además la supuesta recuperación de la Eurozona.

Los testarudos datos muestran, sin embargo, no solo que el enorme drama social que España vive continúa, sino que el deterioro tan notable sigue aumentando. Como bien señaló Pablo Iglesias, el candidato a la presidencia del gobierno en la moción de censura, en esta España gobernada por el Partido Popular, los beneficios de las empresas, tanto financieras como no financieras, han ido aumentando por encima de los de la zona euro, mientras que las rentas del trabajo han continuado descendiendo, habiéndose alcanzado un nivel de desigualdad de rentas nunca antes visto durante el periodo democrático (siendo el nivel de desigualdades parecido al que se registró en el momento álgido y más represivo de la dictadura). Tales desigualdades continúan aumentando, desigualdades que son incluso mayores cuando hablamos no de rentas, sino de propiedad del capital, habiéndose alcanzado también un nivel récord en la Eurozona. El 1% de la población española con mayor patrimonio poseía el año pasado más de una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre se quedaba sólo con un 0,1% de la riqueza.

El otro gran problema es el nacional que ocupa gran espacio mediático y que oculta el problema social

Si uno analiza la prensa y la televisión del país no verá, sin embargo, tal enorme crisis social ni el gran crecimiento de las desigualdades y de la concentración de la riqueza en España. En su lugar, el tema con mayor visibilidad mediática que hoy existe en este país es el conflicto entre el Estado español (gobernado por el Partido Popular), por un lado, y la gran mayoría de la población de Catalunya que desea poder ejercer el derecho a decidir sobre su articulación con el resto de España, en el que hay que incluir un sector minoritario, pero grande, que desea el independentismo, liderado este último por una coalición de un partido liberal conservador (PDeCAT) y un partido (ERC) que se define como socialdemócrata radical (ambos partidos de sensibilidad independentista) que, bajo el nombre de Junts Pel Sí, gobiernan la Generalitat de Catalunya. El primero de estos dos partidos, PDeCAT, es el sucesor de Convergència, que ha gobernado Catalunya (junto con un partido conservador cristiano-demócrata, UD, hoy desaparecido) durante la gran mayoría del periodo democrático. Tal partido es hoy el que lidera la coalición del gobierno catalán.

Es importante señalar que las fuerzas conservadoras de sensibilidad neoliberal que protagonizan estas tensiones (el PP y el PDeCAT) son partidos conservadores nacionalistas de signo contrario (el españolista, por un lado, y el catalanista, por el otro) que, aún cuando están en polos opuestos en el tema nacional, coinciden en la aprobación de muchas de las leyes y reformas (en realidad contrarreformas) que conjuntamente han apoyado en las Cortes Españolas (que cubren desde las reformas laborales que han debilitado a los sindicatos, facilitando con ello el descenso de los salarios y el aumento del desempleo, a las reformas fiscales, altamente regresivas, que han facilitado la concentración de las rentas y de la propiedad del capital, así como los grandes recortes de gasto público social). Ambas están utilizando el tema nacional para movilizar sus bases con gran éxito. A nivel de España, los dos partidos están sumergidos en juicios que parecen demostrar un profundo grado de corrupción. Y, sin embargo, a ninguno de los dos parece que tal corrupción les haya afectado tan negativamente como uno esperaría. La todavía elevada popularidad del Partido Popular, a pesar de su elevadísimo grado de corrupción y de sus políticas de austeridad y regresividad fiscal, se debe, en gran parte, a la identificación de tal partido con la supuesta “defensa de la unidad de España” (expresión muy característica de la cultura franquista, todavía persistente en amplios sectores de la población española que niega la plurinacionalidad de España).

Ahora bien, esta visión uninacional de España nunca ha sido popular en las mal llamadas “periferias”, incluida Catalunya, donde las fuerzas democráticas que lucharon contra la dictadura, lideradas por las izquierdas, siempre habían tenido una visión plurinacional de España, basada en un derecho a decidir que garantizara una unión fraternal y deseada, y no forzada, rompiendo con el Estado uninacional de carácter jacobino que históricamente caracterizó al Estado monárquico español. Derecho a decidir incluía, como garantía de que tal unión fuera deseada, la posibilidad de secesión. En esta breve nota histórica es importante subrayar dos hechos. Uno que fue reconocido incluso por el ex presidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, punto de referencia para CDC, era que el soberanismo estaba en el ADN de las izquierdas catalanas. Mucho más, por cierto, que entre los nacionalismos catalanes. Y el otro hecho es que esta soberanía era demandada no solo por las izquierdas catalanas, sino también por las izquierdas españolas, incluido el PSOE, el cual abandonó tal postura en la transición, debido a la presión del Monarca (los Borbones fueron siempre los máximos valedores de la visión jacobina del Estado) y del Ejército. Como en otros abandonos, el PSOE no ha explicado nunca el porqué de su abandono de su compromiso con el derecho de autodeterminación, convirtiéndose, junto con el PP, en el máximo valedor del Estado actual borbónico. Tal derecho era el derecho de decisión, afirmando así su identidad y soberanía nacional.

La confusión, tanto entre los nacionalistas españolistas como entre los independentistas, entre lo que es soberanía, por un lado, y lo que es secesión o independentismo, por el otro

En realidad, no fueron las derechas nacionalistas catalanas (CDC y UD), que, como indiqué antes, gobernaron Catalunya la mayoría del periodo democrático, las que intentaron recuperar el soberanismo (el derecho a decidir) en Catalunya, sino las izquierdas catalanas –el Gobierno tripartito de la Generalitat de Catalunya, presidido por Pasqual Maragall- las que sí lo hicieron con el Estatut de Catalunya que, incluso después de ser refrendado por el Parlament de Catalunya y por las Cortes Españolas, fue recortado sustancialmente por el Tribunal Constitucional en los elementos esenciales definitorios de la identidad y soberanía catalanas. El silencio frente a tal recorte por parte del establishment político-mediático español (incluyendo el PSOE), fue la mayor causa del crecimiento del independentismo, transformando parte del soberanismo en independentismo, siendo los partidos independentistas, a partir de entonces, los que se beneficiaron más de tal enfado popular, que se tradujo en grandes movilizaciones populares. En realidad, es a partir de este periodo que CDC, que nunca había sido independentista, se transformó en independentista, intentando liderar tal movimiento. Fue una muy hábil maniobra para intentar dejar en segundo plano su enorme corrupción, conocida pero silenciada tanto por los medios en Catalunya como por el establishment político, mediático e intelectual catalán. Convergència (junto con UD) gobernó la Generalitat de Catalunya, de una manera clientelar, utilizando las instituciones para su beneficio personal y partidista conforme el nacionalismo patrimonialista, que Pablo Iglesias definió (en su presentación en el debate de censura) como característico de las derechas españolas. La derecha catalana hizo lo mismo en Catalunya, siendo igual de corrupta. Poquísimas voces (en las que me incluyo yo) en Catalunya, sin embargo, denunciamos tal corrupción, siendo “mal vistos”, e incluso vetados, por la intelectualidad nacionalista, conservadora y hegemónica que gozaba del absoluto control de los medios públicos de información y de una considerable influencia en los privados, influencia que se ejercía, entre otras intervenciones, a través de los abundantes fondos que proveía la Generalitat de Catalunya a los medios (y que continúan proveyendo), con los que compraba su complicidad.

Este control patrimonial del Estado por parte del partido nacionalista conservador ha creado un ambiente político, intelectual y cultural profundamente conservador en las instituciones de la Generalitat de Catalunya. Y un resultado de ello ha sido, a partir de su conversión al independentismo, la monopolización del concepto de soberanismo por parte del independentismo, identificación que ha sido también usada manipuladamente por el Estado central como manera de eliminar el concepto del soberanismo, identificándolo solo y exclusivamente con el secesionismo. Soberanismo y secesión o independentismo son, sin embargo, dos conceptos distintos. El primero es la capacidad de decidir, el segundo se limita a decidir por una opción, que es la secesión. La prensa jacobina como El País constantemente se refiere a los independentistas como soberanistas, tal como hacen también los independentistas. Sin embargo, los soberanistas son el 80% de la población (la gran mayoría de los catalanes) que considera que es el pueblo catalán el que debe decidir. Los que desean la independencia son una minoría (grande, pero minoría).

El famoso “procés independentista” como estrategia electoral

Es interesante señalar que esta captación del soberanismo por parte del secesionismo ha sido muy rentable electoralmente, pues presenta la demanda por el referéndum (el derecho a decidir) como su marca electoral, identificando democracia (la puesta de las urnas) con secesionismo, identificación que se promueve en los medios (tanto en los favorables como en los no favorables al independentismo). Ni que decir tiene que un referéndum es la propuesta coherente con la defensa del soberanismo (es decir, el deseo al derecho a decidir). Ahora bien, un proceso como un referéndum necesita, para ser creíble, reunir las condiciones para cualquier ejercicio democrático, incluyendo, entre otras condiciones, la pluralidad de medios que permitan un acceso a todas las posturas refrendadas. Pero estas condiciones no existen hoy en Catalunya. En las condiciones actuales hoy en Catalunya de limitadísima democracia, con un control e instrumentalización de las instituciones de la Generalitat de Catalunya y sus medios por parte del gobierno secesionista, daría como resultado la victoria del independentismo, debido a que habría una movilización masiva del voto independentista, con una clara abstención de una población catalana cuya mayoría es soberanista, pero muy escéptica hacia la credibilidad democrática del proceso hacia la secesión, incredulidad que se acentúa todavía más a medida que el proceso continúa. Es lógico, por lo tanto, que gran parte de las fuerzas políticas de izquierdas catalanas no apoyen completamente tal proceso, pues apoyarlo en estas condiciones, que no son suficientemente democráticas, sería legitimarlo.

Esta resistencia a legitimarlo –tal como se ha estado desarrollando- procede de las izquierdas soberanistas, como Un País en Comú, liderado por Ada Colau y Xavier Domènech, y también de los no soberanistas, como el PSC, que, habiendo sido uno de los mayores proponentes del soberanismo durante el gobierno tripartito presidido por Pasqual Maragall, ha pasado –debido a las presiones del PSOE- a ser opuesto al soberanismo. A nivel del Estado, la mayor fuerza política que apoya el soberanismo y el referéndum, realizado en condiciones democráticas, evitando que sea (y se perciba a nivel nacional e internacional) como un ejercicio democrático carente de credibilidad es la coalición Unidos Podemos, que ha apoyado a Catalunya en Comú en su apoyo al referéndum realizado en condiciones democráticas.

El proceso a una nueva Catalunya no puede ser liderado por las derechas nacionalistas, de la misma manera que el proceso a una nueva España plurinacional no puede ser liderado por la derecha conservadora neoliberal

Hoy, la derecha nacionalista conservadora que lidera el gobierno independentista de la Generalitat de Catalunya -PDeCAT- presenta la independencia como la solución al enorme problema social de Catalunya (Catalunya es uno de los países de la UE-15 con mayor pobreza infantil, mayor precariedad y menor gasto público social, siendo uno de los países cuyo gobierno –la Generalitat de Catalunya- ha recortado más el gasto público social durante la Gran Recesión), argumentando que la causa de tal problema no son los más de treinta años de gobiernos de derechas que Catalunya ha tenido, sino la articulación de Catalunya con el Estado español, ocultando que las políticas públicas que han determinado la crisis social fueron aprobadas con el apoyo de estas mismas derechas (CDC convertida a PDeCAT), ahora independentistas. Sin reconocer tal realidad, presentan la independencia como la solución de la crisis social, bajo la dirección de los economistas gurús del partido hegemónico en el gobierno, el PDeCAT, que constantemente aparecen en los medios públicos que ellos controlan, como el ultraliberal Sala i Martín.

Es obvio que esta fuerza hegemónica dentro del gobierno catalán está utilizando el referéndum como medida de agitación electoral, pues cuando el referéndum no se permita llamará a la población a unas elecciones que se presentarán manipuladamente como el conflicto entre el soberanismo catalán y el autoritarismo antidemocrático del Estado Central, logrando así una gran capacidad de movilización. El objetivo del proceso para la dirección de la derecha independentista PDeCAT es, por mucho que lo niegan, claramente electoralista. Ni que decir tiene que me estoy refiriendo a la dirección de tal partido, herederos del pujolismo, y no a sus militantes o votantes, cuya motivación responde a un sentido noble de apoyo a la identidad y soberanía catalanas, que incluye su preferencia por la secesión.

Observaciones amistosas a los partidos independentistas de izquierda

Pero tal estrategia independentista tendrá un coste elevado para el proyecto político que dicen defender, pues, aún cuando tenga una rentabilidad electoral elevada, retrasará todavía más alcanzar su objetivo de soberanía que permitiría el desarrollo del independentismo. La experiencia en otros países, como Escocia, es abrumadora. La hegemonización del proceso independentista por parte de las derechas como ocurre hoy en Catalunya, nunca conseguirá el apoyo mayoritario de la clase trabajadora en Catalunya y otros sectores de las clases populares, que si bien apoyan el soberanismo (el derecho a decidir) no apoyan el independentismo. De ahí se deriva una observación que me permito dirigir, con gran respeto y estima, a los independentistas de izquierda, y muy en particular a ERC y a la CUP. Hubiera sido mejor para estas fuerzas apostar en este momento por el soberanismo en lugar del independentismo, dirigiendo el proceso junto con otras fuerzas soberanistas sin identificarlo como independentismo, enfatizando la necesidad de resolver el problema social, asociando el concepto de soberanismo con la democratización de toda la sociedad, de manera que la población identificara claramente ya ahora y no después, el proceso de cambio social, colaborando en este proceso con otras fuerzas que están emergiendo en el resto de España y que están exigiendo (con considerable apoyo popular) una redefinición de España, con la aceptación del plurinacionalismo. Centrar el proceso en la secesión y el enfrentamiento con España provocará que nunca se alcance la independencia, y no tanto porque el Estado central no permita el referéndum (lo cual hay que continuar denunciando con toda intensidad y contundencia), sino, mucho más importante, porque la mayoría de las clases populares en Catalunya no lo apoyarán. De ahí mi consejo a ERC, que es un partido de izquierdas y que ha hecho mucho (como en la época del tripartito) para mejorar el bienestar de la población en Catalunya (y también, por cierto, por el bienestar de la población española en Las Cortes Españolas, votando a favor de las políticas públicas progresistas) que no se alíe con PDeCAT, sino con las izquierdas catalanas para cambiar Catalunya y romper con el subdesarrollo social de Catalunya, luchando para conseguir el soberanismo, lo cual es posible debido al surgimiento de fuerzas políticas de izquierda, como Unidos Podemos, Catalunya en Comú, En Marea, Compromís, y otras que están redefiniendo España, además de luchar por la justicia social. Como he señalado en repetidas ocasiones, para resolver el tema nacional hay que anteponer el tema social, a fin de movilizar a la mayoría de las clases populares. El partido independentista escocés barrió electoralmente los mayores barrios obreros en Escocia, cuando enfatizó el tema social. Bajó tal apoyo, cuando se centró en el tema independentista. Sin una amplia coalición de fuerzas de izquierda no habrá soberanismo en Catalunya. La evidencia es abrumadora.

El tercer mayor problema en España: las enormes limitaciones de la democracia española

Lo cual nos lleva al último problema en España, el enorme déficit democrático, también esencial para entender por qué el deterioro social de España, incluyendo Catalunya, está continuando. Y tiene que ver con las enormes limitaciones de la democracia española, algo de lo cual la ciudadanía española es plenamente consciente, pues la gran mayoría está de acuerdo con los eslóganes del 15-M “no nos representan” y “no hay pan para tanto chorizo”. El 15-M fue una bocanada de aire fresco en una situación asfixiante. Hoy en España gobierna un partido sumamente corrupto, y responsable en gran parte de las políticas públicas impuestas a la población, las cuales están dañando la calidad de vida y el bienestar social de las clases populares, políticas que son altamente impopulares (como muy bien ilustró la excelente presentación de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, en la presentación de la moción de censura en contra del Gobierno Rajoy en las Cortes Españolas). Además de un partido corrupto, es sumamente represivo, mostrando claras tendencias de autoritarismo y totalitarismo, fieles herederos de los que controlaron la dictadura. Es un partido apoyado por una minoría de la población. Pero hay que entender que la mayor causa de que hoy esté gobernando este partido se debe a la desunión de las fuerzas democráticas herederas en su mayoría de las que fueron derrotadas en 1939.

Pero esta desunión está estimulada y programada por los grandes intereses financieros y económicos que continúan ejerciendo un enorme poder en España, que realizan todo tipo de maniobras para defender sus intereses. Y para tales poderes, el enemigo número uno en España es hoy Unidos Podemos y sus fuerzas aliadas –Catalunya en Comú y En Marea-, pues es visto, con razón, como el instrumento de las clases populares, algo que les atemoriza más, pues está claro que es la fuerza que ha liderado la oposición a las políticas públicas neoliberales que han hecho tanto daño a estas clases populares. En realidad, su existencia explica que España haya sido el único país en el que el rechazo popular hacia tales políticas no haya sido canalizado por las ultraderechas progresistas, sino por las izquierdas. Por cierto, el argumento tan extendido de que la dicotomía derecha versus izquierda no tiene ya validez, asume erróneamente que había izquierdas, lo cual es fácil de demostrar que no es cierto, pues las fuerzas mayoritarias de izquierdas, al adoptar el neoliberalismo, habían dejado de ser izquierdas. No es, pues, que el término de izquierda deje de tener significado; es que había dejado de existir. El proyecto de emancipación y lucha contra la explotación que ha caracterizado a las izquierdas siempre existirá mientras que exista explotación. Es un error no considerarse herederos de las enormes luchas en España lideradas por las izquierdas en contra de la explotación de clase, a la cual hay que añadir explotación de género, de raza y de nación.

Y hasta que apareció Podemos (cuyo espectacular crecimiento es muestra del enorme rechazo al establishment político-mediático del país) no hubo una fuerza mayoritaria que se opusiera a tales políticas neoliberales. En realidad, el PSOE fue el que inició tales políticas. Y esta es la gran línea divisoria entre las fuerzas que se oponen al gobierno Rajoy. Se vio claramente en 2016 cuando hubo posibilidades de que Rajoy fuera desalojado del gobierno. En contra de la visión promovida por los medios, el que no ocurriera no fue debido a Podemos o a su secretario general, Pablo Iglesias (la medida fue aprobada por todas las sensibilidades políticas dentro de Podemos), sino precisamente a la oposición del aparato del PSOE, tal como ha reconocido el propio dirigente de dicho partido, Pedro Sánchez. El aparato del PSOE se opuso tajantemente a que hubiera una alianza con Podemos, siendo ello un mandato. La alianza con Ciudadanos era un indicador, entre otros, de esta imposición. Y era la garantía de la continuación de las políticas neoliberales. Porque el PSOE no intentó aliarse con Podemos, y sí que lo hizo Ciudadanos. Es importante insistir en ello, pues el establishment político-mediático ha sido exitoso en convencer a amplios sectores de la población, incluida población de izquierdas, de que fue debido a Podemos y/o Pablo Iglesias que Sánchez no fuera ya Presidente de España. Tengo amigos a los que tengo gran estima y respeto que así lo creen. Entiendo que así sea pero la evidencia que yo vi, y la que escuché de personas que estuvieron en las reuniones me llevaron a otra conclusión. Como reconoció el candidato Sánchez en el programa Salvados, el aparato del PSOE lo vetó.

Y de ahí el enfado de las bases de tal Partido, el PSOE. Sin tal enfado, no se explican los resultados de sus primarias. (En realidad, sin la existencia del 15-M primero, de Podemos después, y de la alianza Unidos Podemos más tarde, no habrían ocurrido los grandes cambios que han estado ocurriendo en España). Ahora bien, una vez derrotado por mandato de la militancia, el aparato del partido del PSOE continuará presionando en contra. Y Sánchez ya dio en el pasado muestras de su excesiva flexibilidad. Y, por desgracia, los primeros signos de Sánchez no fueron prometedores. Atribuyéndose un derecho patrimonial de los votantes a Podemos, subrayó que quería recuperarlos, como si fueran propiedad suya y hubieran sido robados por la dirección de Podemos, la cual continua siendo “demonizada”, refiriéndose a ella como inmadura, no presidenciable, y otra retahíla de insultos que no ayudan a la necesaria camaradería entre aliados del proyecto de cambiar España.

Ahora bien, el debate en las Cortes a raíz de la moción de censura, abrió un nuevo espacio de deseada colaboración y alianza, y lo que había iniciado Unidos Podemos cuando, con una generosidad ejemplar ofreció a la nueva dirección del PSOE retirar su moción de censura si Sánchez se comprometía a presentarla en un futuro no lejano. A primera vista, esta negativa podría atribuirse a que tal candidato necesita estabilizarse en la dirección. Pero hay muchas maneras de comunicar un compromiso que Sánchez no ha mostrado. A la luz de estos datos, está claro que el mandato contundente de la militancia (que no hay otra manera de leer como un deseo profundo de una alianza con Podemos para echar a Rajoy) continúa en parte condicionado por el aparato que, por lo visto, no ha desaparecido. Es entendible la llamada a la unidad dentro del PSOE, pero es algo preocupante, pues tal unidad puede ahora repercutir negativamente en las posibilidades de aliarse con UP. Parece que ya ha ocurrido, pues, a lo máximo a lo que el PSOE ha llegado ha sido a la abstención, cuando podría votar a favor de la moción de censura, presentando un bloque claro de oposición a Rajoy por parte de las fuerzas de izquierda.

La moción de censura de Unidos Podemos no ganó en votos. Pero sí que ganó en cuanto a abrir toda una serie de posibilidades. En realidad, mostró que ya hay una posibilidad de que (tal como había propuesto UP en las últimas elecciones cuando la suma de las izquierdas más los nacionalismos podían entonces (y pueden ahora) sacar al PP del gobierno. Pero el que tiene que definirse es Sánchez y su equipo. Sin un cambio cualitativo en el comportamiento del PSOE, tenemos Rajoy para rato.

Por otra parte, la abstención de la derecha vasca (PNV) y catalana (PDeCAT) era y es sumamente predecible, pues siempre han antepuestos sus intereses de clase a sus intereses nacionales. Por cierto, alcanza unos niveles elevadísimos de incoherencia que el partido que lidera el gobierno, Junts Pel Sí (que ha definido al gobierno Rajoy como el máximo enemigo al derecho a decidir en Catalunya), no votara en contra de Rajoy. Pero esta incoherencia es constante, solo hay que recordar que, como bien señaló Pablo Iglesias, la Presidencia del Congreso pertenece al PP gracias al apoyo de la derecha nacionalista catalana, que intenta movilizar a la población catalana por razones electorales en contra del gobierno del PP. La razón de que se abstuviera en la votación se debe que tanto para el PDeCat como para el PP, Unidos Podemos es el enemigo o el adversario principal. Hay que subrayar, una vez más, que siempre votaron juntos a favor de las políticas neoliberales.

Las propuestas de gobierno, que Pablo Iglesias hizo con gran detalle, coherencia y credibilidad, están en las antípodas de lo que han hecho PDeCAT y el PP. En su presentación, hizo una propuesta de gobierno que es sumamente creíble. En una excelente presentación, documentó el enorme daño que el gobierno Rajoy ha hecho a la calidad de vida y bienestar de las clases populares de las distintas naciones y pueblos de España, y a la convivencia y solidaridad entre españoles. Y presentó un programa de gobierno muy necesario, con propuestas creíbles, señalando que la mayoría ya se han aplicado en otros países o se están aplicando ahora, por ejemplo en Portugal (por una coalición de izquierdas que podría también establecerse en España y en Catalunya), que revertiría las políticas neoliberales, permitiendo recuperar y expandir el bienestar de la población, incrementando la equidad y la eficiencia económica, mostrando la complementariedad de estos dos principios. Y lo que fue también importante es que, consciente de la crítica que las derechas siempre hacen, acusando a Unidos Podemos de utópico y poco realista, mostró, medida por medida, cómo se pagaría cada propuesta. Fue una lección de gobernabilidad, responsabilidad y relevancia. De ahí la enorme agresividad que Pablo Iglesias, UP y sus aliados En Comú y En Marea recibieron en sus presentaciones en el debate, agresividad que los que vieron el debate por televisión no pudieron ni ver ni oír. Estuve yo presente, desde la Tribuna, en el debate, y pude ver tal hostilidad con un comportamiento chulesco, arrogante, maleducado y grosero sin límites, que se presentó en gran abundancia por parte de la bancada de las derechas de siempre, y que señala la nula cultura democrática que los herederos del franquismo siempre han mostrado. Tal alborozo contrastó con el comportamiento de las nuevas fuerzas democráticas que, en su discurso y en sus propuestas, abrieron toda una serie de esperanzas, mostrando que si las nuevas fuerzas democráticas y las que ya existían se juntaran, otra España (incluyendo otra Catalunya) sería posible. Fueron un par de días de clara significación histórica.

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