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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 7 de julio de 2017.

Este artículo analiza un tema que merece muchísima atención, y que tiene que ver con la poca autoridad que tiene los municipios para defender la calidad de vida de los ciudadanos a la vez que crean empleo. El artículo muestra ejemplos de intervenciones que podrían ser llevadas a cabo por los municipios a fin de conseguir tales objetivos.

Uno de los fenómenos más interesantes y positivos para el país ha sido el surgimiento de nuevas fuerzas políticas enraizadas en los movimientos sociales y vecinales que han iniciado una dinámica de cambio a nivel municipal que está transformando España. Durante estas últimas semanas he tenido la oportunidad de visitar muchas de sus ciudades, que amablemente me han invitado a dar conferencias sobre la situación económica y social del país, situación que la mayoría de la población conoce bien, aunque agradece tener datos e información a mano para poder rebatir la desinformación que les llega desde gran parte de los medios públicos (instrumentalizados por los partidos gobernantes) o privados (claramente influenciados por los intereses financieros que los dominan).

En estas visitas queda claro que los ayuntamientos, el nivel del Estado (y hay que enfatizar que las autoridades locales son Estado) más próximo a la ciudadanía, son el nivel de gobierno que tienen menos poder, habiéndose diseñado una jerarquía de poder institucional en el Estado que dificulta que puedan tomarse medidas a nivel local que puedan mejorar el bienestar de la población, salvaguardando los intereses económicos, financieros o corporativos, que saldrían afectados negativamente por tales medidas, utilizando su gran influencia política en los niveles más altos del Estado (CCAA y Estado central) para limitar el poder local. No es por casualidad que los países donde los ayuntamientos tienen menos poder sea también donde los Estados han estado más centralizados y donde las fuerzas conservadoras han tenido mayor influencia sobre tales Estados. España (junto con Italia, Grecia y Portugal) es un claro ejemplo de ello. Por el contrario, los países donde los ayuntamientos son más poderosos tienden a ser los países en los que las fuerzas progresistas han tenido mayor poder, como ha sido el caso de los países escandinavos, tales como Suecia y Noruega.

Cosas que podrían hacer los ayuntamientos para crear empleo

Como resultado de mi trabajo enseñando políticas públicas (que es una mezcla de política económica, ciencias políticas y gestión) en varios países, y como consecuencia de mi interés en los temas sociales, he podido ver que lo que está ocurriendo en España –la aparición de una revolución en los gobiernos municipales- está también ocurriendo en muchos otros municipios de Europa y en las Américas (Norte y Sur). Basado en esa experiencia, me permito hacer algunas sugerencias que soy consciente que ya están ocurriendo también en España en algunos municipios gobernados por fuerzas progresistas, y que merecen ser conocidas y expandidas. Y una de las políticas más interesantes es que a partir de la expansión de los servicios públicos municipales y su desprivatización que está ocurriendo en muchos de estos municipios, sus ayuntamientos están utilizando la actividad contractual de las autoridades locales para influenciar los salarios y condiciones de trabajo de la entidades y empresas que trabajan para el ayuntamiento, sean éstas públicas o privadas.

Pero hay otras medidas que no se han introducido todavía en España, y que merecen explorarse. Me permito sugerir dos. Una es aprobar una norma de manera que en cualquier tipo de preparación de alimentos, la persona que maneja el dinero no pueda manejar el alimento (preparar el bocadillo y/o ofrecerle una tapa). Esta medida debería ser obligatoria, pues el dinero es muy anti-higiénico (no estoy haciendo una valoración moral sobre el dinero como tal, sino una observación higienista). El dinero pasa por múltiples manos y es un material altamente contaminante. Se acumulan una enorme cantidad de bacterias y virus que, transmitidos a los alimentos, se convierten en una de las causas de la intoxicación alimentaria (que, por cierto, continúa siendo un problema de salud pública en varias partes de España). El lector habrá leído, en ocasiones, una nota en los lavabos de los restaurantes o lugares de comida instruyendo a los empleados a lavarse las manos después de utilizar el lavabo. Es un buen consejo. Pero el propietario del lugar de comidas y sus empleados deberían ser conscientes de que el dinero (tanto los billetes como las monedas) es tan contaminante (es decir, está tan infectado) como el papel higiénico utilizado por aquel empleado.

Tal medida, además de mejorar la higiene en la provisión de alimentos, crearía mucho empleo, pues no permitiría que una persona que manipula los alimentos también manipulara el dinero. Y donde dicha medida se ha aprobado y llevado a cabo, se ha creado mucho empleo. Soy consciente de que se me dirá que las nuevas máquinas que se han estado instalando para poder pagar en los bares están ya eliminando a los trabajadores que hacían antes tal función. Ahora bien, el impacto ahorrador en fuerza de trabajo de dicha maquinaria se está exagerando, pues verán ustedes que siempre hay una persona detrás de la máquina para asegurarse de su correcto funcionamiento. En realidad, el objetivo mayor de tal inversión no ha sido tanto eliminar puestos de trabajo, sino controlar mejor la manipulación del dinero, pues siempre hay una persona que comprueba el uso y el funcionamiento de dicha máquina.

El control de la calidad de los restaurantes: otra medida higiénica y de creación de empleo

Otra medida de gran importancia -y de un gran impacto en el control de la higiene de los alimentos- es poner en la entrada de todo restaurante, la nota de salubridad e higiene del local y de la cocina provista por la inspección de salud pública de la ciudad. Si usted va a Nueva York, verá que estos locales tienen una letra, A-B-C y D (tienen que ponerla). Y si un restaurante tiene una C o una D, tiene problemas graves de imagen. Más de un restaurante famosísimo ha tenido que soportar el oprobio y vergüenza de tener una evaluación negativa. Se ha convertido en una carta de presentación de enorme valía. Y ha sido sumamente eficiente y popular. En realidad, siempre que las autoridades locales apuestan por la defensa de la salud de la población, el apoyo popular es enorme. No hay asociaciones de restaurantes que puedan parar tales medidas. Ni que decir tiene que esta medida crearía muchísimo empleo en el área de inspección sanitaria, tema en el que las autoridades locales siempre encontrarán un gran apoyo.

¿Cómo se pueden pagar estas medidas?

Sé que mucha gente se preguntará cómo se puede pagar todo esto. Y la respuesta no es difícil. Lo que las autoridades locales tienen que hacer es relacionar la popularidad de las medidas públicas (y, repito, que si estas medidas son para proteger la salud de la ciudadanía, garantizo pleno apoyo popular a ellas) con la fuente del dinero para pagarlas. Hace unos días di una charla en Palma de Mallorca sobre estos temas. Uno de los retos en tales ciudades o autonomías turísticas es precisamente obtener más fondos de los turistas para beneficiar a toda la población. La evidencia económica de que el monocultivo del turismo no es bueno para una ciudad, o para una autonomía, o para un país es enorme. He sido crítico con la excesiva dependencia que hay en España del turismo, el cual está dañando la calidad de vida de la mayoría de la población. Y lo que encuentro auténticamente escandaloso es que la sociedad y su Estado se beneficien muy poco de tal sector. El pago de 1 ó 2 euros por noche (el impuesto turístico) es indicativo de ello.

Para empezar, la tasa turística solo existe en dos Comunidades Autónomas, en Cataluña que surgió en 2012 y en Islas Baleares que surgió en 2016. Por tanto, el primer gran problema que hay que resolver es que se debería expandir la tasa turística al resto de España. No solo eso, nos encontramos que el pago de 1 ó 2 euros por noche (el impuesto turístico) es indicativo de lo poco que se beneficia la población de este sector. En Palma de Mallorca la tasa turística varía de 25 céntimos (campings) a 2 euros (hoteles) por noche y persona, una de las tasas más bajas en las zonas turísticas del mundo; en París, tal tasa oscila de 22 céntimos a 4,4 euros; en Bruselas de 2,15 a 8,75 euros; en Berlín la tasa turística representa el 5% de la factura de estancia por día y persona; en Ámsterdam también un 5%; en EEUU va de un 5% a un 7,5% de la factura, dependiendo del tipo de alojamiento; y así un largo etcétera. Y una nota interesante a añadir, es que tales fondos van al ayuntamiento para el uso que consideren apropiado. En España se distribuyen los fondos recaudados con las CCAA, como por ejemplo, ha sido el caso de Barcelona que pese a sus reiteradas peticiones de recaudar el 100% del impuesto, solo se queda con la mitad del mismo. Y ahí está parte del problema. Es esencial que en la muy necesaria redefinición de la Constitución Española se de mucha mayor autoridad y poder a los ayuntamientos. El caso del turismo es un claro ejemplo de ello.

Basado en esta experiencia, aconsejé entonces a la ciudad de Palma que la tasa turística aumentara considerablemente, duplicando o triplicando su nivel. Ello permitiría recoger suficientes recursos para cubrir los gastos de las propuestas que hice en la primera parte del artículo, entre muchas otras. La cantidad sugerida aquí (que horrorizará a las fuerzas conservadoras y neoliberales, máximas defensoras de que la economía dependa de la venida de turistas, la mayoría extranjeros y de rentas superiores) representaría un gasto muy menor para el presupuesto de una familia turista (la mayoría de renta superior a la española) que esté en España por vacaciones.

Ni que decir tiene que los supuestos “expertos” del establishment político-mediático se opondrán a tal subida de impuestos. Pero no hay ninguna duda de que (como quedaría mostrado en cualquier referéndum) la gran mayoría de la población estaría a favor de este incremento de la tasa turística si el producto final fuera para financiar un programa popular. El problema es que a medida que se sube en la escala de autoridad dentro del Estado, las fuerzas conservadoras y neoliberales tienen más poder. De ahí la urgente necesidad de cambiar la Constitución Española, que fue fruto del enorme dominio que las fuerzas conservadoras tenían en el momento de la transición. Ya es hora de que cambie y se dé mucho más poder a las autoridades locales y municipales en España.

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