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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 25 de octubre de 2017.

El artículo hace una crítica del movimiento independentista en Catalunya, responsable de la situación tan preocupante que existe tanto en Catalunya como en España. Aunque la mayor responsabilidad reside en el Estado central, hoy gobernado por el PP, no hay que minimizar que Junts Pel Sí y la CUP han jugado un papel clave en la génesis de dicha crisis.

Por lo visto, no calcularon los costes económicos de la transición a la independencia

Es sorprendente la falta de atención que el movimiento independentista en Catalunya ha dado a las posibles consecuencias negativas que pueda tener para la economía de Catalunya el desarrollo de su estrategia (lo que llaman “el procés”) para alcanzar su objetivo: la secesión de Catalunya del resto de España. En un artículo reciente en el diario pro independencia catalán ARA (“El coste de independizarse”, 21.10.17), el economista que escribe con mayor frecuencia en sus páginas, el Sr. Miquel Puig, señalaba que ningún economista perteneciente a tal sensibilidad política se había dado cuenta de los posibles costes que la Transición de la Catalunya actual a la futura Catalunya independiente significaría para la economía catalana. El artículo del Sr. Puig daba la razón a un editorial del mismo rotativo, escrito dos días antes, que se quejaba de que parecía que entre los independentistas no se hubiera pensado en el posible impacto negativo que tal transición podría tener en el desarrollo económico del país. En realidad, el autor de tal editorial era bastante generoso en su crítica a los economistas independentistas pues la realidad era incluso peor de lo que indicaba tal editorial, pues no solo no habían pensado en los costes de la Transición sino que, al contrario, habían promocionado una visión de tal Transición excesivamente optimista, presentando el procés como un camino de rosas que llevaría a una Catalunya más prospera; prosperidad que ocurriría casi al día siguiente que el Parlament de Catalunya aprobará la declaración unilateral de independencia. Las exageraciones (e incluso falsedades) del equipo económico del gobierno de Junts Pel Sí eran notorias como he señalado y mostrado en un artículo anterior (“Los problemas y los errores del independentismo” Público, 13.10.2017). Un comportamiento semejante ocurrió entre economistas próximos al Gobierno Junt Pel Sí, como Sala i Marti (el gurú económico de la televisión pública TV3). Cualquier persona con un mínimo de objetividad, conocedora de la realidad del país, podía detectar fácilmente las exageraciones y falsedades promovidas por tales voces del independentismo.

Es importante señalar que los mismos economistas que ocultaron y/o falsearon los costes de la Transición y de la independencia catalana (la gran mayoría de sensibilidad neoliberal), habían antes también ocultado y falseado los costes de las políticas neoliberales que el gobierno Junts Pel Sí (y de Convergencia i Unió en periodos anteriores) habían estado imponiendo a la población catalana, y que habían causado y continúan causando un gran deterioro del bienestar social y calidad de vida de la población catalana y muy en particular de sus clases populares (ver “El mayor problema que tiene hoy Catalunya del cual no se habla: la crisis social”, Público, 30.06.2017).

Los no calculados costes políticos de la estrategia independentista

Pero la falta de previsibilidad de Junt Pel Sí ha caracterizado no solo sus cálculos y estimaciones económicas sino también sus proyecciones políticas. Es más que sorprendente, que el gobierno de Junt Pel Sí así como la CUP (y los movimientos sociales independentistas que ellos influencian, como la ANC y Ómnium Cultural) no conocieran ni predijeran que su estrategia de confrontación con el Estado español conduciría a una situación en la que el Estado Central destituiría a todo el Gobierno Junt Pel Sí, y que la Generalitat de Catalunya pasaría a ser gobernada desde Madrid por el gobierno del Partido Popular, un partido que obtiene un apoyo electoral muy minoritario en Catalunya (solo un 8% del electorado). Tal estrategia podría incluso conducir a la detención del President Puigdemont y otros dirigentes de su gobierno, en caso de que se declare la independencia unilateral en el Parlament de Catalunya. Cada uno de estos pasos que serán enormemente negativos para Catalunya (y para España) podrían haberse predicho fácilmente.

Se me dirá -como ya se me ha dicho-, que gran parte de los dirigentes del movimiento independentista sí que eran conscientes de que todos estos hechos podrían ocurrir, lo cual aceptaron pues creían que la predecible represión por parte del Estado Central crearía olas de simpatía hacia su causa y peticiones al gobierno Rajoy por parte de gobiernos extranjeros estimulándole a que se sentara y dialogara con el Gobierno Puigdemont.

¿Era posible que tal estrategia fuera exitosa? La credibilidad limitada del argumentario independentista

Hay varios datos, que sin embargo cuestionan la sabiduría de esta estrategia. El primero es que en contra de lo que anunciaba el Sr. Puigdemont, en su carta al Presidente Rajoy, él no tenía un mandato del pueblo de Catalunya, expresado en el referéndum del 1º de octubre, de declarar la independencia. Además de que tal referéndum no ofrecía las garantías democráticas necesarias para que se pudiera aceptar como válido (y no me estoy refiriendo solo a si era o no legal, sino a otras garantías que no fueron respetadas), el hecho es que la mayoría del pueblo catalán no participó en el referéndum (votaron solo el 43% de un censo poco fiable). No había pues un mandato popular para declarar la independencia. Es más, el Sr. Puigdemont añadió en su carta al Presidente Rajoy un par de datos para subrayar que este 43% del electorado que había votado en el referéndum del 1 de Octubre (1-O) era un porcentaje de participación válido y suficiente, para atribuirse un mandato popular, pues tal porcentaje era superior al que había tenido el referéndum en la Gran Bretaña que condujo al Brexit, lo cual no era cierto. La tasa de participación fue en aquel referéndum un 72,2% (un porcentaje mucho mayor que el 43% del 1-O) Y el otro dato que Puigdemont presentó, también en la carta al Presidente Rajoy, creyendo erróneamente (intentando justificar que el 43% que se había obtenido el 1-O era suficiente) que el número de participantes en el 1-O era superior al que aprobó el Estatuto de Autonomía del 2006, lo cual tampoco es cierto, pues el número de votos fue de 2.286.217 en el 1-O del 2017 (un 43%) un número menor al conseguido en 2006, 2.594.167 votos (un 48,85%). En realidad, según una encuesta reciente, la mayoría de catalanes (60%) no creen que el referéndum del 1-O reuniera las garantías necesarias para considerar vinculante su resultado y el 55% no cree tampoco que con los resultados del referéndum del 1-O el Parlamento está legitimado para declarar la independencia (El Periódico, 21.10.17). Por tanto, nunca hubo el mandato para declarar tal independencia. Y la población lo sabe.

La mayoría del pueblo catalán nunca ha votado ni por la independencia ni por los partidos independentistas. Su mayoría en el Parlament no corresponde con la mayoría de votos, y ello como consecuencia del sesgo de la Ley electoral que favorece las zonas rurales y conservadoras a costa de las áreas urbanas y progresistas, situación que ocurre también en el resto de España. Es más, lo que es también muy importante es que el apoyo al independentismo varía según la clase social de la población catalana. En las grandes ciudades como Barcelona, los votos a favor de partidos pro-independencia son más elevados en los barrios por encima del nivel de renta promedio de la ciudad que los que están por debajo, dato también confirmado por los datos provenientes por la agencia de análisis sociológico y demográfico del Gobierno de la Generalitat de Catalunya (barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Julio 2017).

Las consecuencias del 155: los independentistas subestimaron la respuesta del Gobierno Rajoy

Tal estrategia seguida por los independentistas (el procés) está dañando a la mayoría de la población que está viendo reducido sus derechos políticos, como consecuencia de la estrategia fallida, resultado de haber subestimado la capacidad de respuesta del Estado Español. Parece que el “procés” no ha sido consciente, ni de la naturaleza del Estado Español ni la del Gobierno Rajoy. En muchas ocasiones he señalado el carácter inmodélico de la transición, resultado de un enorme desequilibrio de fuerzas en aquel momento histórico, en el que las derechas controlaban el aparato del Estado y la mayoría de los medios de comunicación, mientras que las izquierdas (que lideraban las fuerzas democráticas) tenían muy poca fuerza pues acababan de salir de la prisión y/o de la clandestinidad, y/o del exilio. . Es más, no hay plena conciencia ni en Catalunya ni en España que las derechas de España son equivalentes a la ultraderecha en Europa. Esta es la causa, por cierto, de que no haya un gran movimiento o partido de ultraderecha en España, pues, tal movimiento está dentro del PP, representado por un gran número de sus dirigentes.

Es más, la ideología dominante de este Estado tiene muchos puntos en común con la ideología dominante en el Estado dictatorial anterior, tal como su nacionalismo extremo uninacional, de raíces imperialistas, de carácter religioso-militar, con gran componente cultural, étnico y racial (durante muchos años, el día nacional –el 12 de Octubre- se conocía como el día de la Raza). Tal nacionalismo ha mostrado gran hostilidad a la plurinacionalidad de España que existe en muchos de los aparatos del Estado, incluyendo en la judicatura, los estamentos militares y policiales.

Tal nacionalismo uninacional del Estado Monárquico como la mayor causa del crecimiento del independentismo

Tal aparato estatal, centrado en la Monarquía Borbónica, tiene un enorme poder no solo en España sino a nivel europeo. Era por lo tanto muy predecible que tal Estado Central, dirigido por una formación política (el PP), heredera de las derechas que controlaban el estado dictatorial, actuara como ha actuado. La transición inmodélica condujo a un Estado que no era una ruptura, sino una adaptación, conservando el enorme poder de las derechas en los aparatos del Estado. De ahí que el PP tiene la mayor influencia sobre los aparatos del Estado. Y la ley electoral está diseñada para perpetuar tal poder. Así, la cámara legislativa (el Senado) que aprobará la ocupación (y no hay otra manera de definirla) de Catalunya, tiene un sistema electoral que conduce a que el PP que consiguió en las últimas elecciones un 29.96% de votos del electorado, consiguieron mayoría absoluta en tal cámara -¡consiguiendo el 62,5% de los escaños: más del doble que su resultado electoral!-. Este es resultado del enorme poder de las derechas sobre el Estado. La constante referencia a la necesidad de respetar la Ley que utilizan las derechas y las izquierdas gobernantes es, en realidad, siempre la defensa de un profundamente injusto status quo. Es el enorme desequilibrio de las fuerzas políticas dentro del Estado Español (facilitado por la cooptación del equipo dirigente del PSOE en tal Estado) la causa de que vamos a ver a Catalunya gobernada directamente por un partido, el PP, que es marginal en el espectro político catalán.

Que pasará ahora: el surgimiento de un movimiento democrático en Catalunya

La brutal represión por parte del Estado tendrá una respuesta popular de considerables dimensiones. La mayoría de la población se movilizará en contra de la aprobación de la Ley 155, que, según la encuesta citada, cuenta con la oposición de un 66% de la población catalana. Pero para que tales movilizaciones puedan ser exitosas, tienen que variar en su orientación y en su liderazgo, sustituyendo la demanda de secesión por otra exigiendo democracia y fin de la represión. Este cambio, que se está ya dando, está siendo resistido por los independentistas, pues no quieren diluir su protagonismo. Pero tal cambio es necesario. Tal cambio, además de expandir la población movilizable, tendría otro componente esencial: su articulación con movimientos pro-democracia ya existentes en España, articulación que no era posible cuando el objetivo de tal movimiento ciudadano en Catalunya era la independencia liderado por independentistas.

Este movimiento pro-democracia existe ya en Catalunya y está liderado ahora por un amplio abanico de partidos y movimientos (tales como sindicatos, patronal, movimientos vecinales, asociaciones profesionales, entre muchos otros). Tanto independentistas como no independentistas están movilizando a la población a favor de las libertades y los derechos que serán afectados negativamente por la ocupación de Catalunya. Esta estrategia ya ha mostrado su gran valor y eficacia en la organización del paro general del 3 de Octubre. En tal día, toda Catalunya paró como acto de protesta frente a la brutalidad de la policía estatal. Tal paro no se hubiera conseguido sin el apoyo de la gran mayoría del pueblo catalán, que no es independentista. Este paro fue organizado por la Mesa Democrática, que no fue liderada por el movimiento independentista sino por el movimiento pro-democracia que es mucho mayor. A ello se sumaron sectores de la población –sobre todo barrios populares- que no se había movilizado el 1-O en el referéndum independentista. El movimiento independentista solo no podría haber conseguido un paro general. El movimiento pro-democracia si lo consiguió. Es este movimiento que junto con otros movimientos semejantes en el resto de España pueden conseguir una mayor transformación en Catalunya y en España.

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