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Publicado en el diario PÚBLICO, el 16 de Abril de 2009.

Este artículo critica la limitada respuesta de la mayoría de países de la Unión Europea a la profunda crisis económica y financiera que existe en Europa y en el mundo, contrastándola con la ofrecida por la nueva Administración Obama en EE.UU. La Unión Europea está dando más ayuda a la banca que a la creación de empleo, lo contrario que en EE.UU.

En la última reunión del G-20, la canciller alemana Merkel y el presidente francés Sarkozy acentuaron una postura ampliamente extendida hoy en gran número de gobiernos de los países miembros de la Unión Europea (UE), que sostiene que tales gobiernos no tienen que aumentar el gasto público para estimular la economía (tal como les proponía el Presidente Obama de EE.UU.) más de lo que ya hacen, pues –según ellos- se gastan en tal estímulo cantidades semejantes a las propuestas por el gobierno federal de EE.UU. Tal postura apareció también en las declaraciones del Presidente de la Comisión Europea, el Sr. Barroso, quien indicó que los países de la UE están ya gastando, como promedio, un 3,3% del PIB de su país en estimular sus economías, un porcentaje semejante al de EE.UU., que dijo ser un 4% del PIB. Según el Sr. Barroso tales cantidades serán suficientes para evitar el aumento del desempleo en la Unión Europea.

 Los datos, sin embargo, no confirman esta lectura optimista de la realidad económica en la Unión Europea. La Organización Internacional del Trabajo (The International Labor Organization, ILO) acaba de publicar un informe  en el que analiza como los países están estimulando sus economías a partir de nuevas intervenciones públicas. Una de ellas es en ayudas a los bancos con el objetivo de resolver el problema de escasez de crédito. Sorprenderá al lector saber que muchos de los países de la Unión Europea (incluyendo España) se gastan, en términos proporcionales, cantidades mayores en ayudar a la banca que EE.UU. (Alemania se gasta el equivalente a un 19,8% de su PIB en tal capítulo; Francia 19%; Gran Bretaña 28,6% y España 14,3%, cantidades mayores que lo que se gasta EE.UU., donde tales ayudas representan el 5,1% del PIB). De estos datos podría deducirse que la banca tiene incluso más influencia política en la UE que en EE.UU., lo cual aparece también en otros dos indicadores: los intereses bancarios son seis veces más altos en la UE (1,5%) que en EE.UU. (0,25%), y un objetivo prioritario del Banco Central Estadounidense (el Federal Reserve Board) es el de estimular la economía y crear empleo, en contraste con el objetivo prioritario del Banco Central Europeo, que es controlar la inflación.

 El informe ILO señala que otra manera de estimular la economía es mediante la reducción de impuestos o la transferencia de fondos públicos a la ciudadanía. La primera de estas medidas es preferida, en general, por los partidos de sensibilidad liberal, y tiene un impacto estimulante menor, pues la gran mayoría de la población (que está profundamente endeudada) utiliza estos fondos más para pagar sus deudas que para consumir y así estimular la demanda, la cual está muy reducida como consecuencia del descenso de la masa salarial en la mayoría de los países ricos (OECD). En realidad, una de las medidas más potentes para estimular la economía es aumentar los salarios. Ya el Presidente Roosevelt aprobó la Ley Wagner Act (que estableció los sindicatos en EE.UU.) a fin de facilitar el incremento salarial que su Administración consideró como un requisito para salir de la Gran Depresión. Siguiendo la misma lógica, el Presidente Obama apoya ahora una nueva ley propuesta por los sindicatos estadounidenses que les reforzaría en su petición de incrementar los salarios. En la Unión Europea, por el contrario, la propuesta más común de los estados miembros de la UE (hoy gobernada en su mayoría por partidos conservadores y liberales) ha sido la de pedir la congelación salarial.

 Además de tales medidas, ILO analiza las intervenciones públicas de creación de empleo público y/o privado mediante la inversión en infraestructura física y productiva y en servicios del estado del bienestar, no sólo en educación, sino también en sanidad, servicios sociales y otros, que aumentan la protección y cohesión social (y la productividad, punto que ha escapado hasta ahora a los economistas del gobierno español). Según el informe ILO, la inversión estimulante de creación de empleo a base de aumentar tal tipo de inversión es menor en los países de la Unión Europea que en EE.UU. Alemania ha invertido un 2,8% de su PIB en tal tipo de inversiones; Francia un 1,1%; Gran Bretaña un 1,3% y España sólo un 0,8%. En EE.UU. el gasto hecho y propuesto es mucho mayor: un 5,6% del PIB. Este tipo de estímulo es el más efectivo para crear empleo. Esta medida, junto con la ayuda a las empresas (como automovilísticas y empresas ecológicas), son aportaciones más bajas en la UE que en EE.UU.

 Esta desagregación de los distintos componentes del llamado estímulo económico es importante para no mezclar manzanas con peras y venderlas todas como si fueran nueces. Como bien dijo el Sr. P.N. Rasmussen, Presidente del Partido Socialista Europeo, en su crítica al Sr. J.M. Barroso, “la Unión Europea, bajo el dominio de fuerzas conservadoras y liberales, no se gasta, frente a la crisis, un 3,3% para crear empleo. Sólo un 1,1%”. El consenso de Bruselas, que es la versión europea del consenso liberal de Washington, ha seguido unas políticas de freno del gasto público, con disminución de impuestos y limitaciones en el tamaño del déficit fiscal del Estado, que han sido responsables de que el desempleo en Europa (que había sido más bajo que en EE.UU. desde la II Guerra Mundial) incrementara (siendo hoy mayor que en EE.UU.) a partir del desarrollo de tales políticas que ahora obstaculizan la resolución de la crisis. En EE.UU. el consenso de Washington se ha debilitado con las políticas domésticas de la nueva Administración que, aún siendo insuficientes e incluso erróneas en algunas áreas (como en las ayudas a la Banca), significan un paso progresista importante. La Unión Europea debiera distanciarse también del consenso de Bruselas, que todavía domina las políticas económicas de nuestro continente.
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