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Publicado en el diario PÚBLICO, 26 de noviembre de 2009

Este artículo señala que la enorme concentración de las rentas en los sectores más pudientes de la sociedad está afectando negativamente la calidad de los sistemas democráticos, lo cual explica la aparición en varios países de propuestas legislativas –tales como el establecimiento de un salario máximo- para limitar tal concentración.

Como consecuencia del desarrollo de las políticas públicas liberales realizadas desde fínales de la década de los años setenta (iniciadas por los gobiernos Thatcher en Gran Bretaña y por el Presidente Ronald Reagan en EEUU, y extendidas más tardes a la mayoría de países de la OCDE) hemos visto una espectacular concentración de las rentas en los sectores más pudientes de cada sociedad, produciéndose una enorme polarización de las rentas entre los ricos y todos los demás. Así, en EEUU, en el año 1974, el 1% más rico de la población (que ingresaba como promedio 380.000 dólares al año), pasó a ingresar, en el año 2007, 1.4 millones de dólares (después de descontar la inflación). Para el 90% de la población restante el crecimiento de la renta individual, sin embargo, fue minúscula. La diferencia entre lo que ingresaba en 1974 y en 2007 fue sólo de 47 dólares al año. Es más, mientras la renta  del 1% de la población (top income) era 12 veces el promedio del 90% restante en 1974, en el 2007 pasó a ser 42 veces mayor (datos del informe “Reversing The Great Tax Shift” del Institute for Policy Studies. April 2009). Este 1% de la población que goza de mayor renta son los miembros de lo que en EEUU se llama la Corporate Class, término que se utiliza en lugar de la expresión más europea de “burguesía”. Pero lo que es todavía más llamativo es que el 10% con mayores ingresos de este 1% (es decir, los supericos) han visto crecer sus ingresos a niveles astronómicos, llegando a ser sus rentas 500 veces superiores al promedio de renta del 90% restante de la población.

Una causa que ha contribuido a esta situación han sido las políticas fiscales llevadas a cabo en la mayoría de aquellos países. La enorme disminución de la progresividad fiscal, que ha beneficiado principalmente a las rentas superiores, ha sido uno de los factores que han facilitado más tal concentración de las rentas. El Presidente Obama está intentando subir la tasa de impuestos de los más ricos, recuperando el 39,6% que tenían antes de que el Presidente Bush lo bajara. Pero, aún cuando consiguiera que el Congreso aprobara este aumento, hay que darse cuenta de que este porcentaje es la mitad (sí, repito, la mitad) de lo que tales ricos pagaban durante la Administración Eisenhower en los años cincuenta.

Esta situación ha creado un gran malestar entre la población, habiéndose alcanzado entre ésta los mayores porcentajes que consideran que las desigualdades sociales hoy son excesivas (alrededor de un 72% en los países de la OCDE). Porcentajes semejantes de la población añaden que tales desigualdades no están basadas en mérito. La mayoría de las poblaciones de tales países no creen que nuestras sociedades sean meritocráticas. Consideran que los ricos consiguen su opulencia (en parte heredada) a base de contactos políticos y sociales que facilitan la acumulación de sus rentas y bienes. De ahí que consideren injustas tales desigualdades. Como consecuencia de esta percepción, han aparecido en muchos países movimientos de protesta en contra de los ricos y de la ostentación de la riqueza. En una editorial, el Finantial Times aconsejaba a los banqueros dejarse la corbata y el traje a rayas en casa, medidas aconsejables para su protección (02.06.09).

Estos movimientos están teniendo un impacto. Así, el Congreso de EEUU está explorando la posibilidad de que se apruebe una ley que prohíba al gobierno federal establecer contratos o conciertos con empresas cuyos directivos ingresen más de 100 veces el salario promedio de los trabajadores de la empresa. La mayoría de los directivos de la industria militar cobran salarios muy superiores a esta cifra. Así, el Presidente de la Lookheed Martin, una empresa militar cuyo cliente más importante es el Departamento de Defensa de EEUU, cobra 26,5 millones de dólares, que es 700 veces más que el salario de un trabajador de tal empresa.

Es poco probable que la mayoría del Congreso apruebe esta Ley. Pero la enorme simpatía hacia tal propuesta entre la población estadounidense (un 78% la aprobaría) tiene preocupados a los ricos del país. Los sindicatos estadounidenses están pidiendo que el límite de las rentas superiores sea incluso menor: los dirigentes de una empresa no debieran ingresar más de 25 veces lo que ingresa el promedio de los trabajadores de la misma empresa, principio que proponen sea aplicable a todas las empresas, y no sólo a las concertadas con el Estado.

En Gran Bretaña, el secretario general de los sindicatos británicos, Brendan Barber, ha pedido al gobierno que establezca una Comisión del Parlamento que estudie las causas de esta exuberante polarización de las rentas y establezca un máximo de ingresos para cualquier persona en Gran Bretaña. Y lo mismo está ocurriendo en otros países (excepto España, donde la falta de diversidad ideológica en los medios de mayor difusión es muy acentuada) en los cuales se está planteando que, de la misma manera que hay un “salario mínimo” debiera haber un “salario máximo”, que evitara la enorme concentración basada en el poder económico y político que tal concentración determina. Uno de los argumentos para aprobar el salario máximo es, precisamente, enriquecer a la democracia, hoy sumamente limitada por el excesivo poder de los grupos y clases sociales con mayor renta. La evidencia existente muestra que los países donde hay más corrupción del poder político son aquellas sociedades con mayores desigualdades de renta. EEUU es un ejemplo de ello. Los miembros de la Corporate Class son los que principalmente financian las campañas electorales (incluso en el caso del candidato Obama, las aportaciones del mundo empresarial y financiero supusieron la gran mayoría de los fondos utilizados en su campaña. Las aportaciones individuales -la mayoría, por cierto, provenientes del 30% de renta superior del país- significaron sólo un 26% de todas las aportaciones). Poder económico quiere decir poder político. Y ahí está la necesidad de reducir el primero para democratizar al segundo.

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