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Publicado en el diario digital EL PLURAL, 7 de diciembre de 2009

Este artículo señala que la desafección con la democracia que ocurre en EEUU, y de una manera creciente en los países de la UE, se debe al enorme poder político que tienen los poderes económicos, financieros y mediáticos. El artículo hace propuestas específicas de cómo democratizar a los sistemas llamados democráticos.

Durante los últimos treinta años hemos visto un creciente nivel de descontento de la población (y muy en particular de las clases populares) en la mayoría de países en la Unión Europea y en EEUU hacia sus instituciones democráticas. Ejemplos de este descontento, que se ha traducido ya en enfado, es la creciente abstención de la ciudadanía en las elecciones estadounidenses y en las enormes dificultades que tuvo la Constitución Europea en ser refrendada en muchos países, pese al apoyo casi unánime de sus establishments políticos y mediáticos. Esta situación ha estado ocurriendo también en España (y en Cataluña, donde vivo).

Muchos artículos se han escrito intentando explicar esta desafección, centrándose en análisis de los comportamientos electorales de la población y en la dinámica de los partidos, centrándose particularmente en la concentración de poder en los aparatos de los partidos. Aunque estos análisis son muy valiosos y ayudan a entender lo que está ocurriendo en nuestras democracias, creo que el punto central del desafecto no se está analizando. Me estoy refiriendo al creciente ligamen entre poder económico y poder político, que ha estado disminuyendo la calidad de nuestras democracias y que se ha acentuado de una manera muy marcada en la época liberal. La enorme concentración de poder económico facilitado por las políticas liberales (que ha conllevado, también, la concentración del poder mediático) ha provocado un enorme incremento de su influencia en el mundo político, que ha viciado y corrompido el proceso democrático, imposibilitando el completo desarrollo de la voluntad popular, que frecuentemente entra en conflicto con los intereses de aquel establishment económico-mediático.

En ningún país se ve más claramente esta situación que en EEUU, donde el maridaje entre poder económico y poder político es más acentuado. Es en EEUU donde el grado de enfado (yo diría hostilidad) de las clases populares contra este maridaje (conocido como el maridaje entre la Corporate Class –la clase empresarial- y Washington) ha alcanzado su máximo nivel. Todos los candidatos en las últimas elecciones legislativas tuvieron que presentarse como anti-Washington, siendo el candidato Obama el que se benefició más de ello (por haber sido Senador sólo dos años, habiendo adoptado una postura antiguerra de Irak). Pero la propia dinámica de poder, basado en aquella alianza Corporate Class- Political Class (Clase empresarial-Clase Política) se está imponiendo en las políticas de la Administración Obama y en el Congreso de EEUU, creando una gran decepción hacia su administración, que incrementará todavía más la hostilidad hacia Washington.

Algo semejante está ocurriendo en Europa. Y se debe, en parte, a la americanización de la política, es decir, a la enorme influencia del poder económico sobre el poder político Y, como en EEUU, ello está creando una enorme desafección. La población no ve a la Europa que se está construyendo como su Europa, ni tampoco ve a la clase política representando sus intereses, sino los intereses de los grupos poderosos en la sociedad que están configurando aquella Europa.

Si usted lee en las encuestas lo que la población desea, tanto en EEUU como en la Unión Europea, y lo que los respectivos Parlamentos aprueban, verá que hay una enorme distancia. La gran mayoría de las clases populares de EEUU y de Europa desean medidas redistributivas que dificulten la concentración de las rentas en las rentas superiores, que la población contribuya al estado según sus capacidades, que los servicios públicos sean distribuidos según las necesidades de la ciudadanía, que se reduzca la pobreza, y que se aumente el estándar de vida de las familias. Cito sólo éstos, como podría citar otros muchas demandas populares apoyadas por la mayoría de las poblaciones.

Pues bien, en la mayoría de los países donde se han hecho estas encuestas, sus gobiernos han estado desarrollando políticas públicas que han facilitado la concentración de las rentas en las rentas superiores, que han aumentado la regresividad fiscal, que han diluido la universalización de derechos laborales y sociales, convirtiendo sistemas universales en sistemas asistenciales de tipo benéfico, que han aumentado la pobreza y las desigualdades, y que han disminuido la capacidad adquisitiva de las familias, forzándoles a endeudarse. Todas estas políticas liberales se han hecho bajo la influencia del capital financiero y empresarial (promovidas por la mayoría de los medios) argumentando que eran las únicas posibles en un mundo globalizado que no permitían otras opciones. Se argumentaba un determinismo económico que anulaba la voluntad política. Nunca fue cierto, sin embargo, que no hubiera alternativa. Siempre existió. Lo que ocurría es que se cimentaba, con aquel argumento, el dominio del mundo empresarial sobre la clase política.

Se deriva de esta situación que la solución a la crisis de la democracia es romper este maridaje entre poder económico y poder político, que está corrompiendo nuestra democracia. De ahí la gran urgencia de que:

1. Se eliminen las políticas liberales que han facilitado la enorme concentración de las rentas y de las riquezas.
2. Se prohíban las aportaciones económicas a los políticos y a instituciones relacionadas con los partidos políticos.
3. Se prohíba la puerta circulante entre políticos y empresas, imposibilitando que personas que trabajan en la administración pública puedan (antes de cinco años después de dejar el cargo) trabajar en el sector afectado por su trabajo y decisiones.
4. Se regulen los medios, tanto públicos como privados, exigiendo una pluralidad en sus programas.
5. Se promuevan medios públicos de información.
6. Se promuevan medidas democratizadoras de los partidos.
7. Se favorezcan formas de democracia directa, tales como referéndums a todos los niveles de gobierno, sin cortapisas en las temáticas puestas consulta popular.
8. Se exija que los representantes vivan como los representados, utilizando los mismos servicios públicos (sin ningún privilegio) que los demás ciudadanos.

La necesidad de la reforma electoral en España
A estas medidas hay que añadirle en España una que es de un enorme valor para democratizar nuestra democracia incompleta. Ha sido siempre un principio elemental en el quehacer público que la soberanía debe basarse en la voluntad de la ciudadanía, entre la cual, cada ciudadano tiene que tener el mismo poder de incidencia en las instituciones democráticas. Una persona, un voto, es la expresión básica de un sistema democrático. Existen, sin embargo, reglas en el sistema electoral que hace, como podría decirse irónicamente, que algunos votos sean más iguales que otros. Es decir, que tienen mayor capacidad de influencia que otros. Y estas normas y reglas sesgan la capacidad de influencia de manera que unos tienen mucha más influencia a costa de que otros tengan menos. Ello ocurre particularmente en aquellos países, como España, donde el sistema electoral es escasamente proporcional, es decir, que el porcentaje de miembros de las Cortes (o de los Parlamentos autonómicos) no se corresponde con el porcentaje del voto. Segovia requiere sólo 30.000 votos para elegir un miembro de las Cortes, mientras que Barcelona o Madrid requieren más de 150.000 votos. Este enorme desfase (que discrimina las clases trabajadoras que viven principalmente en las grandes urbes) potencia a las zonas conservadoras y pequeñas a costa de las áreas más progresistas y grandes. Esto ha ocurrido por la enorme influencia que el aparato del estado dictatorial tuvo en el diseño del sistema electoral durante la transición de la dictadura a la democracia. Esta escasísima proporcionalidad explica el sesgo conservador del aparato del estado español y de nuestra democracia, que dificulta enormemente el desarrollo de políticas progresistas. España todavía hoy, treinta y dos años después de haber terminado la dictadura, continúa a la cola de la Europa Social (el gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15). Y de ahí se deduce también que España sea uno de los países con más abstención. Hay, en general, una relación directa que a mayor proporcionalidad en un sistema democrático, mayor es la participación y mayor es el desarrollo social de un país. Y de ahí se desprende la enorme importancia y urgencia de hacer una auténtica reforma electoral.

Existen, pues, medidas necesarias para revitalizar las democracias, algunas generalizables a varios países y otras muy específicas de la realidad española. Y me temo que las propuestas que se están considerando serán muy insuficientes para mejorar el quehacer público y democrático que la mayoría de la población desea y se merece.

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