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Publicado en la revista digital SISTEMA, 19 de febrero de 2010

Este artículo analiza las consecuencias que tienen las políticas de austeridad del gasto público (incluyendo el gasto público social) en las clases populares de los países de la Unión Europea como consecuencia de la manera como se ha establecido la unidad monetaria.

La creación y el establecimiento de la Unión Europea y del euro ha sido un paso positivo en el proceso de construir un mundo multipolar, permitiendo que Europa se convierta en el punto de referencia por su dimensión social. Ahora bien, el establecimiento de la UE y del euro ha originado también unos elevados costes, los cuales han sido absorbidos, en su gran mayoría, por las clases populares, y de los cuales apenas se habla en nuestros medios.

En mis trabajos he mostrado con datos –que nadie ha rebatido-  que la manera como se consiguió la adhesión de España al euro fue a base de retrasar la corrección del enorme déficit social de España, heredado de cuarenta años de una de las dictaduras más represivas y con menor sensibilidad social que hayan existido en Europa. La reducción del déficit del estado, exigida para alcanzar la unidad monetaria, se consiguió en España (durante el periodo 1993-2004) a base de reducir el gasto público social por habitante en términos absolutos durante los años 1993-1995, y en términos relativos a partir de 1996. Ello implicó que el déficit de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15 creciese enormemente (un 24%) (ver Navarro, V. (coord.) La Situación Social en España. Volumen III). Puesto que las clases populares son las que se benefician más del gasto público social (sanidad, pensiones, servicios sociales, vivienda, y otras transferencias y servicios públicos), ello supuso que fueran las clases populares las que pagaran los costes de alcanzar las condiciones para conseguir la integración monetaria de España al euro. Hay que aclarar que la reducción del déficit del estado, exigida según los criterios de Maastricht, podría haberse conseguido mediante el aumento de los impuestos de los grupos más pudientes de la sociedad, lo cual no se hizo. En realidad, durante aquel periodo los impuestos se bajaron a tales sectores de la población, forzando a que la reducción del déficit del Estado se lograra primordialmente a base de reducir el gasto público social.

Estamos ahora en una situación semejante. Una vez más se está intentando reducir el déficit y la deuda del estado (a fin de salvar el euro) mediante políticas de austeridad de gasto público que afectan primordialmente a las clases populares. De ahí la lógica impopularidad de tales políticas. Pero la situación de España no es la única. Los criterios monetarios y fiscales vigentes en la eurozona y en la UE están provocando un enorme sacrificio para las clases populares de los países del este de Europa (que están tomando las medidas exigidas por la UE para permitir su integración), tales como Letonia, el país que está en peor situación en Europa. Veamos los datos.

LA AUSTERIDAD FISCAL: CONDICIÓN DE LA UNIDAD MONETARIA: El caso de Letonia
Letonia está sufriendo una enorme depresión económica. En los dos últimos años su PIB ha descendido un 25%, y se preve perder otros 4 puntos más este año. Su desempleo es más del 22% y continúa subiendo. Sólo EEUU, en la época 1929-1933, sufrió una depresión semejante. Y la razón de que ello ocurra es que el gobierno está llevando a cabo las políticas liberales necesarias para la integración en la Unión Europea, políticas supervisadas por el Fondo Monetario Internacional.

Estas políticas son las políticas estándar que los países tienen que seguir para integrarse a la eurozona. Y que España sufrió en los años noventa y principios del siglo XXI. Incluyen la reducción del déficit del Estado mediante la reducción del gasto público incluyendo el gasto público social. Las medidas de austeridad de tal gasto han incluido, según las páginas económicas del The New York Times (12/2/10), un recorte del 50% de los salarios de los empleados públicos y un 40% de los gastos en los centros hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. El problema de tales medidas no es sólo el descenso de la calidad de vida de la ciudadanía, sino la disminución del consumo doméstico, –tal como reconocía  The New York Times- creando un problema grave de demanda interna, responsable de la enorme reducción del PIB, un descenso sin precedentes en Europa.

Otro factor que contribuye al descenso de la demanda interna, es la bajada de salarios, también promovida por el FMI (con el apoyo de la UE). En teoría la bajada de los salarios se justifica a fin de que la economía pueda competir mejor y exportar los productos producidos en el país, asumiendo que las exportaciones salvarán al país. Tal argumento se está utilizando también en España. Se subraya que la única manera de salir de esta crisis –dado que no está permitida la devaluación de la moneda, que está fijada al euro –es bajar los salarios, recomendación hecha también para España por Paul Krugman. Como consecuencia de estas políticas, la economía del país está en una situación desesperada. Como era de esperar, el deseo popular de integrarse en el euro se está desvaneciendo muy rápidamente, pues no creían que Europa significara sufrir todo esto. Un hecho semejante está ocurriendo en otros países de la euro zona. El último caso es Francia, donde el rechazo al euro es hoy mayoritario en aquel país. El porcentaje de la población en contra del euro ha pasado de un 39% en 2002 a un 69% este año (Finantial Times, 17.02.10).

Otro euro y otra UE es posible
Todos estos casos muestran que la manera como ha estado construyéndose la UE está generando grandes sacrificios para las clases populares, sacrificios que podrían haberse evitado, si el euro se hubiera constituido de otra manera, con un cambio muy profundo de las políticas que están rigiendo la construcción de la UE. Estos cambios debieran haber incluido:
1.    El desarrollo de una estructura federal europea, auténticamente democrática y participativa, en la que hubiera una instancia de gestión económica y fiscal a nivel europeo. Hoy ni siquiera hay una coordinación de las políticas económicas y fiscales.
2.    Un presupuesto europeo que, tal como sugirieron los primeros fundadores de la Comunidad Europea, debiera representar un mínimo de un 7% a un 9% del PIB de tal comunidad.
3.    Un Banco Central Europeo dependiente de las autoridades políticas, cuyas políticas monetarias estarían dictadas por el gobierno europeo y aprobadas por el Parlamento.
4.    Un Pacto Social a nivel europeo entre el mundo empresarial y el mundo sindical desarrollado dentro de convenios colectivos definidos en un marco legal europeo.
5.    Un cambio de los criterios de Maastricht y del Pacto de Estabilidad, el cual debería tomarse en serio el componente de Desarrollo, dándole mayor protagonismo al crecimiento económico y a la creación de empleo.
6.    Cambiar el límite autorizado de que el déficit del estado sea menor a un 3% del PIB y la deuda menor a un 60%, permitiendo mayor flexibilidad y facilitando que existiera una diferenciación en el cálculo del déficit del estado entre gasto en inversiones y gastos corrientes.
7.    Instruir al Banco Central Europeo que tenga como función el desarrollo de bonos europeos que sirvan para ayudar a los estados a resolver las crisis deficitarias en momentos de recesión.
8.    No permitir que un estado pueda estar en condiciones de no poder pagar su deuda, presentado un frente común que proteja a cualquier país de la UE frente a la especulación de los mercados financieros.
9.    Establecer un impuesto europeo que alimentaría un fondo común para gastos de nivelación del consumo, mediante políticas redistributivas dentro de la UE, que estimulen el crecimiento económico, la creación de empleo y la redistribución de los recursos a nivel continental y dentro de cada país.

¿Es esto utópico?

Soy consciente de que estas propuestas pueden percibirse, por amplios sectores, como utópicas e irrealizables. Y en el clima actual, llevan razón. Pero tienen que darse cuenta que estas propuestas se hicieron cuando se planeaba establecer la UE y el euro por fuerzas políticas en la Europa de entonces (dentro y fuera de la socialdemocracia, así como de otros partidos de izquierda), así como sindicatos y movimientos sociales, que fueron ignoradas, escogiéndose en su lugar las políticas liberales que han dañado a las clases populares, que han sido las que han pagado los costes de construir esta UE. Hubo una lucha ideológica y política fuerte en la que unos ganaron (los liberales) y otros perdieron. Los primeros existieron no sólo en los partidos conservadores y liberales, sino también en los equipos económicos y financieros de la socialdemocracia, llegando incluso a ser el pensamiento mayoritario en sus políticas económicas y fiscales. En realidad, la enorme crisis de la socialdemocracia de la Unión Europea se debe precisamente a este dominio liberal de la socialdemocracia. De hecho, la gran mayoría de personas claves en este entramado, desde los Presidentes del Banco Central Europeo, Duisenberg y Trichet, hasta los Comisarios de Economía, Solbes o Almunia, eran todos ellos socialistas (y algunos continúan considerándose como tales) y habían sido y/o continúan siendo miembros activos o simpatizantes de partidos socialistas. El problema fue y es, que el socialismo en la gran mayoría de países aceptó el liberalismo, con las correspondientes consecuencias que estamos viendo ahora.

Pero la situación paradójica es que sin aquellos elementos expuestos en la sección anterior, la unidad monetaria es insostenible. De ahí que la salvación de la UE pasa precisamente por reconducir la UE, en sentido opuesto al que ha estado desarrollando, recogiendo las propuestas entonces abandonadas, a fin de poder construir una Europa, no a las espaldas y en los hombros de las clases populares, sino a su servicio.

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