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Publicat a EL PLURAL, 12 d’abril de 2010

Aquest article critica la idealització de la Reforma Sanitària del President Obama, feta per gran nombre de mitjans d’informació a Espanya, assenyalant, que, encara que tal reforma conté canvis importants i positius (molt necessaris a EE.UU.), també reforça un sistema de finançament (basat en l’assegurament privat) que és profundament regressiu i que no resol alguns dels problemes majors que té la sanitat d’aquell país.

La limitada dimensión de un artículo no me permite detallar los elementos más importantes de la reforma sanitaria aprobada por el Presidente Obama. Al lector que desee leer mi opinión sobre tal reforma le remito al informe publicado en la revista digital Sistema (“Luces y Sombras de la Reforma Sanitaria de Obama”. 26.03.10, colgado en mi blog, www.vnavarro.org), en el que detallo algunos de tales elementos.

En este breve artículo quisiera señalar algunos de los errores que se están publicando en los mayores medios de información españoles sobre tal reforma. Uno de ellos es presentar tal reforma como la universalización de la sanidad en aquel país. Ello no es cierto. La universalización implicaría que cualquier ciudadano o residente en aquel país tendría el derecho a acceder a los servicios sanitarios. Tal derecho continúa sin existir en EEUU. La ley no garantiza ningún derecho, sino que obliga a todo ciudadano a que se compre una póliza de seguro sanitario privado, ofreciendo desgravaciones fiscales para los ciudadanos con menos recursos económicos. Pero, en la Ley aprobada, no se obliga al Estado a proveer los servicios, sino que éste facilitará que la población se asegure privadamente, lo cual es muy distinto de universalizar la sanidad. En realidad, se calcula que una vez desarrollada la nueva Ley, EEUU todavía tendrá cerca de 23 millones de personas sin ninguna cobertura sanitaria (inmigrantes sin papeles y personas a las que se les permitirá por razones económicas u otros motivos, excluirse de tal mandato).

Lo que la ley hace es exigir que todos los ciudadanos y residentes en EEUU compren una póliza de seguro sanitario, de la misma manera que todos los propietarios de coches tienen que comprarse un seguro de automóviles. Significará un incremento de casi 32 millones más de personas que tendrán que asegurarse, lo cual supone un negocio redondo para las compañías de seguros sanitarios. De ahí que las acciones de tales compañías aumentaran su valor en la Bolsa al día siguiente de que el Presidente Obama firmara la Ley.

¿Por qué entonces las compañías de seguros se han opuesto a la reforma sanitaria?
Existen varias razones. Una de ellas es que la Ley prohíbe a las compañías de seguros que seleccionen a los pacientes, excluyendo a los enfermos crónicos de su aseguramiento (tal como hacen ahora). Si Ud. lector tiene una enfermedad crónica, tendría dificultades para conseguir un aseguramiento sanitario privado en EEUU. No así a partir de que esta Ley se aplique. Esta medida, enormemente popular, está siendo rechazada por las compañías de seguros, pues su éxito como empresas con afán de lucro se basa en seleccionar a la población que se asegura, situación que también ocurre en España.

La otra causa de que las compañías se opongan es que el Estado regulará los precios de las pólizas, limitando la cantidad de copagos que se permitan (aún cuando la cantidad que el asegurado tendrá que pagar puede llegar a alcanzar el 10% de su renta anual). El Estado también tiene que aprobar los planes que ofrezcan las compañías de seguros, aunque de nuevo, las ofertas continuarán siendo muy variadas, sometidas a precios muy distintos, exigiendo una carga administrativa enorme por parte del Estado. El hecho de que se limite esta gran variabilidad es un paso positivo, pero continúan existiendo grandes diferencias de precio (por el mismo tipo de cobertura sanitaria) según la edad, por ejemplo. Una persona anciana pagará tres veces más por la misma póliza que una persona joven. Hoy, las diferencias son mucho mayores; la cantidad que los ancianos paguen por una póliza puede llegar a ser incluso veinte veces la cantidad que paga un joven. Las compañías de seguros estarán más reguladas, pero a un coste administrativo elevado. Hoy, ya el 31% del gasto sanitario se gasta en administración.

No hay duda de que la Ley supone un paso positivo en EEUU, considerando el gran retraso en cobertura social sanitaria que tiene aquel país, a años luz de la cobertura sanitaria en cualquier país en la Unión Europea. Pero, el nivel de insuficiencia en la cobertura sanitaria continuará siendo muy elevado, y ello como resultado de las grandes deficiencias del sistema democrático de EEUU, excesivamente influenciado por las compañías de seguros, y otros grupos de presión del sistema sanitario.

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