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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 28 de junio de 2010

Este artículo critica la actitud generalizada en algunas personalidades próximas al gobierno español de que gobernar es “no temer tomar decisiones impopulares”. Tal frase denota, no solo una arrogancia (asumiendo que el representante sabe mejor que los representados que es mejor para ellos) sino también una insensibilidad democrática (pues el representante es la voz de los representados y si hay un conflicto entre el primero y los segundos, es el representante el que debe cambiar de opinión). En realidad, gobernar es desarrollar los programas y los deseos de los gobernados, “no temiendo tomar decisiones impopulares” entre los grupos poderosos que dificultan el desarrollo de los programas en bases a los cuales el representante ha sido elegido.

Una frase que se está generalizando en ciertos sectores del establishment político español, incluyendo el gobierno español, es que gobernar significa “no temer a tener que tomar decisiones impopulares”. Esta frase se está utilizando para alentar al gobierno a tomar medidas como la congelación de las pensiones, la destrucción de puestos de trabajo en el sector público, la reducción de los salarios de los empleados públicos, la reforma laboral que facilitará los despidos y la reducción salarial, medidas que están siendo, como es lógico, altamente impopulares entre las bases electorales del partido gobernante.

Encuentro esta frase, además de enormemente arrogante, carente de sensibilidad democrática. La función primordial de un representante político es representar a sus electores, pues es la voz de aquellos que le han elegido. El poder de tal gobernante deriva única y exclusivamente de la soberanía otorgada a él o a ella por la población a la cual representa. Y si hay un conflicto entre lo que el representante opina y lo que los representados desean, es el representante el que debe cambiar o dimitir. No es el representado el que tiene que dimitir. La población vota a un programa con el cual el representante está comprometido. Y ninguna de estas propuestas del gobierno Zapatero, por cierto, estaba en la lista de políticas públicas en cuyas bases el gobierno fue elegido.

Muchas de las voces que sostienen aquella frase de que hay que ir en contra de la opinión de los representados parecen ser conscientes de la incoherencia de tomar posturas contrarias a su electorado. De ahí que subrayen el tema de la comunicación, aduciendo que la impopularidad de las medidas se debe a la falta de comunicación entre el Gobierno y su electorado. Es el eterno argumento de que las masas no entienden a las élites gobernantes que tienen que cargar en sus hombros la responsabilidad de tomar decisiones impopulares e incomprendidas. Esta actitud menosprecia, no sólo la inteligencia y madurez del electorado, sino que sobreestima las dotes del representante, creyendo que él o ella saben más lo que beneficia e interesa a su electorado que el propio electorado.

La realidad es que la impopularidad de cada una de estas políticas que el gobierno ha tomado no se debe a que no se hayan explicado. En realidad, los medios de mayor difusión del país no sólo las han explicado, sino que las han promovido activamente, pues la mayoría son de ideológica neoliberal. Y, en cambio, las bases electorales del gobierno socialista español, así como la mayoría de la población, no aceptan tales medidas, y con razón.

En toda esta justificación, la frase que debiera utilizarse no es si hay temor a tomar medidas impopulares, sino entre quiénes son impopulares. Lo que estamos viendo es que se están tomando medidas impopulares entres los débiles, y muy populares entre los fuertes, medidas que éstos últimos han estado deseando tomar desde hace muchos años, y ahora, con la crisis (que ellos crearon), tienen el momento para implementarlas. La congelación de las pensiones, por ejemplo, fue impopular entre los pensionistas, pues ellos tendrán que pagar un déficit que se crea en las cuentas del estado (1.500 millones de euros) que podría haberse evitado no bajando los impuestos de patrimonio (2.500 millones) que beneficiaron primordialmente a las rentas superiores. El gobierno no tuvo temor en tomar medidas impopulares entre los pensionistas y muy populares entre las rentas superiores. El coraje que se exige, no es disminuir los beneficios sociales y laborales de la clase trabajadora, sino enfrentarse a los grupos más poderosos (desde la banca y la patronal a las rentas superiores). Y es ahí donde su cobardía es decepcionante, lo cual es incluso más acentuado entre las derechas españolas y catalanas, siempre muy próximas al mundo financiero y empresarial, y muy lejanas de los ciudadanos de a pie. De ahí que las derechas utilicen constantemente la cruz y la bandera para conseguir el apoyo que sus políticas económicas y fiscales dificultarían. Las izquierdas no pueden regirse por el mismo criterio de coraje que tienen las derechas, y han de tener valor para tomar medidas impopulares entre los poderosos en este país, que, por desgracia, no son las clases populares.

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