El problema no es sólo la distribución, sino también el tamaño de la tarta nacional
A raíz de la publicación de los balances fiscales por parte del Gobierno de la Generalitat y del Gobierno español, se ha reavivado la discusión sobre la llamada solidaridad interterritorial en España. Bajo este término se define la necesidad de que el gasto público del Estado Español se distribuya equitativamente entre las CC.AA. de manera que las más ricas, como es el caso de Cataluña, contribuyan más que las más pobres a las arcas del Estado, para asegurar que todos los españoles tengan los mismos recursos en los servicios públicos que se consideran esenciales. Este principio está ampliamente aceptado en España. El problema aparece, sin embargo, en la implementación de tal principio. ¿Cuánto más las CC.AA. ricas tienen que pagar para asegurar la equidad en el acceso a tales servicios? De nuevo, hay amplio consenso de que tales servicios básicos debieran incluir sanidad, educación y servicios sociales. El desacuerdo está en si deben o no incluirse otros servicios públicos como vivienda o justicia.
La mayor parte del dinero que existe para financiarlos, sin embargo, se recoge no por las CC.AA. sino por el Estado Central. Tal centralismo fiscal se ha justificado con el argumento de que se requiere una agencia central para corregir las desigualdades territoriales entre las CC.AA. Ahora bien, tal como bien ha indicado el Presidente de la Generalitat, el Sr. Montilla, esta solidaridad interterritorial no puede basarse en una distribución injusta como la existente hoy en España. Las CC.AA. más ricas dan más dinero pero reciben menos, con lo cual salen perjudicadas dos veces, cuando dan y cuando reciben. Y Cataluña es un ejemplo de ello. La aportación de Cataluña al Estado es el 110% del promedio, pero recibe sólo un 87% del promedio. De ahí la protesta legítima de que el balance fiscal es excesivamente negativo y perjudica predominantemente a las clases populares (que son las clases que utilizan más los servicios públicos del Estado del Bienestar) de las CC.AA. más ricas.
Pero además de esta solidaridad territorial (que debe desarrollarse en ambas direcciones) existe la necesidad de resolver la otra solidaridad de la que no se habla en España y que repercute enormemente en las desigualdades territoriales. Me estoy refiriendo a la solidaridad social que se mide por el volumen total del gasto público, incluyendo el gasto público social, en España. Tal gasto por habitante en España es mucho más bajo del que le corresponde por su nivel de riqueza. Así, el PIB per cápita español es ya el 94% del promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), pero el gasto público per cápita y el gasto público social por habitante son sólo el 74% y el 68% respectivamente del promedio de la UE-15. Las consecuencias de este enorme déficit lo sufren las CC.AA., déficit que ha sido incluso mayor debido a que el superávit que ha tenido durante varios años el Estado Central ha sido a su costa.
Este gran retraso social de España se debe, en parte, a la enorme insensibilidad social de la dictadura franquista que explica que cuando el dictador murió, España tenía el gasto público social más bajo de Europa (junto con Grecia y Portugal). La democracia permitió ir corrigiendo el déficit de gasto público social que España tenía en relación con el promedio de los países de la UE-15, hasta alcanzar el déficit menor (4 puntos de PIB) en el año 1993. A partir de aquel año, sin embargo, tal déficit fue creciendo de nuevo, de manera que a principios de esta década alcanzó de nuevo 8 puntos del PIB, tal como al iniciarse la democracia. Ello fue consecuencia de que los ingresos al Estado que habían ido a disminuir el déficit social durante la década de los años ochenta, pasaron a reducir, en su lugar, el déficit del presupuesto del Estado, de manera que cuando este último déficit desapareció e incluso se convirtió en superávit, España volvió a estar a la cola de la Europa Social, y las CC.AA. sufrieron por ello.
Agravando este problema existe la percepción generalizada en círculos empresariales y económicos, así como en el equipo económico del gobierno español, de que España se gasta ya en los servicios públicos de su Estado del Bienestar lo que le corresponde por el nivel de desarrollo económico que tiene, ignorando que tenemos un déficit de casi 75.000 millones de euros en gasto público social. Y hoy el debate sobre el gasto público es entre aquellos que quieren reducirlo (el PP) y aquellos que quieren mantenerlo al nivel existente (el gobierno del PSOE), sin que ninguno de los partidos mayoritarios hablen de aumentarlo. Y ello en el país que tiene un gasto público menor de la UE-15. Economía de izquierdas (para utilizar la terminología utilizada por el Presidente Zapatero) no puede limitarse a mantenernos en la cola de la UE-15.
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