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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 9 de diciembre de 2010

Este artículo cuestiona la tesis ampliamente extendida en los establishments políticos y mediáticos del país de que las políticas de recortes de gasto público y social son las únicas posibles en respuesta a la presión de los mercados financieros para que se reduzca el déficit del Estado español. El artículo señala medidas concretas que reducirían tal déficit sin afectar el bienestar de las clases populares, medidas que no se toman debido a la enorme influencia política de los sectores y grupos de presión cuyos intereses quedarían afectados por tales medidas alternativas.

Se ha creado una percepción generalizada, reproducida en los mayores medios de información del país, de que la única respuesta posible a la desconfianza mostrada por los mercados financieros hacia la economía española es la que el Gobierno de Zapatero está llevando a cabo. Esta respuesta incluye las reformas laborales orientadas a flexibilizar y abaratar los salarios (supuestamente para hacer la economía más competitiva) y la reducción del gasto público, incluyendo el social. Esta última medida se realiza con el objetivo de reducir el déficit público, cuya elevada dimensión se presenta como la causa de que aquellos mercados duden de la fortaleza de la economía española.
Y lo que es incluso más llamativo es que los mayores partidos en la oposición en las Cortes españolas –PP, CiU y PNV– piden más dureza en aquella respuesta, exigiendo mayor desregulación de los mercados de trabajo (mediante medidas que debilitarían enormemente a los sindicatos, descentralizando la negociación colectiva) y mayores recortes de gasto público y social. Se establece así una dinámica de competición para mostrar a tales mercados quién es más duro. Vimos la semana pasada cómo grupos de empresarios se reunieron, unos con el presidente Zapatero y otros con el monarca, para presionar al Gobierno a fin de que no le flaquearan las piernas en su toma de decisiones. Un análisis de las propuestas que estos grupos han hecho muestra que ninguna afectaría los intereses del mundo de las grandes empresas y de la banca. Antes al contrario, todas ellas muestran una gran blandura hacia los intereses de tales grupos fácticos, que saldrían todos ellos beneficiados con dichas medidas.
Echo en falta una invitación del Gobierno y del monarca a los sindicatos y a los pensionistas para que estos tengan la oportunidad de exigirles dureza, y pedirles que sus piernas no flaqueen en el momento de tomar decisiones para ayudar a la economía a que salga de la crisis, a base de afectar los intereses de aquellos grupos que les visitaron. En realidad, la reducción del déficit público puede conseguirse bajando el gasto público o, como alternativa, subiendo los impuestos, y muy en particular los de aquellos que se han beneficiado enormemente de la bajada impositiva que el presidente Zapatero, y antes el ex presidente Aznar, realizaron durante los últimos 15 años. Esta reducción de impuestos ha sido, tal como ha señalado el Fondo Monetario Internacional, responsable del 40% del déficit estructural existente en España y en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) que siguieron semejantes políticas. Si se recuperaran los tipos existentes antes de las reformas regresivas fiscales, pasando de un 43% a un 45% para las rentas superiores a 60.000 euros, y se añadiera un nuevo tramo para los que ingresan más de 120.000 euros, con un tipo del 50%, el Estado ingresaría 2.500 millones de euros más a las arcas, afectando únicamente al 3,98% de los ciudadanos. A esta cantidad podría añadirse la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, cuya eliminación en 2008 favoreció enormemente a los sectores más pudientes de la sociedad. Con tal medida, el Estado podría ingresar otros 2.120 millones de euros.
Si, por otra parte, se recuperara el tramo que pagaban las grandes empresas en su impuesto de sociedades, pasando del 30% al 35%, el Estado recuperaría 5.300 millones de euros (afectando únicamente a un 0,12% del total de las empresas, que son las que tienen una base impositiva superior a 30 millones). Otra cantidad recuperable podría conseguirse aumentando el tributo de un 1% a un 5% en las sociedades de capital variable, las famosas Sicav.
Y la respetada asociación de técnicos tributarios del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha indicado que, a través de medidas creíbles e inmediatas, se podría reducir en un 5% del PIB el tamaño de la economía sumergida. Ello significaría un aumento de 12.700 millones más para las arcas públicas, que deberían incrementarse a 6.155 millones más si eliminaran los paraísos fiscales que están siendo utilizados ampliamente por la banca y por las grandes empresas. Todas estas y otras medidas que deberían tomarse no afectarían a la gran mayoría de las clases populares, recaudándose 35.235 millones de euros, más del doble que los fondos que el Gobierno español intenta conseguir mediante las medidas que están dañando las clases populares. Ni qué decir tiene que ninguna de estas propuestas fueron sugeridas por los grupos de empresarios que visitaron al presidente y al rey pidiendo dureza.
Todas estas medidas fiscales regresivas que tomaron los gobiernos de Aznar y Zapatero son responsables de que España continúe siendo uno de los países más desiguales de la OCDE. La renta disponible de la decila superior en España es 10,3 veces mayor que las rentas de la decila inferior, una de las desigualdades más altas de la OCDE. Finlandia es 5,6 veces, Suecia 6,2, Alemania 6,9 y así una larga lista de países que son menos desiguales que España. Sólo son más desiguales EEUU, 15 veces, y Gran Bretaña 13,8. Y la propiedad está incluso más concentrada, pues el 10% más rico de la población española posee el 58% de toda la propiedad.
Y es precisamente esta enorme concentración la que dificulta la recuperación económica, pues los ricos consumen mucho menos que las clases populares. Y lo que se necesita ahora es que se consuma y con ello crezca la demanda. Si el Estado fuera duro con los ricos del país y recaudara aquellos 35.235 millones de euros, podría crear empleo, por ejemplo, en los escasamente financiados servicios del Estado del bienestar, lo que estimularía enormemente la demanda y con ello la recuperación económica, reduciendo así el déficit público. Si no lo hacen es porque les flaquean las piernas para enfrentarse a los ricos.

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