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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLIC, 13 de noviembre de 2011

Este artículo señala que el gran déficit del gasto público social que tiene Cataluña no se debe primordialmente al déficit fiscal, sino al déficit social resultado que las aportaciones, tanto en el Estado central como en la Generalitat (que afectan el dinero que recibe la Generalitat) no se realiza equitativamente, sino que las rentas superiores y las rentas del capital no están contribuyendo como el resto de la población y las rentas del trabajo. Algunos de los partidos que utilizan más el argumento del déficit fiscal son los que apoyan políticas fiscales regresivas que crean este déficit social. Tanto el Estado central como la Generalitat tienen la capacidad fiscal para corregir esta situación.

Un dogma ampliamente promovido por el establishment catalán de sensibilidad nacionalista conservadora (reproducido por gran parte de los medios públicos de información de la Generalitat) es que el gran retraso del gasto público en Catalunya (Catalunya tiene el gasto público (incluyendo la social) más bajo de la UE-15 (el grupo de países más desarrollados de la UE) se debe al déficit fiscal, que algunos definen como “el expolio a Cataluña por parte de España”. Esto constantemente se reproduce en artículos, tertulias, conferencias y otros foros mal llamados debates. Los datos, en cambio, muestran que el gran retraso social de Cataluña no se debe primordialmente al expolio nacional, sino a otro tipo de expolio del que deliberadamente ese establishment no quiere ni oír hablar. Esta otra causa no aparece ni en los medios de mayor difusión, ni en las tertulias, ni en TV3 o Catalunya Ràdio.

Pero vayamos por partes y veamos primero si los datos confirman ver si este retraso se debe al déficit fiscal. Según las propias cifras provistas por el nuevo gobierno de la Generalitat, este déficit fiscal representa aproximadamente un 9% del PIB de Cataluña, lo que es un porcentaje muy elevado y que representa un resto de recursos disponibles para Cataluña. Ahora bien, según las cifras del mismo gobierno la aportación de Cataluña en España para pagar los gastos comunes, así como el correspondiente a la solidaridad con otras partes de España, debería ser alrededor del 4% del PIB. El déficit fiscal neto, por lo tanto, sería de 5 puntos del PIB (9-4). Esta es, entonces, la cifra real del déficit fiscal. Miremos ahora cuál es el déficit social de Catalunya.

Cataluña no es un país pobre. Al contrario, es más rico que el promedio de la Unión Europea de los quince (el PIB per cápita catalán es el 110% del PIB per cápita de la UE-15). En cambio, el gasto público social por habitante, que cubre todas las transferencias y servicios públicos del estado del bienestar catalán, tales como sanidad, educación, servicios de ayuda a las personas con dependencia, guarderías, vivienda social y otros, es el más bajo de la Unión Europea del quince, junto con España, y es sólo el 74% del promedio de la Unión Europea de los quince. Si en lugar de ser el 74% fuera el 110%, Cataluña se gastaría el 29% del PIB en gasto público social. Esto quiere decir que tenemos un déficit del 12% del PIB, ya que ahora se gasta el 17% del PIB y debería gastarse el 29% del PIB, según le corresponde por su nivel de riqueza. Este es el déficit de gasto público social de Cataluña. Entonces, si no tuviéramos el déficit fiscal (5% del PIB), cubriríamos menos de la mitad de este déficit social (que es el 12% del PIB), aquí está el problema. ¿A qué se debe este 7% de déficit? Y la respuesta es de aquello de lo que no se habla.

Cataluña está dividida en clases sociales. La mayoría de la población adulta trabaja. Pues bien, los catalanes que trabajan y están en nómina ya pagan en impuestos unos porcentajes similares a los que pagan sus homólogos en la Unión Europea del quince (es ligeramente inferior, pero no mucho más). En cambio, lo que pagan las grandes fortunas, las grandes empresas que ganan más de 150 millones de euros al año (que representan menos del 0.12% de todas las empresas) y la banca, es mucho menos que lo que pagan los sus homólogos en la Unión Europea de los 15. Y lo mismo pasa con el 3% superior de las rentas del país, que obtienen sus ingresos de las rentas del capital y no del trabajo. La diferencia entre la declaración de renta nominal y la real es enorme, porque el número de deducciones, oportunidades legales y otras ilegales de dejar de pagar impuestos, es muy grande en Cataluña y en España. Estos grupos no utilizan los servicios públicos del estado del bienestar (envían a sus hijos a las escuelas privadas y utilizan la sanidad privada) y el hecho de que no paguen al estado y a la Generalitat lo que deberían pagar, hace que el estado del bienestar de la mayoría de los catalanes esté muy poco desarrollado. Esto es lo que se solía denominar como expolio de clase, del que nadie ahora habla. La Generalitat tiene los medios para resolver estos temas, tanto a nivel de Cataluña como a nivel de España. En realidad, los impuestos del capital y de las rentas superiores han ido bajando y los gastos públicos, incluyendo las sociales, como sanidad y educación, han ido bajando. Y de esto tampoco se habla.

Las fuerzas nacionalistas, que debido al control que ejercen sobre los medios son hegemónicas en Cataluña, mueven las banderas para ocultar la enorme injusticia social, una situación en la que las clases populares (la clase trabajadora -término que casi no se utiliza en el lenguaje político y mediático del país- y la mayoría de las clases medias) no reciben los servicios públicos que se merecen debido a que las rentas del capital no pagan lo que deberían pagar y la burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional de renta alta no contribuyen en la misma medida en que lo hacen sus homólogos del centro y el norte de Europa.

De hecho, Cataluña y España son los países con más desigualdades de renta. Según los últimos datos facilitados por la agencia de estadística de la Unión Europea, Eurostat, Cataluña y España son los países en que las rentas superiores se distancian más de las rentas medias y bajas.

Y ello es debido al escaso impacto redistributivo del Estado español y de la Generalitat de Cataluña, de nuevo, el menos redistributivo de la UE-15. Como consecuencia, el impacto redistributivo de las políticas públicas es mucho menor. El 24% de los catalanes serían pobres (el 60% de la media de renta del país) si no fuera por la existencia del Estado del Bienestar. Pero este porcentaje baja al 20% (sólo cuatro puntos de reducción cuando se incluye el Estado de Bienestar). En Suecia, pasa de 27% a 13%, 14 puntos de reducción.

De ahí viene la polarización del Estado del Bienestar. Cataluña está dividida. Por un lado, están las clases de rentas superiores y por el otro, todo lo demás. Los primeros y su establishment mediático e intelectual asumen erróneamente que el primer grupo representa a Cataluña, y sus intereses son los intereses de Cataluña. Pero los datos muestran que sus intereses no favorecen a la mayoría del pueblo catalán. Antes al contrario, se contraponen. Esto es la realidad oculta en el discurso conservador y liberal (de hecho neoliberal) que domina la cultura mediática y política del país.

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