A causa d’un error en la redacció en el text basat en la conferència del professor Navarro en les XV Xornadas de Outoño a Vigo del 25 i 26 de novembre de 2011, el document que vam disposar ahir al bloc contenia dues errades. Pengem de nou l’article amb les dues correccions incorporades. Lamentem les molèsties.

Aquest article analitza les conseqüències negatives que tenen per a l’Estat del Benestar les polítiques públiques promogudes pel Consell Europeu, la Comissió Europea i el Banc Central Europeu, i desenvolupades pels governs de l’Eurozona i molt en particular els de la seva perifèria, incloent Espanya.

La mal llamada crisis del euro está afectando profundamente los Estados del Bienestar de los países de la Eurozona y muy en particular de los países periféricos de la zona monetaria tales como Grecia, Portugal, Irlanda y España. Antes de discutir como la crisis afecta a tales países tenemos que analizar las características de tales países a los que se considera, en parte, responsables de la mal llamada crisis del euro.

Veamos pues qué tienen en común los países periféricos de la Eurozona (España, Grecia, Portugal e irlanda). Y el detalle más importante es que todos ellos han estado gobernados por dictaduras ultraderechistas (España, Portugal y Grecia) o gobiernos conservadores autoritarios (Irlanda), en la mayoría del periodo post II Guerra Mundial hasta los años 80. Consecuencia de ello todos ellos tienen Estados represivos, poco redistributivos, y escasamente sociales. Tienen por ejemplo el número de policias por 10.000 habitantes mayor de la UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea más desarrollados económicamente) y, a la vez, el menor porcentaje de la población adulta trabajando en su Estado del Bienestar. Tienen también las mayores desigualdades de la Unión Europea. Veamos los datos.

Los ingresos al Estado como porcentaje del PIB en el año 2009 fue, según Eurostat, el 34% en España, el 37% en Grecia, el 39% en Portugal y el 34% en Irlanda, porcentajes, todos ellos, mucho menores que el promedio de la UE-15 44% y mucho menos que el de Suecia el 54%, siendo este último el que tiene mayores ingresos al Estado (ver cuadro 1).

El gasto social como porcentaje del PIB fue también, según Eurostat, en 2008 el 22,7% en España, el 25,9% en Grecia., el 24,3% en Portugal y el 22,1% en Irlanda, porcentajes, todos ellos, mucho menores que el promedio de la UE-15 27% y mucho menos que el de Suecia 29,3% que tiene el gasto público social más elevado de la UE-15 (ver cuadro 2).

El empleo público (la mayoría del cual pertenece a los servicios del Estado del Bienestar) como porcentaje de la población adulta es, de nuevo, según Eurostat en España el 9%, en Grecia el 14% (debido al elevado número de personal en las fuerzas armadas), en Portugal el 7% y en Irlanda el 12%. Todos ellos, de nuevo, porcentajes menores que el existente en el promedio de la UE-15 15% y mucho menos que en Suecia, que es el 25% (ver cuadro 3).

Estos datos muestran que, mírese como se mire, el sector público, incluyendo su Estado del Bienestar, está muy poco desarrollado en estos países, con un gasto público, incluyendo un gasto público social, y un empleo público (predominantemente en los servicios del Estado del Bienestar) muy bajo. Las continuas observaciones de los pensadores conservadores y liberales españoles que afirman que el Estado en España está hipertrofiado no se corresponden con el análisis de datos. Tales declaraciones pertenecen más al terreno ideológico que al terreno científico. Tienen poca credibilidad, a pesar de la cual, se reproducen con gran frecuencia en los medios de información.

Las desigualdades sociales elevadas

Otra característica de estos países es el descenso del porcentaje de las rentas del trabajo sobre la renta nacional en los últimos 20 años. Así, en España, tal porcentaje ha disminuido del 69% al 61, un descenso más notable que en el promedio de la Unión Europea que bajó del 69,7% al 64,6% (datos de AMECO, de la Comisión Europea) (ver cuadro 4).

Ello ha contribuido a un crecimiento de las desigualdades muy notable, que ha sido escasamente corregida por las intervenciones fiscales. En realidad, la política fiscal de tales países es muy regresiva. España es un ejemplo de ello. La pobreza según los datos de Eurostat sería un 24% de la ciudadanía si las transferencias públicas del Estado a la ciudadanía no existieran en España. Una vez se incluyen estas transferencias, la pobreza baja a solo un 20% de la población. Es decir, que estas transferencias tienen un impacto reductor muy limitado, solo 4 puntos, comparado con 9 puntos en la UE-15 (que pasa de 25 a 16) y 14 puntos en Suecia (que pasa de 27 a 13) (ver cuadro 5).

Esto explica que España sea uno de los países de la UE-15 con mayor tasa de pobreza y una tasa de reducción de la pobreza menor. El coeficiente de Gini (que mide las desigualdades de un país, siendo mayores a medida que el número es más elevado) muestra que España es uno de los países que tiene un Gini más alto (31,3 comparado con 29,2 en el promedio de la UE-15) (ver cuadro 6).

¿Por qué la política fiscal es tan regresiva en estos países? El caso de España

Cuando un país (como estos países periféricos de la Eurozona) ha sido gobernado por grandes periodos de tiempos por las fuerzas conservadoras, nos encontramos con una realidad muy predecible. Las rentas derivadas del capital son gravadas mucho menos que las rentas derivadas del trabajo. Vemos, por ejemplo, que un trabajador de la manufactura, que es el trabajador mejor pagado en cualquier país entre los trabajadores, paga ya el 74% del nivel de gravación que tiene su homologo en Suecia, el país que tiene mayor carga fiscal. El trabajador de la manufactura del promedio de la UE-15 paga alrededor del 88% de su homólogo en Suecia. En cambio, el 1% de renta superior que deriva la mayoría de sus rentas del capital, paga únicamente el 20% (en teoría, porque en la práctica es un número menor, el 10%) de lo que paga su homólogo en Suecia. El promedio de la UE-15 es un 70%. Se puede ver con estos datos el sesgo enormemente regresivo de la política fiscal en España, una situación que se repite en aquellos otros países. La regresividad de su política fiscal es la causa de la pobreza de sus estados. Si la política fiscal de España fuera la misma que Suecia, ello contribuiría a que se ingresaran 200.000 millones de euros más de los que se ingresa al Estado ahora. Con este dinero podrían crearse 5 millones de puestos de trabajo más, invirtiendo en los servicios públicos del Estado del Bienestar, de manera tal de que en lugar de un adulto de cada diez trabajando en estos servicios fuera uno de cada cuatro como en Suecia. Tal creación de puestos de trabajo eliminaría el desempleo en España que es precisamente de 5 millones de parados (ver cuadro 7).

¿Qué ha ido ocurriendo en España?

En los últimos quince años la política fiscal se ha ido haciendo incluso más regresiva debido a una bajada de impuestos llevada a cabo por los sucesivos gobiernos que ha beneficiado predominantemente a las rentas de capital y a las rentas superiores. Esta reducción de impuestos ha creado un déficit público estructural que ha estado ocultado hasta el año 2007 por la expansión de los ingresos al Estado, consecuencia de la burbuja inmobiliaria. El aumento del gasto público durante la burbuja inmobiliaria se debía exclusivamente al aumento de los ingresos al Estado, consecuencia del crecimiento económico pero sin que cambiase la regresividad del sistema fiscal, el cual, en realidad, se acentuó.

Cuando explotó la burbuja inmobiliaria, apareció con toda la crudeza el déficit público estructural causado por la bajada de impuestos, al cual se añadió la bajada de ingresos al Estado consecuencia de la bajada de la actividad económica. El déficit público estructural lo creó la reducción de impuestos y no, como los pensadores conservadores y liberales acentúan, por un inexistente excesivo gasto público. De ahí el error de intentar resolver el déficit a base de reducir el gasto público, incluyendo el gasto público social. De ahí, ello se deduce, lo enormemente equivocadas que son las políticas públicas de austeridad pues se basan en unos supuestos erróneos.

La reducción del déficit público del estado a costa del aumento del déficit público social

Esta reducción del déficit del estado a costa de aumentar el déficit de gasto público social ha sido una constante en la época democrática en España. Tal como está indicando al principio del artículo, el gasto público social por habitante es muy bajo en España. Es el más bajo de la UE-15. De ahí que la diferencia de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15 sea la más elevada de tal comunidad. En el año 1995, era de 1.793 unidades de poder de compra (es decir, euros estandarizados por su poder de compra, unidad utilizada para homologar la capacidad adquisitiva del euro en países de distinto nivel de riqueza económica). Este déficit aumentó considerablemente, alcanzando la elevada cifra de 2.256 upc en 2001, permaneciendo en este nivel hasta 2004, cuando, resultado de un crecimiento muy notable del gasto público social durante el primer periodo del gobierno socialista, descendiendo a 1.845 upc en 2007, déficit que, por cierto, era incluso mayor que en 1997.

La causa  de este enorme crecimiento del déficit social de España versus el promedio de la UE-15 se debe a que el Estado español a fin de disminuir el déficit público del estado, transfirió fondos de los sectores del estado del bienestar (aumentando el déficit social) a las arcas del estado, para ambos su déficit público (ver cuadro 8).

En una situación semejante el estado español ha estado reduciendo su déficit público a base de aumentar el déficit social de España.

Las causas de la crisis económica

El descenso de las rentas del trabajo a lo cual hice referencia al principio del artículo ha significado en España y en los otros países citados anteriormente, un descenso de la demanda que ha generado un crecimiento del endeudamiento privado, endeudamiento que ha beneficiado al capital financiero. Cuando la burbuja inmobiliaria se colapsó, tal crédito desapareció, contribuyendo con ello a la enorme reducción de la demanda en el sector privado que generó la recesión, destruyéndose gran cantidad de empleo.

Por otra parte, la concentración de las rentas en los sectores superiores, rentas procedentes del capital, hizo que las inversiones financieras se centraran, no tanto en las áreas productivas que estaban estancadas debido a la falta de demanda, sino en las áreas especulativas como en el sector inmobiliario. De ahí el complejo banca-sector inmobiliario-industria de la construcción que fue el motor de la economía durante los últimos 20 años.

La solución a esta realidad es revertir el crecimiento de las desigualdades mediante el aumento de los salarios, de la protección social, y del gasto público social, a fin de aumentar la demanda. Este aumento del gasto público tiene que derivar de una reforma fiscal que corrija su regresividad y el déficit de ingresos al Estado. No es cierto, en este aspecto, que el Estado español viva por encima de sus posibilidades. En realidad el PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15. En cambio, su gasto público social por habitante no es el 94% del promedio de la UE-15 sino el 72%. Si fuera el 94% el Estado español se gastaría 66.000 millones de euros más en financiar el subfinanciado Estado del Bienestar español. No es cierto por lo tanto que el Estado del Bienestar esté más desarrollado que lo que los recursos en España permiten. Antes al contrario, el Estado del Bienestar en España es pobre aunque el país ya es rico.

El crecimiento del desempleo consecuencia y causa del problema económico

El enorme crecimiento del desempleo en España es una de las consecuencias de la ralentización económica resultado del descenso de la demanda. Al bajar la demanda, baja la producción de bienes y consumos, y el empresario necesita menos trabajadores y si puede, lo hace. Y eso es lo que pasa en España. En contra de lo que sostienen las tesis neoliberales, el desempleo crece más rápidamente en aquellos países en que es más fácil despedir a los trabajadores como es el caso de EE.UU., Irlanda y España. A mayor desregulación de los mercados de trabajo, mayor es el crecimiento del desempleo. No es por casualidad que uno de los países donde el desempleo ha crecido menos ha sido Alemania donde el mercado laboral está altamente regulado y donde los sindicatos son fuertes. La cogestión de las empresas en aquel país explica que las empresas alemanas hayan respondido a la bajada de la demanda de sus productos mediante la reducción de la jornada de trabajo en lugar de la eliminación de puestos de trabajo.

Hay que subrayar que la tasa de crecimiento del desempleo es un concepto distinto al de la tasa de desempleo, distinción que debe hacerse aunque raramente se hace. España tiene no sólo una tasa de crecimiento del desempleo muy elevado, sino también una tasa de desempleo muy elevada. Y ello como consecuencia del escaso desarrollo de su estado del bienestar, tema y causa que no aparece en los medios ni en el debate político. Recuérdese que en España, sólo uno de cada diez adultos trabaja en el estado del bienestar. En Suecia es uno de cada cuatro. Si fuera en España uno de cada cuatro habría cinco millones de puestos de trabajo más eliminando con ello el desempleo.

Crisis financiera

La disminución de las rentas del trabajo ha creado la necesidad de que la mayoría de las familias (que derivan sus ingresos de las rentas del trabajo) se tengan que endeudar profundamente, lo cual ha sido muy beneficioso para la banca. En realidad, el gran crecimiento de la banca se debe a la reducción de la capacidad adquisitiva de la población, consecuencia de la disminución de sus rentas. Hay una relación empírica bien establecida entre la disminución de la capacidad adquisitiva de la población y el crecimiento de la banca. Por otra parte, la concentración de las rentas en el capital y la insuficiente rentabilidad de la economía productiva resultado de la disminución de la demanda, explica que las rentas superiores (que derivan sus ingresos de la renta del capital) inviertan más en actividades especulativas (como en el sector inmobiliario) que en los sectores productivos. Este es el origen de la burbuja inmobiliaria basada en el complejo bancario inmobiliario industria de la construcción que fue el motor del crecimiento económico en España, así como en EE.UU., en la Gran Bretaña y en Irlanda, los países que tienen mayores desigualdades de renta y mayor concentración de las riquezas (incluyendo rentas).

La burbuja inmobiliaria creó una situación artificial de riqueza, aumentando los ingresos al estado y durante el gobierno socialista, el incremento del gasto público social. Este incremento dio pie a la reducción de los impuestos que favorecieron predominantemente a las rentas del capital y a las rentas superiores, facilitando todavía más la concentración de las rentas. Pero tal reducción de los impuestos también determinó el incremento del déficit estructural del estado, déficit que quedó oculto detrás del crecimiento de ingresos debido a la favorable situación económica creada por la burbuja inmobiliaria.

En este periodo se creó la situación paradójica de que el estado que dejaba de ingresar fondos como consecuencia de bajar los impuestos a la burguesía financiera, tenía que luego pedir prestado el mismo dinero que había depositado en la banca.

De esta manera, la deuda pública fue aumentando a medida de que el estado tenía que pedir prestado dinero de los bancos (a unos intereses altos), el mismo dinero que había dejado de recoger como resultado de haber reducido sus impuestos. El endeudamiento del estado benefició, pues también a la banca y a los sectores del capital financiero que vieron reducir sus impuestos a la vez que aumentaron los intereses de la deuda pública que tal capital compraba con los dineros obtenidos en la reducción de sus dineros. En un círculo virtuoso para las rentas del capital, a costa de las rentas del trabajo y  con  la ayuda del estado que fue cómplice en el desarrollo de tal círculo. En realidad, según el propio FMI el 50% del déficit público estructural se debió a la reducción de los impuestos.

Ahora bien, este déficit público estructural quedaba oculto bajo un superávit en las cuentas del estado. Pero cuando la burbuja estalló el déficit apareció en toda su dimensión. Es más, éste creció muy rápidamente consecuencia de la gran destrucción de empleo. En España la mayoría de impuestos proceden del trabajo más que del capital. De ahí que cuando el empleo bajó, y bajó muy rápidamente el déficit del estado creció (ver cuadro 9).

Este incremento del déficit público se intenta reducir mediante los recortes de gasto público, incluyendo del gasto público social. El argumento que se utiliza para justificar tales recortes es que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, lo cual no es cierto. Es fácil de mostrar que España tiene los recursos con los cuales corregir el enorme déficit de gasto público en las transferencias y servicios públicos del estado del bienestar. España no es un país pobre. En realidad, su PIB por habitante es ya el 94% del promedio de la UE-15, sino sólo el 72%.

Es decir, España se gasta 66.000 millones de euros menos de los que se debiera gastar para alcanzar los niveles que nos corresponden por el nivel de riqueza que tenemos. Estos datos muestran que el estado en España tiene los recursos. Lo que ocurre es que no los recoge. Y ahí está el problema.

Los recortes son innecesarios y contraproducentes

Dentro de esta situación, la crisis se está intentando resolver mediante recortes de gasto público que disminuyen todavía más la demanda y por lo tanto, contribuyen a la recesión. Pero, tales recortes, también incrementan las desigualdades sociales. Por ejemplo, el Estado ha congelado las pensiones con lo cual intenta ahorrar 1.200 millones de euros. Pero a la vez ha eliminado el impuesto sobre el patrimonio (2.100 millones), ha reducido los impuestos de sucesiones (2.552 millones) y ha bajado los impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año (más de 2.500 millones). Los recortes en la sanidad pública que intentan ahorrar 6.000 millones de euros, podrían haberse evitado anulando la bajada de impuestos de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas (5.300 millones de euros).

Los recortes en sanidad, educación y servicios sociales que intentan ahorrar 25.000 millones de euros, podrían haberse evitado corrigiendo el fraude fiscal de por ejemplo las grandes fortunas, la banca y grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, que según los propios técnicos de la Agencia Tributaria española representan 44.000 millones de euros (ver Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España).

No es cierto, por lo tanto, que estos recortes tengan que hacerse debido a la presión de los mercados. O por que Bruselas lo exija o por que Merkel y Sarkozy lo demanden. Lo que tales agentes exteriores están presionando es a que se reduzca el déficit, pero no dicen o exigen como reducir este déficit. Esto se decide a nivel del Estado español. En realidad, lo que estamos viendo hoy en España es que la banca y la gran patronal están tomando la crisis como excusa para reducir el gasto público social y la protección social.

La dilución de la democracia

Lo que estamos viendo es la enorme influencia de la banca y en menor medida de la patronal, sobre el Estado español. Y que, en alianza con la banca y la gran patronal de los otros países de la Eurozona y de la Unión Europea, están forzando unas políticas que significan un ataque frontal al Estado del Bienestar. Tal alianza explica que se haya aprobada nada menos que una reforma de la Constitución en cuestión de 48 horas sin ninguna participación popular (habiéndosele negado la posibilidad de que exista un referéndum) que al forzar el equilibrio presupuestario tendrá un enorme impacto negativo de la calidad de vida y bienestar social de la población española. En España, y consecuencia del enorme poder de aquellos grupos, la reducción del déficit del Estado, siempre se ha hecho a costa de reducir el Estado del Bienestar. Ocurrió con la entrada de España en el euro, tal como lo he indicado en una sección anterior.

Un tanto igual está ocurriendo ahora, en que son las clases populares, que son las que utilizan más el Estado del Bienestar, las que están pagando el coste de “salvar” el euro. En realidad, el déficit del Estado tendría que reducirse más lentamente y, a base, sobre todo, de hacer una reforma fiscal que, además de eliminar el fraude fiscal, forzara a las rentas del capital y las rentas superiores a que contribuyeran lo que contribuyen sus homólogos en la UE-15. El hecho de que esto no ocurra se debe al enorme poder que estos grupos han tenido y continúan teniendo sobre el Estado español.

¿Es posible hacer estas reformas en la Unión Europea?

Para contestar esta pregunta hay que comprender lo que motivó el establecimiento de la moneda única: el euro. Y ello fue el colapso del tratado de Bretton Woods, que ha situado al dólar como la moneda de referencia en el comercio internacional. El Presidente Nixon decidió anular tal tratado que beneficiaba predominantemente a las monedas nacientes, el yen japonés y el marco alemán. De ahí que el Presidente Nixon decidiese que el valor del dólar (que el consideraba que estaba sobrevalorado) fluctuase según el mercado de las monedas que creó una gran inestabilidad en el gobierno. De ahí que se creara la Unión Europea con una moneda única: el euro. Con ello se terminó la volatilidad de las monedas y con ello la capacidad de especulación en base a esta variabilidad.

Pero la manera como se creó el euro estableció las bases para que surgiera la especulación sobre la deuda pública. Una institución clave en la creación del euro fue el Banco Central Europeo, el cual, por extraño que parezca, no es un Banco Central, sino en la práctica un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana. Ello explica que cuando imprime dinero lo presa predominantemente a los bancos y no a los estados. En realidad, éstos, a través de sus Bancos Centrales, no pueden imprimir dinero, con el cual compran su propia deuda. En el diseño del euro, el estado tiene que pedir prestado dinero a los bancos, pagando unos intereses que pueden llegar a ser enormes (como un 7,5%). Esto significa dos cosas. Una es que los estados están totalmente desprotegidos, dependiendo de los bancos.

El otro problema es la enorme variabilidad de intereses de la deuda pública, lo cual da pie para una especulación. De ahí que la especulación en contra de la deuda pública es inevitable y afectará a todos los países de la Eurozona. Comenzó en Grecia, continuó con Irlanda, después Portugal, más tarde en España e Italia, ahora Francia y pronto Alemania. El problema de la deuda pública no es la deuda pública sino la viabilidad de los estados de poder defenderse frente a las estafas especulativas de la banca (llamada mercados financieros).

Esta es la consecuencia del enorme dominio por parte del capital financiero de las instituciones de la Eurozona.

Esta influencia determinó que se promoviera una visión de las causas de la crisis, atribuyendo el estancamiento económico y aumento del desempleo a una excesiva rigidez del mercado laboral, excesiva generación de los beneficios sociales y un excesivo gasto público.

Esta interpretación de la crisis y del mercado llamado problema de la deuda pública se ha convertido en dogma, reproducido y promovido por los forums del capital financieros, los think tanks próximos y los medios que le son afines.

Como consecuencia de esta interpretación de la crisis, los gobiernos que comparten tal visión (que son la mayoría) han estado desarrollando políticas que han consistido en desregular los mercados laborales, en reducir el gasto público social y reducir los beneficios sociales y laborales.

Tales políticas públicas han beneficiado en la Eurozona enormemente a las rentas empresariales a costa de las rentas laborales. Durante el periodo 1999-2006, los beneficios empresariales aumentaron un 33,2% en la media de la UE-15 y un 36,6% en la zona euro. Mientras, los costes laborales aumentaron sólo un 18,2%. Una situación incluso más acentuada se da en España donde durante el mismo periodo 1999-2006, las empresas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (más del doble de la media de la UE-15, un 33%. Mientras que los costes laborales aumentaron durante este mismo periodo sólo un 3,7% (cinco veces menos que en la UE-15, un 18,2%).

Las consecuencias de estas políticas

Resultado de estas políticas, hemos estado viendo durante estos años un gran crecimiento de las rentas del capital, una disminución de las rentas del trabajo, un crecimiento de la dispersión salarial, un incremento de la regresividad fiscal y una disminución de los beneficios sociales y laborales. Todo ello ha determinado un gran aumento de las desigualdades sociales, alcanzando unos niveles que han generado un descontento mayoritario entre la población de los países de la Eurozona. Un promedio del 79% señalan su rechazo al nivel de desigualdades alcanzado en la Eurozona.

Soluciones

En contra de lo que se cree, las soluciones son fáciles de ver. El hecho de que no se lleven a cabo son políticas. El Banco Central Europeo debiera ser un Banco Central que, como hace el Federal Reserve Board, tuviera como objetivo, no sólo controlar la inflación, sino también estimular el crecimiento económico, con la habilidad de imprimir dinero y comprar bonos público en los estados, ayudando a los estados y colaborando en el establecimiento de los eurobonos.

Pero la solución pasa también por una redistribución masiva de las rentas, a base de un crecimiento de los salarios de la protección social y del gasto público con el cual crear empleo, estimulando el crecimiento económico, realizando unas reformas fiscales profundas.

Ello debiera estar acompañado con el establecimiento de bonos públicos que garantizaran la disponibilidad de crédito a las personas y a las empresas productivas y con eliminación de la actividad especulativa de las bancas.

Qué debiera hacerse en la UE:

• Flexibilizar el pacto de Estabilidad

• Transformar el Banco Central Europeo en un banco central europeo con el establecimiento de eurobonos y compra de la deuda pública de sus Estados

• Bajar los intereses del Banco Central Europeo (BCE) y cambiar su mandato para incluir el estímulo del crecimiento económico, como hace el Federal Reserve Board

• Hacer perder la autonomía del BCE, haciéndole responsable (accountable) al Parlamento Europeo. Sus actas deberían ser públicas.

• Incrementar el presupuesto del gobierno europeo hasta alcanzar un mínimo del 7% del PIB europeo (como habían propuesto los sindicatos europeos cuando la Unión Europea se estableció. Generar impuestos a nivel europeo basado en las transacciones financieras que puedan dar pie a la especulación, desincentivando tales prácticas

• Coordinar las políticas económicas y fiscales con el establecimiento de una dirección política responsable de la convergencia de ciertos impuestos sobre el capital

• Desarrollar políticas de pleno empleo a nivel europeo

• Desarrollar una legislación que facilite el desarrollo de convenios colectivos a nivel europeo. Se necesita un Pacto Social a nivel de la UE

• Desarrollar unos derechos sociales y laborales como condición de pertenencia

• Hacer una reforma de las instituciones europeas democratizándolas

Cambios que debieran hacerse para poder corregir el déficit social de España:

• Una reforma fiscal profunda, progresiva que permita un aumento muy notable del gasto público para gastarnos en la infraestructura social del país lo que nos corresponde por el nivel de desarrollo económico que tenemos (PIB per cáp. 94% del promedio de la UE-15; gasto público per cáp. sólo el 72% del promedio de la UE-15). Eliminar el fraude fiscal.

• Considerar el Estado del Bienestar como una inversión y no como un consumo. El Estado del Bienestar como creador de riqueza y de empleo.

• Facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo mediante, entre otras políticas públicas, el desarrollo de una infraestructura de servicios públicos (escuelas de infancia y servicios de atención a personas discapacitadas) de ayuda a las familias (el 4º pilar del bienestar como se propuso en el año 2000). Hay que facilitar que la tasa de participación de la mujer alcance el porcentaje de los países nórdicos: trabajo quiere decir riqueza y la mujer está discriminada en España y está subutilizada.

• Una mayor regulación de los mercados laborales no permitiendo la aparición de sectores de salarios bajos y facilitando en momentos de recesión la reducción de horas de trabajo en lugar de puestos de trabajo.

• Flexibilizar el mercado inmobiliario, gravando hasta un 5% del precio de la propiedad en bases anuales a las viviendas vacías, forzando que entren en el mercado inmobiliario al dificultar que permanezcan vacías. Tal como ha indicado Dean Baker (el economista más experto en temas inmobiliarios del mundo) este gravamen en España aumentaría inmediatamente el número de viviendas disponibles, bajando los precios.

• Eliminar las deducciones por propiedad y estimular el alquier. La propiedad es uno de los elementos que añade más rigidez al mercado laboral.

• Hacer los cambios políticos que conviertan el sistema español en un sistema proporcional favoreciendo la participación política de la mayoría de la ciudadanía. Las encuestas señalan que la población favorece la expansión del Estado del Bienestar en cantidad y calidad mayor que las propuestas por las Cortes españolas.