Publicado en la Revista Sistema Digital, 13 febrero 2009
Este artículo señala que una causa muy importante de la crisis financiera y económica se basa en la polarización de las rentas que se ha dado durante la denominada revolución neoliberal.
Es importante ser conscientes de que, en contra de lo que se dice, la historia nunca se repite. De ahí que la crisis económica y financiera que estamos sufriendo no debiera verse e interpretarse como una mera réplica de la Gran Depresión de principios del siglo XX. En aquel periodo histórico la mayoría de la fuerza laboral trabajaba en la industria (ahora trabaja en los servicios) y no existían entonces elementos básicos de protección social que ahora hay, tales como el seguro de desempleo y el acceso a los servicios y transferencias públicas del estado del bienestar (como la seguridad social, la sanidad y los servicios sociales de acceso universal).
Habiendo señalado las diferencias entre el momento actual y aquel periodo de principios del siglo XX, es también importante que se subrayen las semejanzas. Y una de ellas –de gran importancia- es la enorme polarización en la distribución de las rentas que existía en el periodo que precedió la crisis tanto entonces como ahora. Las rentas del trabajo habían descendido de una manera muy notable antes de que se iniciara la Gran Depresión, y han descendido también ahora (antes de que estallara la crisis económica y financiera actual) de una manera muy acentuada, descenso que se inició a partir de la década de los años ochenta, cuando se inició la revolución neoliberal liderada por el Presidente Reagan en EE.UU y por la Sra. Thatcher en Gran Bretaña. Este descenso de las rentas del trabajo vino acompañada en ambos periodos por un ascenso muy notable de las rentas del capital y muy en especial del capital financiero. Es importante señalar estas semejanzas en los dos periodos, pues tal polarización de las rentas es la causa más importantes de la crisis de entonces y la de ahora, una polarización que, por cierto, apenas ha tenido visibilidad mediática. En ambos casos, el descenso de las rentas del trabajo fue la causa mayor de la falta de consumo y demanda interna, responsable de la crisis económica.
Por otra parte, el incremento de las rentas del capital, y muy en especial del capital financiero (junto con la desregulación de los mercados de capitales financieros) y la limitada rentabilidad de las inversiones en la economía productiva (consecuencia de la escasez de la demanda), determinó unas inversiones de tal capital en actividades de carácter especulativo, responsable de las sucesivas burbujas especulativas (la última siendo la inmobiliaria), que al estallar han ido creando las crisis financieras y económicas que han culminado en la actual: la tormenta (financiera y económica) perfecta.
En Europa tal polarización de las rentas ha sido facilitada por las políticas neoliberales llevadas a cabo por las instituciones europeas de la Unión Europea, y muy en especial por la Comisión Europea (cuyos Comisarios de Asuntos Económicos y Monetarios han sido los guardianes de la ortodoxia neoliberal, cristalizada en el Pacto de Estabilidad que dificultó enormemente el incremento del gasto público) y por el Banco Central Europeo (cuyas políticas monetarias se hicieron a costa de dificultar el crecimiento económico y la producción de empleo). Tales políticas fueron responsables de varios hechos ampliamente documentados (ver Navarro, V., “¿Cómo está evolucionando la Situación Social de la Unión Europea?”, en Josep Borrell, Europa en la Encrucijada. Ed. Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. 2007), incluyendo 1) el crecimiento del desempleo (el desempleo promedio de los países de la eurozona, los países que llevaron a cabo con mayor celo aquellas políticas, fue mayor durante el periodo 1980-2005 que durante el periodo anterior 1950-1980, antes de que las políticas keynesianas fueran sustituidas por las políticas liberales; 2) el descenso de los beneficios sociales, incluyendo la tasa de restitución salarial en situación de desempleo, accidente y enfermedad laboral; y 3) el aumento de las rentas del capital a costa del descenso de las rentas del trabajo. Estas últimas, para el promedio de los países de la eurozona pasaron de representar el 70% de la renta nacional en el año 1992 al 62% en el año 2005. No es de extrañar que exista, en general, un rechazo hacia la manera como se está construyendo la Unión Europea por parte de la mayoría de las clases trabajadoras de los países de la Unión Europea al ser éstas las que están pagando el coste del desarrollo de aquellas políticas neoliberales.
La situación en España
En España nos encontramos con una situación que tiene elementos comunes con la situación europea, aunque tenga también elementos peculiarmente españoles. Entre los primeros está 1) el descenso del porcentaje que las rentas del trabajo han supuesto sobre las rentas totales (un descenso más marcado que en el promedio de la eurozona), pasando de un 72% a un 61% desde 1993 (cuando se inician las políticas públicas conducentes a la integración monetaria) a 2005; y 2) la reducción durante el mismo periodo 1993-2005 de la tasa de crecimiento del gasto público social por habitante. En realidad, España fue el único país de la UE que vio reducir (no sólo en términos porcentuales, sino también absolutos) el gasto público social por habitante durante el periodo 1993-1995 para incrementarse lentamente, más tarde, durante el periodo 1996-2004. Tal incremento fue mucho más lento que el promedio de la UE-15, lo cual determinó un aumento muy significativo del déficit social de España (medido por la diferencia de gasto público social por habitante entre el promedio de la UE-15 y España). Los recursos del Estado, en lugar de destinarse a reducir el déficit social existente en España, se asignaron, por parte del Estado Español, a reducir el déficit del Estado de manera tal que la eliminación de tal déficit del presupuesto (consiguiéndose el equilibrio de las cuentas del estado, que pasó más tarde incluso a ser un superávit) se hizo a costa de un incremento muy notable del déficit social de España, déficit que explica la enorme subfinanciacion de los servicios públicos del Estado del Bienestar gestionados por las CC.AA. Las enormes tensiones interterritoriales en España se basan en esta enorme insuficiencia del gasto público social. Hoy España, treinta años en democracia, continúa estando a la cola de la Europa Social. El establecimiento del euro en España se hizo a costa del Estado del Bienestar en nuestro país.
El aumento de las rentas del capital
Este descenso de las rentas del trabajo y de lo que se llama el salario social (los fondos públicos del Estado del Bienestar) creó el enorme déficit de la capacidad adquisitiva de las clases populares responsables, en parte, del ralentizamiento del crecimiento de la economía real. Ello explica la menor rentabilidad en las inversiones productivas con un aumento de las inversiones del capital financiero en actividades de carácter especulativo, de las cuales, las actividades inmobiliarias destacaron por sus enormes beneficios. El maridaje banca (y cajas) con el capital inmobiliario y la construcción se constituyó en el eje del crecimiento económico español, estimulado por unas políticas fiscales del Estado Español (no sólo del Estado central, sino también de los gobiernos autónomos y de las autoridades locales) que promovían la propiedad de la vivienda y el desarrollo inmobiliario. Esta cultura del ladrillo centró el desarrollo español asistido por unos salarios muy bajos, facilitados por una gran inmigración y un escaso poder de los sindicatos en España. Esta cultura altamente especulativa basada en salarios bajos y precios altos (la diferencia entre costes de producción y precios de la vivienda eran los más altos de la UE), endeudó a la población de una manera masiva. Los precios alcanzaron unos niveles exuberantes, un 30% superior al que les correspondería por la mera demanda. Cuando la burbuja estalló, tal complejo “banca-agencias inmobiliarias-empresas constructoras” tenía 1.6 millones de casas sin vender, con una demanda de sólo 225.000. Es decir, que aquel complejo había construido nada menos que siete veces más casas de lo que el país necesitaba, drenando recursos que se necesitaban en otros sectores. La banca está situada en un volcán, pues no sólo tiene unos activos que no son vendibles sino que han bajado (y sabe que continuarán bajando) el precio de tales activos de una manera muy notable. Es más, la banca depende (un 40% de su balance) de fondos internacionales de crédito que están paralizados, como consecuencia de la falta de confianza existente en la comunidad bancaria internacional, resultado de su contaminación con productos tóxicos. La situación internacional es semejante a la situación de una persona sedienta que tiene seis botellas de agua enfrente y sabe que una de ellas está contaminada y que puede causarle la muerte. Pero no sabe cuál. Tiene agua a su alcance, pero no puede beberla. Estos tóxicos es lo que se ha definido como bombas financieras de destrucción masiva, y que afecta la disponibilidad de capital extranjero al capital financiero nacional.
Qué hay que hacer para salir de la crisis
Lo que está muy claro es lo que no debe hacerse, que es precisamente lo que están proponiendo las derechas. Las políticas de austeridad del gasto público con reducción de los salarios constituyen una receta que supone un suicidio colectivo. Es lo que hizo Hoover en EE.UU. y que determinó la Gran Depresión. Tampoco es aconsejable estimular la economía a base de reducir impuestos. Su impacto estimulante es muy menor, como consecuencia de que al estar la población tan endeudada, ésta ha utilizado los fondos para pagar las deudas en lugar de consumir, que es lo que urge que se haga. Dos terceras partes de los fondos obtenidos por las familias al reducirse sus impuestos (los famosos 400 euros) se utilizaron para pagar deudas en lugar de estimular la demanda. Bajar los impuestos no es, pues, la solución (ni siquiera parte de la solución). La evidencia acumulada en este aspecto, tanto en EE.UU. como en Europa es abrumadora.
La solución para estimular la economía (y disminuir el desempleo) es incrementar la demanda a base de aumentar el gasto público de una manera muy notable. Ahora bien, este crecimiento del gasto público puede tener un efecto estimulante no tanto de la economía española sino de las economías donde los productos que se consumen en España se producen. De ahí que (además de la necesidad de crear un estímulo económico a nivel europeo e incluso mundial, a base de un incremento muy notable del gasto público en la mayoría de países que sufren la recesión) se necesite el aumento del gasto público dedicado a la creación de empleo nacional a través de inversiones en obras de infraestructura no sólo en el capital físico, sino también en el capital humano y social. En otras palabras, no sólo en obras públicas, sino también en los servicios públicos del estado del bienestar (tales como sanidad, servicios domiciliarios, escuelas de infancia, educación y vivienda social, entre otros). De no realizarse estas políticas públicas, España verá crecer su desempleo muy marcada y rápidamente. Este aumento del gasto público para crear empleo es lo que hizo el Presidente Roosevelt. Y esto es lo que ha propuesto el Partido Demócrata en EE.UU. (diluido por los cambios introducidos por el Presidente Obama para conseguir el apoyo del Partido Republicano que exigía recortes de impuestos, apoyo que, a pesar de las cesiones del Presidente Obama, no consiguió). Y esto es lo que debieran pedir las fuerzas progresistas en España y en Europa. Es un gran error realizar recortes en el gasto público que crean ocupación.
La crisis como oportunidad, más que como una amenaza
La crisis económica y financiera ofrece una gran oportunidad. Para las derechas, la crisis es la excusa para llevar a cabo aquellos cambios que han deseado durante tanto tiempo: debilitar el estado del bienestar. Para las izquierdas esta crisis debiera ser la razón para hacer lo que siempre han deseado: aumentar la protección social, y en el caso español, corregir el enorme déficit de gasto público social que todavía existe en España. El gasto público social como porcentaje del PIB, el gasto público social por habitante, y el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del estado del bienestar continúan estando en España entre los más bajos de la UE-15. Ahora es precisamente el momento de corregir estos déficits. El clima de crisis puede facilitar la presión y movilización popular (como está ocurriendo en EE.UU.) que facilite tal expansión del gasto y empleo público para alcanzar los niveles que nos corresponden por el desarrollo económico que tenemos y que alcanza la cifra de 52.000 millones de euros (ver Navarro, V. (dir.) La Situación Social en España. Volumen III. Biblioteca Nueva. 2009.
Esto es precisamente lo que está haciendo la Administración Obama, estimulada por el Partido Demócrata. Tal gobierno intenta reducir los grandes déficits de infraestructura y de servicios públicos sociales, a base de un enorme crecimiento del gasto público, propuesto como estímulo económico. Sería de desear que las fuerzas progresistas españolas y europeas se inspiraran también en aquella experiencia.
Una última observación. Una propuesta realizada por las derechas, por el Banco de España y por el mundo empresarial ha sido la de disminuir los salarios en España. Ello sería un gran error. En realidad, tal como he señalado anteriormente, el descenso de la masa salarial ha sido una de las causas del descenso de la demanda, causa de la crisis económica. Es más, los salarios en España (tal como he documentado en el informe “Las condiciones de la clase trabajadora en España” (ver tal informe en el blog del Observatorio Social de España, www.observatoriosocial.org) son bajos, y ello no puede atribuirse a diferencias del nivel de productividad laboral con otros países. Este escaso nivel salarial responde a causas políticas más que económicas. La reducción de los salarios contribuiría a empeorar la situación económica. Hay que recordar que una de las primeras medidas que tomó el Presidente Roosevelt fue aprobar la Ley Wagner que reforzó a los sindicatos para que éstos consiguieran mayores salarios. Y fue el Presidente Obama el que, presionado por las izquierdas, subrayó que “los sindicatos y el mundo obrero no son el problema, sino parte de la solución”.
¿Cómo se paga esto?
A través de tres intervenciones de carácter político. Las tres son factibles si hay voluntad política.
Una es el crecimiento del déficit y de la deuda pública, ignorando el argumento que se utiliza constantemente de que aumentar el déficit y la deuda pública es dejar a nuestros hijos y nietos el pago de la deuda que creemos ahora. Esta visión asume que estos gastos son mero consumo y no una inversión. Cuando el estado invierte en educación o en carreteras o en transporte, o en sanidad, o en escuelas de infancia, entre otros servicios, lo hace para el bienestar también de nuestros hijos y nietos. Un argumento de mayor peso en contra del crecimiento del déficit es el coste que ello implica en conseguir créditos a nivel internacional. Es un argumento que tiene peso pero no puede ser determinante, pues la naturaleza de la crisis exige medidas excepcionales.
Otra propuesta es la corrección de situaciones que podemos considerar extremas y que desde hace tiempo requieren corrección y que no se ha hecho por falta de voluntad política. Ello incluye medidas como 1) la corrección del fraude fiscal que alcanza la cifra de 82.000 millones de euros (según los expertos de la propia Agencia Tributaria); 2) exigir a las Mutuas Patronales que paguen a las CC.AA. los costes de atender las enfermedades laborales (que significan un 13% del gasto sanitario total); 3) la reducción de ventajas fiscales para las rentas del capital que debieran gravarse como las rentas del trabajo y otras medidas incluyendo el aumento de los impuestos de las rentas del capital y muy en especial de las rentas del capital financiero, que son excesivamente exuberantes, y de las rentas superiores.
Hasta que tales medidas no se iniciaran y realizaran, no sería aconsejable que se tomaran medidas que penalizaran a las clases populares, haciéndoles contribuir al pago de los servicios públicos.