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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 27 de abril de 2012

Este artículo señala que la llamada “crisis de la deuda pública” es una situación creada sobre todo por el capital financiero (entre los que destaca la banca y las compañías de seguros, así como las hedge funds) a fin de  privatizar la Seguridad Social y el Estado del bienestar. El artículo se centra en la situación de la deuda pública estadounidense, señalando su relevancia al caso español.

No existe plena conciencia en muchos círculos progresistas de que el llamado “problema de la deuda pública” es un fenómeno creado artificialmente para justificar el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Un caso claro, entre otros muchos, es el debate existente en EEUU sobre tal deuda. En un intento de reducir el Estado del Bienestar, las fuerzas conservadoras y neoliberales (las derechas) están promoviendo la percepción de que la deuda pública del Estado federal es insostenible, requiriéndose recortes muy sustanciales del gasto público, y muy en particular del gasto público social, incluyendo el de la Seguridad Social y el de los servicios públicos del Estado del Bienestar (con especial énfasis en los programas federales de asistencia sanitaria a los ancianos, ‘Medicare’, y a las personas en situación de extrema pobreza, ‘Medicaid’, programa, éste último, que se cofinancia con los Estados para cubrir a las personas llamadas “médicamente indigentes”, término que se utiliza para definir a aquellas personas que no pueden pagar sus facturas médicas. En la promoción de tal postura, los medios de difusión de la derecha (como el ‘The Wall Street Journal’) publican artículos e informes que son citados también por los corresponsales españoles en EEUU sin ninguna crítica, contribuyendo a la difusión de tal percepción. Entre ellos destaca Antonio Caño, el corresponsal de ‘El País’ en Washington.

El problema con tales reportajes es su nula credibilidad científica. Veamos los datos. La deuda pública federal creció en los últimos diez años (del 2000 al 2010) 9,2 billones de dólares. Este crecimiento ha sido causado por los siguientes gastos: 1) el 34,2% de este crecimiento (3,15 billones) nace del recorte de impuestos aprobado por el presidente Bush, que ha beneficiado primordialmente a las grandes fortunas; 2) el 22,9% (2,1 billones) del crecimiento del gasto militar, consecuencia de las guerras de Irak y Afganistán; y 3) el 9,8% (0,9 billones) de la ayuda directa (subsidios públicos) a la banca (y que no incluye los préstamos a Wall Street, 9 billones que no se contabilizan al presupuesto del Estado, pues se consideran –erróneamente- como préstamos). En total, la gran mayoría del crecimiento de la deuda pública (el 67%) se debe a medidas de apoyo al complejo militar industrial, a la banca y a las rentas superiores. Sin embargo, ninguna de las medidas encaminadas a reducir la deuda pública está orientada a cambiar estas políticas. En su lugar, se intenta reducir el gasto público social, concretamente la Seguridad Social y los servicios sanitarios, y ello a pesar de que la Seguridad Social (las pensiones principalmente) no ha contribuido en absoluto al crecimiento de la deuda pública. Todo lo contrario, la Seguridad Social (que no se contabiliza en el presupuesto federal) ha estado en superávit en los últimos veinticinco años (alcanzando los 2,4 trillones de dólares), calculándose que producirá un trillón de dólares más en el superávit de los próximos diez años (en este artículo se utiliza “trillones” y “billones” según la terminología estadounidense). En realidad, las estimaciones más creíbles, por su rigor, son las producidas por los propios expertos de la Seguridad Social que señalan que la Seguridad Social estadounidense no tiene ningún problema de solvencia durante los próximos 50 años. La Seguridad Social no ha contribuido en absoluto al crecimiento de la deuda pública, al contrario. Sus intereses han estado financiando la deuda pública. El argumento de que hay que reducir las pensiones a fin de salvar la deuda pública, que hace ‘The Wall Street Journal’, y que reproduce Antonio Caño en ‘El País’, es insostenible y muestra una ignorancia o malicia que pertenece a la esfera de creencias dogmáticas neoliberales impermeables a la luz de los datos.

En cuanto a los servicios públicos sanitarios, ellos han contribuido en un porcentaje muy menor (1,9%) al crecimiento de la deuda pública. En realidad, el capítulo más importante que ha contribuido al crecimiento de tal déficit ha sido el capítulo ‘D’ de ‘Medicare’, es decir, el gasto farmacéutico, consecuencia de la medida adoptada por el presidente Bush jr., que prohibió (sí, sí, prohibió) al Gobierno federal marcar el precio de los productos farmacéuticos comprados por tal gobierno, permitiendo que fuera la propia industria farmacéutica la que definiera tales precios. El capítulo de farmacia, que se contabiliza aparte, fue el que representó un porcentaje mayor, 4,8% (450 millones), resultado del gran poder de la industria farmacéutica, que recogió amplios beneficios, conllevando este incremento.

Un 2,7% (255 millones) del aumento se debió a la bajada de impestos, resultado del crecimiento del desempleo. Un 2,9% (270 millones) fue resultado del crecimiento del pago de los intereses de la deuda.

El estímulo económico, iniciado por el presidente Bush y expandido notablemente por el presidente Obama, representó el 20,6% del crecimiento de la deuda pública (1.896 millones). Este estímulo consistió en rebajas de impuestos (durante el mandado del presidente Bush), a los cuales el presidente Obama añadió inversiones públicas en creación de empleo, medida más estimulante del crecimiento económico que la reducción de impuestos, y que frenó la Recesión que iba en camino de convertirse en Depresión.

El segundo error que hace la derecha estadounidense y que reproduce la derecha española, es considerar el tamaño de la deuda pública (como porcentaje del PIB) como el indicador de su gravedad, es decir, de su impacto negativo en la economía. Este error es fácilmente demostrable, cuando se observa que los intereses de la deuda pública en EEUU son los más bajos de los existentes hoy en el mundo desarrollado. Si los bonos públicos se percibieran como arriesgados e inseguros, como ocurre en España (que tiene una deuda pública mucho más baja que el promedio de la UE-15 y de EEUU), sus intereses serían elevadísimos. Y en cambio son bajísimos y, a pesar de ello, los mercados financieros los valoran muy positivamente (ignorando las valoraciones negativas que hacen de ella las agencias de rating). ¿Cuál es, pues, el problema con la deuda pública en EEUU? En realidad, ninguno. Lo que ocurre es que la derecha (tanto en EEUU como en España) está utilizando todo tipo de argumentos, errores y falsedades para cargarse al Estado del Bienestar.

Una situación semejante ocurre en España. La deuda pública española es más baja que la del promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante desarrollo económico al español, e incluso más bajo que la deuda pública alemana. Los elevadísimos intereses del Estado español (que incluye tanto el Estado central como el autonómico y municipal) no tienen nada que ver, repito, nada que ver, con el tamaño de la deuda pública. Ni tampoco mucho que ver con la manoseada “confianza de los mercados”. Tiene que ver primordialmente con decisiones políticas, entre las cuales una de las más importantes es la negativa del Banco Central Europeo (que no es un banco central, sino un ‘lobby’ de la banca, y muy en especial de la banca alemana) a comprar deuda pública española, exigiendo al Estado español que desmantele su Estado del Bienestar como condición de que el Banco Central compre tal deuda pública. Es un chantaje vergonzoso que se utiliza por la derecha española (y europea) para conseguir lo que siempre han deseado. El llamado “problema de la deuda pública” es un problema artificial, es decir, creado por voluntad política (de sensibilidad neoliberal) a fin de desmantelar las conquistas sociales de las clases populares. Así de claro.

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