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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 17 de septiembre de 2012

Este artículo señala las enormes deficiencias del sistema democrático estadounidense basado en un sistema electoral mayoritario, y no proporcional, y en la privatización de la financiación de tal proceso democrático. El artículo cuestiona también las tesis aparecidas en el diario El País sobre la necesidad de eliminar todavía más el sistema proporcional español, criticando a la vez la falta de actitud crítica hacia tal sistema democrático estadounidense por parte de la mayoría de los medios de información españoles.

Esta pregunta parece, a primera vista, una provocación, pero no lo es. En un momento como el actual con una extensa cobertura mediática de las elecciones a la Presidencia y al Congreso de EEUU, en la que aparece un debate vivo e intenso entre dos posturas distintas representadas por dos opciones claramente diferenciadas, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, cuyos candidatos a la Presidencia del país han sido resultado de unas primarias, especialmente intensas en el caso del Partido Republicano, tal pregunta será interpretada por la sabiduría convencional que tales medios reproducen, como una “frivolidad” en el mejor de los casos, o como un indicador más del supuesto “antiamericanismo” que supuestamente caracteriza a las izquierdas europeas. Puesto que tal acusación ya se ha hecho en más de una ocasión, me siento en la necesidad de aclarar que he vivido durante muchos años en EEUU y que me siento comprometido emotiva y políticamente con el bienestar de las clases populares de aquel país a las que he intentado servir durante mis años de trabajo en EEUU (desde las aulas de la academia hasta los despachos de la Casa Blanca), siendo mis críticas a las instituciones representativas de aquel país fruto de tal compromiso, pues comparto la percepción generalizada que tiene la mayoría de la población estadounidense de que tales instituciones representativas no representan en realidad sus intereses. El 85% (repito, el 85%) de la población estadounidense, por ejemplo, no considera que el Congreso de los EEUU represente sus intereses. Y cuando se les pide a quién creen que representa, la respuesta mayoritaría (el 82%) es la Corporate Class (los componentes de las élites empresariales de las grandes compañías o empresas del país).

La mayoría de la población lleva razón. Los debates de la vida política se hacen dentro de unos márgenes muy limitados definidos precisamente por tal Corporate Class, que es la que financia el proceso electoral y las campañas electorales de la gran mayoría de los políticos. Ni que decir tiene que existe diversidad en el abanico de propuestas hechas por los dos partidos mayoritarios –el Partido Republicano y el Partido Demócrata-, diversidad que es la que alimenta el debate político y mediático en el país. Pero tal diversidad está muy limitada debido a las fronteras ideológicas definidas por la Corporate Class. Existen miles de ejemplos de esta falta de diversidad. Por ejemplo, todas las ofertas de cambio en el sistema de sanidad, eminentemente privado (aunque financiado públicamente en un 48% de todo el gasto sanitario) no cuestionan el protagonismo de las compañías de seguro privadas en la gestión del sistema, y ello a pesar de que según las encuestas de opinión popular, una mayoría de ciudadanos en aquel país preferiría un sistema (como existe en Canadá) en que el papel de tales compañías sería muy inferior. En realidad, la aplicación del sistema canadiense en EEUU permitiría la extensión de la cobertura sanitaria a toda la población (medida deseada por la mayoría de la población) a un coste mucho menor que el actual de EEUU (que alcanza a ser un 16% del PIB). Tal posibilidad, sin embargo, ha sido descartada, incluso por el Presidente Obama. Las compañías de seguros privadas han financiado extensamente las campañas de todos los candidatos (tanto de los demócratas como de los republicanos) a la Presidencia de EEUU, impidiendo que tal alternativa sea incluso discutida. Y ello, repito, a pesar de su popularidad.

La baja calidad democrática de los sistemas mayoritarios

El sistema bilateral mayoritario, sin ningún sesgo de proporcionalidad, favorece esta captura de los partidos por los componentes de la Corporate Class. Es paradójico que EEUU, el prototipo del sistema electoral mayoritario sea tomado como ejemplo por algunas voces en España. El reciente artículo en El País “Una teoría de la clase política española” (14.09.12) proponiendo el sistema mayoritario muestra un claro desconocimiento de su autor, César Molinas, de la realidad política estadounidense, el sistema mayoritario “por excelencia”. En realidad las graves limitaciones que existen en la democracia española se basan precisamente en la escasa proporcionalidad de su sistema electoral. El protagonismo de la vida política y mediática del país por parte de dos opciones mayoritarias (favorecido por tal sistema electoral) en España ha empobrecido enormemente la vida política del país, facilitando, a su vez, su adaptación (cuando no coaptación) a los poderes financieros y económicos dominantes en España. No es extraño, por cierto, que los movimientos a favor de cambios profundos en sus sistemas democráticos –como el Occupy Wall Street y el 15M- hayan ocurrido en dos de los países con menor proporcionalidad en su sistema político (EEUU y España).

La privatización del sistema electoral

El otro problema de la democracia estadounidense es la privatización del sistema electoral. Las elecciones son financiadas predominantemente por fondos privados provenientes en su gran mayoría de las grandes empresas y de los grupos fácticos que donan su dinero con el objetivo (exitoso) de influenciar a aquellos que reciben el dinero. La gran mayoría de fondos que financian a los candidatos (incluyendo a Barack Obama en las últimas elecciones presidenciales y en las presentes) procedían y proceden de grandes empresas o asociaciones comerciales o profesionales.

Esta situación ha alcanzado su máxima dimensión con la aprobación por parte del Tribunal Supremo de EEUU, de una sentencia, en el caso Citizens United vs Federal Electoral Commission, permitiendo que las empresas pudieran dar tanto dinero como quisieran a los candidatos políticos a fin de influenciar las elecciones y/o las decisiones políticas. Estas empresas pueden, incluso, ser extranjeras. Hemos visto así como el Instituto Americano del Petróleo (IAP), el portavoz de las compañías petrolíferas, se ha gastado 7.3 millones de dólares para oponerse (exitosamente) a cualquier legislación federal que previniera el calentamiento ambiental, resultado de la utilización de petróleo. Uno de los dirigentes más activos ha sido Tofiq Al-Gabsani, el representante de las empresas petrolíferas basadas en Arabia Saudí, hoy uno de los mayores financiadores del candidato republicano Romney.

La participación activa del IAP en la financiación del Partido Republicano fue la causa de que el 86% de los nuevos miembros republicanos en las últimas elecciones al Congreso de EEUU firmaran un manifiesto, redactado por IAP, en el que se comprometían a oponerse a cualquier tipo de legislación que regulara el comportamiento de la industria petrolífera para prevenir el cambio climático. El IAP ha negado que el obvio cambio climático tenga nada que ver con la utilización del petróleo, financiando estudios de nula credibilidad científica que supuestamente muestran que tal cambio climático se deba a causas naturales (ver Lee Fang “How Citizens United unleashed millions in secretive spending by US and foreign firms”. The Nation. 27.08.12).

Otro ejemplo es la Asociación de la Industria Farmacéutica, que ha gastado 10 millones de dólares para evitar (exitosamente) que el gobierno federal sea el que defina el precio de los fármacos que éste compra, con lo cual el precio de tales fármacos los dicta la propia industria farmacéutica en lugar del gobierno federal. EEUU es el único país que no utiliza su enorme poder de compra de fármacos para dictar los precios de los productos farmacéuticos que compra. Tiene que comprarlos al precio marcado por la industria.

¿En qué se gasta el dinero?

Esta cantidad de dinero se utiliza sobre todo para comprar tiempo televisivo y radiofónico, abierto al mejor pagador sin ninguna regulación en la distribución de tal espacio. Y el contenido de los anuncios políticos, cuyo número y tiempo de exposición depende del dinero del candidato político, tampoco tiene ningún tipo de regulación. Un anuncio puede mentir descaradamente –como lo hacen los candidatos Romney y Ryan- sobre sus adversarios políticos sin que haya ninguna capacidad de respuesta, excepto comprando otro anuncio que lo rebata. El que tiene menos fondos puede aparecer y rebatir menos. De ahí que el objetivo de Romney sea conseguir varias veces más dinero que el candidato Obama, hoy Presidente, pues está seguro (y lleva razón en sus predicciones) que con tal abundancia de fondos puede derrotarlo. Y estos fondos proceden, de nuevo, en su gran mayoría de la Corporate Class. Como ha reconocido nada menos que el Senador Republicano John McCain, candidato republicano a la presidencia de EEUU en 2008, “las elecciones en EEUU son un juego de poder en el que ambos partidos políticos –el Republicano y el Demócrata- compiten para permanecer en sus cargos, vendiendo el país al mejor postor” (citado en Bill Moyers, Money in Politics: where is the outrage?). ¿Es esto una democracia? Imagínense que esto ocurriera en Venezuela. El follón que se armaría en los medios sería enorme. Ocurre en EEUU, y tales medios dedican horas y horas a lo que llaman proceso democrático en aquel país, sin cuestionar, ni una sola vez, si es, en realidad, un proceso democrático.

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