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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 18 de septiembre de 2012

Este artículo señala las limitaciones de las reformas bancarias propuestas en Bruselas por el Consejo Europeo y en Madrid por el gobierno del PP, reformas que no resolverán el enorme problema del crédito y de la falta de demanda responsables de la gran recesión. El artículo hace una llamada a la necesidad de movilizarse, exigiendo referéndums que permitan a la población participar en (aceptar o rechazar) las medidas que tanto el partido gobernante español como el catalán están imponiendo sin que tengan un mandato para ello, incluyendo la reforma bancaria que ambos partidos han aprobado.

Es importante que a la ciudadanía se le informe (y los mayores medios de información no lo están haciendo) de que el poder del capital financiero y su excesiva influencia en el Consejo Europeo, en la Comisión Europea y en el Banco Central Europeo (BCE), así como en el Fondo Monetario Internacional (FMI) (lo que se conoce como la troika), está retrasando enormemente la recuperación económica. Tal poder está dictando las prioridades de la Unión Europea, en general, y de la Eurozona, en particular, en el desarrollo de políticas públicas destinadas a resolver la crisis enorme que sus países están sufriendo. Veamos la evidencia de lo que digo.

Las decisiones más importantes que se han tomado por las autoridades de la Eurozona han sido las que fueron aprobadas en la reunión del 28 de junio de este año 2012 en Bruselas. Frente a la enorme crisis que la Eurozona está sufriendo, con escaso, o incluso negativo crecimiento económico (que ha disparado el nivel de desempleo a niveles no conocidos antes en los últimos treinta años), tales autoridades pusieron como prioridad de su acción colectiva salvar a los bancos y al sistema bancario europeo. De ahí que se hicieran propuestas, todavía no aprobadas, de que hubiera un sistema bancario único, con un Banco Central que lo supervisara. Tal Banco Central será el Banco Central Europeo (BCE), que tendrá también la responsabilidad de proveer liquidez a los bancos en dificultades. En realidad, tal BCE ya ha proveído un billón de euros desde diciembre de 2011 a los bancos europeos. La mitad de esta cantidad ha ido a los bancos españoles e italianos. De ahí que los bancos europeos, incluyendo los españoles, no tengan –en contra de lo que se dice- falta de liquidez, es decir, de dinero. En realidad, los bancos europeos tienen mucho, mucho dinero. Lo que ocurre es que gran parte de este dinero lo tienen depositado, es decir, guardado en las arcas del propio BCE. Ahí está, guardado bajo llave, beneficiándose de la seguridad que ofrece el BCE y sus unidades satélites, los Bancos Centrales de cada país. A la ciudadanía tendría que informársele (y los mayores medios de información tampoco lo están haciendo) de que el problema de la falta de crédito no es que los bancos no tengan dinero. Lo tienen. Están llenos de dinero. El problema es que no lo prestan, ni lo circulan. Está depositado o está invertido en actividades especulativas. En un interesante artículo, Paul de Grauwe analiza las enormes consecuencias negativas que tiene tal comportamiento bancario (”The ECB, the OMT and Austerity”. Social Europe Journal. 14.09.12). Los bancos han estado mimados por los poderes públicos todos estos años. Han recibido millones de euros. Repito, los españoles y los italianos medio billón desde diciembre de 2011.

Pero, por si ello no fuera suficiente, ahora se ha creado un fondo común, llamado European Financial Stability Facility (EFSF), que prestará dinero a los bancos que estén en dificultades, dinero que tendrá que avalar y garantizar el Estado donde esté ubicado el banco ayudado. En realidad, el dinero se le dará al banco a través del Estado, de manera que será tal Estado el que se responsabilice de pagar a los bancos y devolver el dinero al EFSF aumentando con ello la deuda pública. España ya ha pedido ayuda y están a su disposición 100.000 millones de euros para ello, cantidad prestada al Estado con el objetivo de que éste se lo preste a la banca.

Estas decisiones, sin embargo, tendrán poco impacto sobre la crisis. Y la evidencia de ello es robusta. EEUU tiene ya un Banco Central (el Federal Reserve Board –elFRB-) que está haciendo todo (y mucho más) lo que ahora las autoridades de la Eurozona están proponiendo que haga el BCE. El Federal Reserve Board en EEUU supervisa a los bancos en EEUU y les ayuda en caso de dificultades. Y ha dado préstamos a intereses bajísimos a los bancos, proveyéndoles mucho dinero. Es menos permisivo, sin embargo, que el BCE con los depósitos de los bancos. El FRB facilita la circulación del dinero, desincentivando que los bancos lo depositen en el FRB, como ahora los bancos europeos están haciendo en el BCE.

Pero, a pesar de que el sistema financiero estadounidense ya tiene un modus operandi semejante a las propuestas que se están ahora haciendo referente a la ayuda del Banco Central a los bancos supervisados por él, la economía estadounidense, aunque no tan estancada como la europea, tiene una tasa de crecimiento menor de lo esperado. Y ello a pesar de que los intereses bancarios son ya muy bajos, más bajos que los intereses bancarios europeos.

¿Qué es lo que debería hacerse?

Lo que debería ser prioritario no es ayudar a los bancos privados (que hasta ahora no están proveyendo crédito, a pesar de tener mucho dinero), sino ayudar a los Estados y a las personas y empresas endeudadas. Un paso positivo sería que el BCE comprara deuda pública de sus Estados en el mercado primario y a largo plazo (diez años), tal como ya hace el FRB en EEUU, una intervención de gran importancia y que el BCE no hace. Tal compra protegería la deuda pública de los Estados de la Eurozona (incluida España) de la especulación por parte de los mercados financieros. Los pasos que el BCE acaba de indicar que estaría dispuesto a hacer (comprar deuda pública a corto plazo, a un máximo de 3 años, y en el mercado secundario) son pasos insuficientes para salir de la recesión (ver mi artículo “Por qué la decisión del BCE es una golosina envenenada”, publicado enPublico.es, 13.09.12, y en mi blog www.vnavarro.org). Pero además de insuficientes, las condiciones que el BCE pone para que se compren los bonos cortos es que se sigan las condiciones que impongan los talibanes neoliberales de la Comisión Europea y el FMI, los mismos personajes institucionales que acaban de imponer a Grecia medidas extremas, como que la semana laboral sea de seis días, además de más recortes, tanto de salarios como de gasto público. No hay duda de que estas últimas medidas acentuarán todavía más la recesión.

Lo que se requiere con gran urgencia para salir de la crisis es precisamente lo opuesto, es decir, que se desarrollen políticas públicas expansivas orientándolas a crear empleo y aumentar la demanda doméstica. El mayor problema económico (además de humano y social) en la Eurozona es el desempleo, realidad ignorada por las autoridades públicas de la Eurozona. El mayor crecimiento de EEUU se debe precisamente al estímulo expansivo que, aún siendo insuficiente para cubrir el enorme agujero creado por la explosión de la burbuja inmobiliaria de aquel país, ha facilitado un mayor crecimiento económico y mayor producción de empleo. Y precisamente este énfasis en políticas expansivas, de creación de empleo, es lo que se necesita (tal como está proponiendo la Federación Europea de Sindicatos), propuestas marginadas en las estructuras de poder de la Eurozona, consecuencia del excesivo dominio de la banca en la gobernanza de tal grupo de países.

La necesidad de rebelarse

Una última observación. Como si no fuera suficiente la enorme cantidad de ayuda pública que ha recibido el sistema financiero español, influida la banca, la tercera reforma financiera aprobada por el PP, con el apoyo de CiU, refuerza esta ayuda con el consiguiente argumento “de que tal ayuda dará confianza a los mercados financieros”, el argumento que se ha utilizado por ambas formaciones políticas para aprobar toda una serie de leyes que han beneficiado a los poderes financieros a costa de los intereses de las clases populares. En tal reforma no hay ninguna provisión directa que ayude a los usuarios de la banca endeudados hasta la médula ni a los medianos y pequeños empresarios, también profundamente endeudados. Una vez más, los nacionalistas conservadores y neoliberales a ambos lados del  Estado (los españoles y los catalanes) que argumentan enfrentarse en defensa de sus naciones, coinciden en la defensa de los intereses de clase, que la agitación de banderas intenta ocultar. Ni que decir tiene que en Cataluña los medios de información y persuasión públicos, controlados, y abusivamente instrumentalizados por CiU, mantendrán un silencio ensordecedor sobre tal alianza.

Como también está guardando un silencio ensordecedor sobre la enorme contradicción del Presidente Mas cuando pide, por una parte, que se respete la demanda popular de hacer un referéndum sobre la independencia de Cataluña, basado en un principio democrático, indicando que lo que diga el pueblo catalán debe hacerse, y por otra parte, llevar a cabo políticas totalmente opuestas a lo que prometió en su oferta electoral, tal como también ha estado haciendo el gobierno PP. Me parece bien (y así lo pedí antes de que CiU así lo pidiera) que el pueblo catalán pueda ejercer el derecho de autodeterminación. Pero me parece muy mal que los gobernantes hagan lo contrario a lo que prometieron, desoyendo al electorado que les eligió. Las críticas que se están haciendo al gobierno Rajoy por faltar a sus promesas aplican también al gobierno Mas. Sería interesante que el referéndum que se estaba pidiendo en España en las movilizaciones de Madrid también se pidiera en Cataluña: un referéndum que consultara al pueblo catalán si está o no de acuerdo en que se lleven a cabo tales recortes, recortes para los cuales no hay ningún mandato. Y podría añadirse en este referéndum si están también de acuerdo con los votos de CiU en las Cortes Españolas de apoyo a las políticas económicas y sociales del PP (que tampoco estaban en su programa electoral) y la reforma fiscal del PP (que tampoco estaba en su programa electoral), medidas todas ellas que afectarán negativamente a la calidad de vida y bienestar de las clases populares de Cataluña y de España.

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