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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 13 de junio de 2013

Este artículo critica los supuestos que sostienen la tesis de que el sistema de pensiones público necesita unas reducciones de sus beneficios a fin de garantizar su viabilidad. El artículo señala que no es la transición demográfica la que está cuestionando tal viabilidad, sino la distribución de las rentas a favor del capital y a costa de las rentas del trabajo que explica que aquellas actividades, como las pensiones, que derivan primordialmente de las rentas del trabajo estén experimentando una disminución de sus ingresos.

El mensaje que se está transmitiendo con gran intensidad en los medios de mayor difusión en Catalunya y otras partes de España es que los recortes de las pensiones son inevitables, mensaje que recuerda mucho al que se ha estado transmitiendo estos años sobre la inevitabilidad de los recortes. En la cultura económica dominante, los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social (sea este en forma de transferencias o de servicios públicos del Estado del Bienestar), son inevitables y necesarios para salir de la crisis y para “salvar” al Estado del Bienestar. El abanico de esta sabiduría convencional abarca desde los economistas ultraliberales (que todos sabemos quiénes son por su gran prominencia en los medios televisivos) a los socioliberales o socialdemócratas afines a la Tercera Vía, muy influyentes en el socialismo español y catalán. Incluso Josep Oliver, Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, economista al cual tengo gran respeto y estima y que fue influyente en el diseño de las políticas económicas del Tripartito, ha estado escribiendo artículos de apoyo a las políticas de austeridad (negando incluso que existieran, refiriéndose al crecimiento de la deuda pública como muestra de su inexistencia) y de apoyo a los recortes de las pensiones en un artículo titulado significativamente “Los inevitables recortes en pensiones” en El Periódico. 08.06.13, el rotativo que publica el mismo día y en el mismo número un editorial, “La revisión de las pensiones del futuro”, de apoyo a la reducción de las pensiones. Este rotativo no ha publicado artículos que cuestionen las tesis catastrofistas que están detrás de la supuesta necesidad de recortar las pensiones.

Veamos primero los datos que se aportan para sostener la tesis de que las pensiones tienen que recortarse inevitablemente, tomando los que utiliza el Profesor Josep Oliver en su artículo. De una manera representativa de aquellos (la mayoría) que consideran que la raíz de la supuesta insostenibilidad es la transición demográfica, Josep Oliver (a partir de ahora J.O.) indica que el punto débil de la sostenibilidad es que el número de personas en edad de trabajar (16 a 64 años) bajará de los 30.7 millones actuales a 20.8 millones a mediados de siglo, es decir en 2052, mientas que la población anciana (más de 65 años) habrá aumentado de 8 a 15 millones en el mismo periodo. Y ello dentro de un contexto de disminución total de la población que caerá de 46 a 41,5 millones, con lo cual, el porcentaje de gente anciana (de más de 65 años) pasará a representar del 17,4% en el año 2012 a un 36,6% en el 2052, situando a España entre los países más envejecidos del mundo, sino el más envejecido. Creo haber resumido bien las tesis de J.O. y de los catastrofistas basadas en la transición demográfica, que todos ellos concluyen que hacen inevitables las reducciones de las pensiones, subrayando que los gobiernos –incluido el español y el catalán- puedan hacer muy poco, al menos a corto plazo, para evitarlas. Se llega así a un determinismo demográfico que anula la voluntad política.

Estas tesis, sin embargo, son altamente cuestionables. Todas ellas se caracterizan por intentar resolver los problemas a base de recortes y no a base de aumentar los ingresos (para ver alternativas a los recortes de gasto público, ver el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España de Vicenç Navarro, Juan López y Alberto Garzón). Pero vayamos por pasos. En primer lugar, es altamente cuestionable que dentro de cuarenta años a partir de ahora España vaya a ser más pequeña y a tener una población menor. Si fuera así, dudo que fuera por causas demográficas. Si miramos el récord histórico demográfico de los pueblos y naciones de España, y muy en particular los últimos treinta años, podemos ver que, excepto en casos de recesión profunda, la población ha crecido. Es más, diferencial entre el nivel de vida de España y el de sus vecinos del sur continuará creciendo, con lo cual es más que probable que la inmigración no se interrumpa. Los porcentajes que J.O. utiliza, sumamente alarmistas, son más que cuestionables. Si asumimos que las tasas de crecimiento demográfico serán las mismas o semejantes a las de los periodos expansivos de la economía (que son los periodos más largos, a no ser que asumamos que estaremos siempre, o casi siempre, en recesión), entonces estos porcentajes utilizados por J.O. son excesivamente alarmistas. Es más, España está entre las zonas menos desarrolladas de la Eurozona y de la UE y, por lo tanto, es de esperar que (como ocurre en países menos desarrollados) su crecimiento económico será mayor que el promedio de la Eurozona. Esta ha sido la experiencia de España en los últimos cincuenta años. Y a mayor crecimiento económico puede asumirse que habrá mayores ingresos al Estado. Creo que sería un error asumir que España será más pobre en el 2052 que hoy.

Lo cual me lleva a otros dos factores que cuestionan las tesis catastrofistas, siendo el primero de ellos el número y el porcentaje de la población ocupada cotizante a la Seguridad Social. España tiene un filón que apenas ha explotado: el enorme potencial de la mujer en el mercado de trabajo. Solo el 51% de las mujeres están trabajando en el mercado de trabajo. Si en lugar del 51% fuera el 72% como en los países escandinavos, habría más de tres millones más de trabajadoras. Y el segundo factor es la productividad, puesto que a mayor productividad, mayores salarios y mayor cotización social. Es más, se necesita una mayor progresividad en la financiación de la Seguridad Social, pues paradójicamente, en el sistema actual, a mayores ingresos, menor es la cotización social (a partir de un nivel totalmente arbitrario). La corrección de tal regresividad aumentaría considerablemente los ingresos a la Seguridad Social.

Otro factor de gran importancia es el aumento de la productividad. La importancia de este factor queda clara cuando calculamos que el PIB aumentaría 2,25 veces en unos cincuenta años si la productividad aumentara un 1,5% por año (una cifra razonable), con lo cual, aún cuando el porcentaje del PIB gastado en pensiones pasara del 8% del PIB al 15% en estos cincuenta años, todavía la cantidad tanto para los pensionistas como para los no pensionistas sería mayor en 2060 que, por ejemplo, en 2007, cuando se inició la crisis. Así, si en el año 2007, de cada cien euros los pensionistas recibían 8 euros y los no pensionistas recibían 92, en el año 2060 aquellos cien euros habrían aumentado a 225 euros (constantes, con la misma capacidad adquisitiva) con lo cual los pensionistas recibirán mas de 8 euros, es decir, 33 euros (el 15% de 225) y los no pensionistas recibirán 192 euros. Considerar la ratio trabajadores versus ancianos constante, sin tener en cuenta el cambio de la productividad, es un error enorme. Hace cuarenta años había un 18% de la población en España trabajando en el campo, alimentando a la población. Hoy solo el 2% lo hace y produce más de lo que producía entonces el 18%. Pongan “pensiones” en lugar de “alimento” y pueden ver que si hoy se necesitan 2,5 trabajadores por pensionista, es razonable esperar que dentro de cuarenta años haga falta solo uno, o incluso menos. Imagínese el ridículo que habría hecho un economista que al ver que los trabajadores agrícolas disminuían hubiera alertado que España se moriría de hambre por falta de trabajadores en el campo. Pues sustituyan la palabra “alimento” por “pensiones” y verán el ridículo de las tesis catastrofistas.

El punto clave es, pues, la productividad y cómo se distribuye la renta generada por este aumento de la productividad. En los últimos años (desde que se estableció el euro) hemos visto que las rentas derivadas del trabajo han ido descendiendo (en parte resultado de las políticas neoliberales que han guiado el establecimiento del euro) mientras que las derivadas del capital han aumentado, en proporción a la renta total. Por primera vez desde que hay democracia, las rentas del capital son iguales a las rentas del trabajo. No es, pues, de extrañar, que aquellos programas como las pensiones públicas financiadas por las rentas del trabajo hayan sido negativamente afectadas por esta redistribución de las rentas a favor del capital a costa del trabajo. Y ahí está el problema. Y no tiene nada que ver con la transición demográfica. Como explicamos Juan Torres y yo en el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión, si suponemos que las rentas de un país son cuatro euros, dos que van al capital y dos al trabajo, y si de estos dos uno va a las pensiones, es lógico que si en lugar de dos son tres los que van al capital, sólo uno queda para el mundo del trabajo, con lo cual en lugar de un euro a las pensiones, va solo medio euro. Esto es lo que está pasando. Si se quieren salvar las pensiones, hay que redistribuir las rentas que se derivan del aumento de productividad a favor de las rentas del trabajo, tema que jamás aparece en las reflexiones de los catastrofistas, donde jamás se habla de la necesidad de la redistribución de las rentas y riquezas en España (uno de los Estados menos redistributivos y con gasto en pensiones y en protección social más bajos de la UE-15). Así de claro.

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