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Article publicat per Vicenç Navarro, 27 de març de 2013

Aquest article critica l’argument que constantment s’utilitza per protegir a la gran banca, que subratlla la necessitat de no intervenir i sancionar els seus comportaments per tal de no alterar “l’estabilitat financera”, considerada l’objectiu primordial de les polítiques públiques financeres.

La economía en EEUU no va del todo bien. Aunque mejor que en Europa –donde la economía va muy mal-, la situación económica y social en EEUU no es satisfactoria. El desempleo es mayor que el que existía antes de que se iniciara la crisis. Y los salarios son más bajos que los que había al principio de la crisis. Los beneficios de la banca, sin embargo, han alcanzado niveles no conocidos antes de la crisis. Wall Street, el centro financiero de EEUU, está felicísimo. Los beneficios son elevadísimos y nada ha cambiado en Wall Street. Todo, prácticamente todo, ha quedado igual. Los grandes centros financieros son y permanecen inmunes a cualquier sanción o intervención pública. Pueden hacer lo que quieran, desde negociar con dinero negro, conseguido a través del tráfico de drogas (un componente importante del capital financiero) a asumir los riesgos que quieran, pues el Estado les salvará.

En realidad, Dean Baker, codirector del Center for Economic and Policy Research y uno de los economistas que ha analizado con mayor rigor y detalle el mercado inmobiliario y su relación con Wall Street, sugiere que, por mera coherencia lingüística, se elimine la palabra “riesgo” del lenguaje financiero. Las grandes empresas financieras no corren ningún –repito ningún- riesgo. El mercado no funciona en el sistema financiero, no existe, ni tampoco se le espera. Si una gran empresa financiera especula e invierte en una actividad de alto riesgo y resulta que fracasa en su inversión, el Estado vendrá y le sacará de los apuros. El inversor nunca perderá.

Si el lector cree que Dean Baker y yo estamos exagerando, le aconsejo que lea las declaraciones de nada menos que el Ministro de Justicia del Gobierno Federal de EEUU (que se denomina Attorney General), el Sr. Eric Holder, en su testimonio frente al Comité del Senado de aquel país, encargado de la regulación bancaria. Frente a las críticas de algunos Senadores por la excesiva prudencia y pasividad del Gobierno Federal frente a los escándalos de los grandes bancos, responsables de la crisis financiera, tal señor señaló que la máxima preocupación del gobierno era la estabilidad financiera, indicando que una intervención pública de carácter sancionador “crearía inestabilidad financiera”.

Este argumento ha sido empleado constantemente por las autoridades públicas para no intervenir y sancionar a las grandes empresas financieras. Y es utilizado por la propia banca para protegerse de la intervención pública. Dean Baker cita, en su excelente artículo “Big Bank Immunity: When Do We Crack Down on Wall Street?” (Truthout, 11.03.13), el caso de Robert Rubin, dirigente del banco Citigroup -y que más tarde sería el Ministro de Finanzas del Presidente Clinton, responsable de la anulación de la Glass-Steagall Act (que prohibía a los bancos comerciales actuar como bancos de inversión)- que en una ocasión llamó a un funcionario del Ministerio de Finanzas pidiéndole que retrasara la bajada del precio de los bonos privados de la compañía intervenida ENRON hasta que Citigroup vendiera los que tenía en su poder. El funcionario se negó a ello. Y cuando más tarde se conoció tal llamada, el Sr. Robert Rubin, con toda la calma y frescura, contestó que lo había pedido “para evitar la inseguridad financiera” que se podría haber generado, como resultado de las grandes pérdidas de su banco. La seguridad financiera es el argumento que se utiliza para proteger cualquier comportamiento (incluso delictivo) que la banca realice en su búsqueda de mayor beneficio. Hoy, todo el mundo sabe que J.P. Morgan y Bank of America han cometido un gran número de actividades delictivas. Y, sin embargo, no se les toca porque alterarían la “estabilidad financiera”.

Parecería lógico, por lo tanto, que frente a esta situación el Gobierno Federal considerara como una medida urgente y necesaria, para mantener un sistema financiero estable y sano,  prevenir la enorme concentración de la actividad bancaria (una situación que, por cierto, se repite también en España), rompiendo estos grandes conglomerados en diversos componentes más pequeños, evitando la existencia de grandes bancos, convirtiendo los bancos en actividades comunitarias. Como se dice en EEUU, el tamaño de los bancos les protege de ir a la prisión (“too big to fail means to be too big to jail”). El hecho de que esta alternativa ni se considere habla a montones del gran poder de tales bancos. Así de claro.

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