Article publicat per Vicenç Navarro al diari digital EL PLURAL, 5 de desembre de 2011
Aquest article mostra que ni els resultats electorals del 20N ni les enquestes populars realitzades durant tots aquests anys signifiquen que hagi existit a Espanya o que hi hagi avui un mandat popular per a que els governs del Partit Popular i de CiU portin a terme les retallades de despesa pública social que estan proposant i realitzant.
Como era predecible, la mayoría de los medios de mayor difusión del país están presentando una imagen de lo ocurrido en las elecciones del pasado 20-N que no se corresponde con la realidad, y ello es consecuencia de que, en su descripción de los resultados electorales, no tienen en cuenta las enormes deficiencias del sistema electoral español. Al centrarse en el número de escaños obtenidos el día de las elecciones se ignora que tal mayoría de escaños no corresponde con la mayoría real del país. No es cierto, como están anunciando tales medios, que España se haya movido a la derecha. El hecho de que, excepto Cataluña y el País Vasco, todas las CCAA fueran azules (el color del PP) en el mapa gráfico del resultado de las elecciones, dio un mensaje falso de que España se había corrido a la derecha.
España (desde el punto de vista electoral) es toda la población que podía votar, es decir, el censo electoral. Pues bien, el censo electoral muestra que en las elecciones del 20-N el apoyo popular al Partido Popular fue del 30,27% que fue únicamente un 0,97% superior al que consiguió en 2008. Mírese como se mire, un incremento que es inferior al 1% del censo es un incremento minúsculo sobre el cual ahora se está montando todo el mensaje mediático de que la población española se ha corrido a la derecha. Es importante que esto se entienda porque según fuentes próximas a la dirección del PP, el señor Mariano Rajoy, presidente del PP, ha prometido a la señora Merkel que va a recortar 18.000 millones de euros en los próximos meses, que los medios de mayor difusión presentarán como resultado de un mandato popular que los datos muestran claramente que no existe, puesto que el PP no representa a la mayoría de la ciudadanía en España.
Una situación semejante ocurre en Catalunya, donde el partido gobernante, CiU, ha presentado los resultados de las elecciones como prueba del apoyo por parte de la población catalana hacia los recortes que han llevado a cabo al frente del gobierno. CiU ha obtenido sólo el voto del 18,8% del electorado catalán, es decir, de los catalanes que podían votar. Es por lo tanto una fuerza muy minoritaria en Catalunya. No llega ni siquiera a uno de cada cinco catalanes. No se puede deducir de estos datos que haya un apoyo popular a estos recortes, tal como el gobierno Mas está presentando los resultados de estas elecciones.
La gran noticia del domingo fue, no el movimiento de la ciudadanía a la derecha, sino el descenso muy notable del voto del partido socialista, el PSOE en España y el PSC en Catalunya. El PSOE pasó del 32,19% al 19,49% y en Catalunya del 31,7% al 17,1%. La pérdida de estos votos se debe, en gran parte, a la aplicación de políticas económicas de carácter neoliberal que han antagonizado a sus bases electorales.
La movilización mediática para acentuar un mandato que no existe
La gran mayoría de los medios de España son conservadores o liberales (en realidad neoliberales). Ello explica el mensaje que transmitieron inmediatamente después de las elecciones de intentar presentar las elecciones del 20-N como un movimiento de la población de los distintos pueblos y naciones de España hacia posturas conservadoras y neoliberales. De esta manera se está construyendo una interpretación de lo ocurrido en el 20-N como un mandato para recortar todavía más el escasamente financiado Estado del Bienestar español. El objetivo de mostrar el mapa electoral de España de color azul y Catalunya de un azul más intenso era precisamente afirmar que España es hoy de derechas.
Los datos, sin embargo, muestran una realidad distinta. Los votos al PP y a CiU han sido minoritarios (más minoritario el de CiU que el del PP). Y también es minoritario (muy minoritario) el apoyo a los recortes de gasto público social. Según el centro de investigación sociológico CIS, sólo un 2,7% de la población está a favor de los recortes del gasto público sanitario que han estado ocurriendo o que se está proponiendo; sólo un 3% favorece recortes en educación; un minúsculo 3,5% está de acuerdo con los recortes en pensiones y sólo un 9,8% favorece recortes en los servicios sociales. En cambio, más del 50% favorece recortes en Defensa.
En realidad, la población española está entre las poblaciones de la Unión Europea que creen que sus Estados deberían gastarse más en sus Estados del Bienestar. El 87% de la población española considera que el Estado debería gastarse más o mucho más en sanidad; el 87% cree que debería gastarse más o mucho más en educación, y el 83% cree que debería gastarse más o mucho más en pensiones. Es difícil alcanzar unos mayores porcentajes de apoyo al Estado del Bienestar.
Es más, la gran mayoría de la población no sólo favorece la expansión del gasto público en las transferencias y en los servicios públicos del Estado del Bienestar, sino que se opone a que la reducción del déficit público ocurra a costa de recortes en el gasto en tales transferencias y servicios. Frente a la pregunta “Suponiendo que las Administraciones Públicas se vieran obligadas a recortar prestaciones y servicios públicos, dígame si estaría a favor o en contra de que se recortaran los siguientes servicios”, la enorme mayoría, (el 97%) están en contra de que se recorte en sanidad; el 97% de que se recorte en educación; el 97% de que se rebajen las pensiones; un 91% de que se reduzca el seguro de desempleo; un 83% de que se recorte en el capítulo de vivienda social. Es imposible encontrar porcentajes más altos en contra de los recortes que están teniendo lugar. Por otra parte, el 55% favorecía recortar Defensa.
Mírese como se mire, pues, no puede argumentarse que exista un mandato para realizar las políticas de recortes del Estado del Bienestar que están ocurriendo. En realidad, la gran impopularidad del gobierno Zapatero y de su partido, el PSOE, se debe a que llevó a cabo tales políticas de austeridad, en ausencia de un mandato popular. El argumento utilizado por la dirección de tal partido para explicar su enorme retroceso electoral (de que no se explicó bien a la población), carece de credibilidad, puesto que la gran mayoría de medios de información españoles apoyaron tales medidas de austeridad, proveyendo amplias cajas de resonancia mediática a sus argumentos.
La gran mayoría de la población entendió muy bien sus argumentos y, con razón, no los aceptó. La continua excusa del perdedor, aduciendo que fue derrotado porque no se explicó bien (el argumento que utiliza la dirección del PSOE) es la manera de justificar unas políticas públicas de austeridad que, además de ser innecesarias (véase Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, Hay Alternativas, en www.vnavarro.org), se están mostrando (tal como predijimos los autores de tal libro), contraproducentes.
Y lo que alcanza niveles de gran incoherencia es atribuir la victoria de PP a su programa electoral, incluyendo mano dura, con todo tipo de recortes en el Estado del Bienestar. Los datos mostrados al inicio del artículo señalan claramente que el hecho más llamativo del 20-N no fue el inexistente incremento de voto del PP, sino el colapso del PSOE, debido precisamente a los recortes que llevaron a cabo. Creerse que el voto del PP refleja un mandato popular para continuar tales políticas es de una incoherencia que, por desgracia para la democracia española, se reproduce con excesiva frecuencia en los mayores medios de información y persuasión del país.