Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 13 de diciembre de 2010

Este artículo critica la falta de sanciones por parte de los estados a los comportamientos especulativos (muchos de ellos ilegales) de los bancos (responsables de la enorme crisis financiera actual) y a los Bancos Centrales, incluyendo el Banco de España y el Banco Central Europeo, responsables de supervisarlos. El artículo señala que los parlamentos (incluidas las Cortes Españolas) deberían establecer comisiones para analizar tales comportamientos de la banca y el fallo (cuando no complicidad) de las instituciones reguladoras y supervisoras del sistema financiero y, en caso que se requiera, se proceda a pedir responsabilidades penales, tal como ha hecho el Parlamento de Islandia.

Si un cirujano opera a un paciente y comete un error, resultado de negligencia o de incompetencia, que causa su muerte, el cirujano probablemente será sancionado, sanción que puede incluso llegar al encarcelamiento y pérdida de su licencia de ejercer su profesión, la cirugía. Es lo que se llama mala práctica médica. Tal sistema de sanciones es necesario para proteger a la ciudadanía de incompetencias y negligencias de profesionales cuyas acciones pueden afectar su bienestar y calidad de vida. Y si un empresario debido a su negligencia y/o imprudencia daña la salud de sus trabajadores, puede recibir sanciones que incluyan también su encarcelamiento. Estas normas y sanciones existen en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). En todos ellos se considera necesario que se desarrollen normas y sanciones que protejan a la ciudadanía del daño causad por terceros, resultado de incompetencia o negligencia. Es más, si estos terceros sacan provecho y se benefician de tales daños, la sanción es incluso mayor.
Estas normas y sanciones, sin embargo, han sido totalmente ignoradas en la situación actual en la que los banqueros, debido a sus malas prácticas, han creado la mayor crisis financiera hasta ahora conocida desde la II Guerra Mundial, crisis que ha causado un enorme dolor y daño a millones de personas. A pesar de ello, ninguno ha terminado en la cárcel. La enorme incompetencia, negligencia y avaricia de tales banqueros ha llevado a la ruina a millones y millones de personas. Y el daño era previsible, pues ya a mediados de la primera década del siglo XXI hubo economistas como Dean Baker en EEUU, entre otros, que alertaron de que las malas prácticas bancarias nos estaban llevando a una situación catastrófica. Mientras, las agencias de evaluación de bonos como Moody, Standard & Poor’s, entre otras, estaban dando excelentes notas a los bancos que se colapsaron al día siguiente que tales agencias les dieran una nota de sobresaliente. Y semejante incompetencia e irresponsabilidad (cuando no complicidad) se presentó entre las agencias e instituciones supervisoras de los bancos y del sistema bancario, incluyendo los Bancos Centrales de tales países. Nadie –repito, nadie- ha sido sancionado.
Este silencio ensordecedor de la actividad sancionadora de los estados es escandaloso. Pero la situación es incluso peor. En lugar de llevar a la cárcel a los banqueros y a sus supervisores (tanto del sector público como del privado), se les dio millones y millones de dólares y euros, no sólo una sino dos, tres y cuatro veces, a fin de evitar que se colapsaran, conllevando además enormes beneficios personales. Ha sido el caso más bochornoso que ha ocurrido en los últimos cien años y que expresa el maridaje entre poder financiero y poder político en la mayoría de tales estados. No es de extrañar que en la mayoría de sociedades donde el estado ha ayudado con dinero público a los bancos exista un enfado de la mayoría de las clases populares hacia el poder político, enfado que comienza incluso a cuestionar la legitimidad de tales estados. De ahí que se esté intentando dar una respuesta a tal enfado.
La Comisión Europea ha propuesto hace unos días la homologación entre los países de la UE de los sistemas de normas y sanciones contra delitos financieros, intentando frenar los excesos en la especulación bancaria. Pero incluso estas medidas, bastante moderadas, no han ido más allá de ser propuestas hechas para intentar dar la impresión de que algo están haciendo. Pero son dramáticamente insuficientes. Como bien ha dicho el Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, “hasta que banqueros y responsables de las instituciones supervisoras del sistema financiero no terminen en la cárcel, la crisis financiera no se resolverá” (Washington Block, Nov.4, 2010).
Pero no sólo no han ido a la cárcel, sino que los representantes de la banca y de los Bancos Centrales, incluyendo el Banco Central Europeo, están ahora diciendo que los problemas con los que tales sociedades se encuentran, como son el elevado desempleo, se deben, no a ellos, sino a los sindicatos y a las supuestas rigideces que –según la banca- los sindicatos imponen en el mercado laboral en apoyo de los intereses de los trabajadores. Véanse los continuas y repetidas declaraciones del Gobernador del Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez, atribuyendo el elevado desempleo a las supuestas rigideces del mercado de trabajo e ignorando su responsabilidad por haber causado la crisis al no prevenir la burbuja inmobiliaria causada por el complejo bancario-inmobiliario.
Ahora bien, la protesta popular a esta situación comienza a tener efecto. Y algunos banqueros y sus supervisores pueden terminar en la cárcel. En Islandia, hace un año y medio, los tres mayores bancos –Kaupthing, Landsbanki y Glitnir- se colapsaron, resultado de sus actividades especulativas. Sólo la ayuda del estado les permitió sobrevivir. El Parlamento de aquel país acaba de publicar el informe de una Comisión Parlamentaria nombrada para averiguar la causa de lo ocurrido. En el informe se documenta, no sólo la incompetencia, sino las malas prácticas de los equipos de dirección de aquellos bancos, así como la incompetencia, cuando no complicidad, de las agencias privadas (sistema de auditoría) y públicas, que en teoría debieran supervisarlas. Como consecuencia, se han llevado a los tribunales a los equipos directivos de aquellos bancos, así como a sus supervisores, con petición de encarcelamiento y sanción por su comportamiento, que el informe define como criminal. Sería de desear que en España las Cortes Españolas nombraran una comisión para analizar las causas de la crisis bancaria española y ver si los equipos de dirección de los mayores bancos y sus supervisores públicos y privados incurrieron en alguna responsabilidad criminal.

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