Publicado en el periódico digital SISTEMA. 5 diciembre 2008
El Partido Popular ha hecho de la expansión del déficit del Estado el campo de batalla para oponerse al gobierno socialista cuyo Presidente, el Sr. Zapatero, ha indicado que tal déficit podría incluso alcanzar una cifra equivalente a un 4% del PIB del país, sobrepasando el límite autorizado por el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea que establece como máximo la cifra de un 3%. El dirigente del PP, el Sr. Rajoy, ha subrayado que esta permisividad del gobierno, aumentando tanto el déficit del Estado, es una medida que dañará la economía española, proponiendo, en su lugar, una disminución de tal déficit, con una reducción del gasto público. Tales recortes junto con otra propuesta del PP, la de reducir los impuestos, disminuirá enormemente el tamaño del gasto público en España, uno de los más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países más próximos al nuestro por el nivel de desarrollo económico.
La primera observación que la propuesta del Sr. Rajoy genera es subrayar que, por lo general, no coincide con las propuestas hechas por la mayoría de partidos conservadores o liberales que gobiernan en la mayoría de países de la UE-15 y de Norteamérica (EE.UU. y Canadá). La mayoría de éstos están llevando a cabo políticas expansivas de gasto público, incluso a costa de aumentar significativamente el déficit del Estado. En EE.UU., bajo la Administración Bush, tal déficit ha alcanzado ya casi un 6% del PIB. Es cierto que históricamente los partidos de derechas hicieron de la reducción e incluso eliminación del déficit público un elemento clave de sus propuestas de gobierno. Ello fue así hasta la revolución neoliberal en la década de los años ochenta. El Partido Republicano en EE.UU. había criticado tradicionalmente al Partido Demócrata por ser el Partido identificado con grandes déficits. Esta postura, sin embargo, cambió con el Presidente Reagan, y más tarde con el Presidente Bush padre, cuando el gasto público aumentó considerablemente (debido primordialmente al crecimiento del gasto militar), pagándose, en parte, con un aumento del déficit público. Los gastos del gobierno federal fueron muy superiores (el equivalente al 6% del PIB) a los ingresos al Estado. Paradójicamente, fueron los Demócratas los que a partir de entonces hicieron de la reducción del déficit el centro de su campaña, un cambio que no fue muy rentable electoralmente. Aunque retóricamente la población declarara en las encuestas que favorecía la reducción del déficit, ningún candidato consiguió mucho apoyo electoral centrándose en este tema. Incluso dos terceras partes del electorado del candidato Perot (que hizo de la eliminación del déficit el elemento central en su campaña) indicaron en las encuestas a salida de las urnas que la reducción del déficit no fue la causa de que le votaran. Y, aunque la reducción del déficit estaba incluida en el programa del candidato Clinton en 1992, este tema pasó desapercibido durante su campaña electoral. Lo que movilizó al electorado de Clinton fueron sus propuestas de reformas sociales, incluyendo la universalización de la sanidad en aquel país. Un tanto semejante ha ocurrido en la campaña de Obama, que incluía en su programa la reducción del déficit. Una vez elegido, ha propuesto un programa de gran expansión del gasto público que aumentará el déficit del estado, alcanzando cifras por encima del 7%.
Argumentos que se han utilizado en contra de la expansión del déficit
Uno de los argumentos más utilizados en contra de la expansión del déficit (que Rajoy también ha utilizado) es que el Estado debiera hacer lo que las familias hacen: equilibrar sus cuentas. Según tal supuesto, “Las familias no gastan más de lo que ganan”. El problema con esta observación es que ignora que la mayoría de las familias gastan en cualquier momento determinado más de lo que ganan. Las economías familiares no podrían mantener su nivel de vida sin pedir dinero prestado. Esto es lo que se llama endeudamiento, basado a su vez en la existencia de crédito. Las familias piden préstamos para poder pagar (no ahora, sino más tarde) la casa, los estudios de sus hijos, los medios de transporte (coche y otros) que necesitan, y un largo etcétera. La gente no acumula y ahorra dinero hasta que tiene el suficiente para pagar el precio total de la vivienda que quieren comprar. Las familias piden la hipoteca y la pagan poco a poco en varios años. Pues lo mismo hace el Estado. El Estado, como las familias, debe pedir prestado (se llama la deuda pública), para poder asegurarse un mejor presente y futuro para la ciudadanía. Debe construir escuelas, servicios públicos, carreteras, y un largo etcétera. No permitir al Estado, sea éste Central, Autonómico o Municipal, que se endeude o permitirle un porcentaje muy bajo de su PIB (como ocurre en España), es un enorme error. Parte de las enormes insuficiencias en las infraestructuras y estado del bienestar del Estado español, de las CC.AAs. y de los Municipios, se basan en estas políticas de tener bajos déficits, exigiendo excesiva austeridad a las CC.AAs. y a las autoridades locales.
Otro argumento que se utiliza en contra de la expansión del déficit es que dejamos a nuestros hijos una enorme deuda que tendrán que pagar ellos. Aparecen así artículos que hablan de la falta de solidaridad con las generaciones futuras, cargándoles con una deuda que tendrán que pagar nuestros hijos y nietos. Este argumento ignora que en la mayoría de los países europeos, incluyendo España, los déficits del estado que han determinado la existencia de la deuda pública, han sido necesarios para pagar las inversiones públicas y el estado del bienestar, gastando en escuelas, obras y servicios públicos y otros gastos que son inversiones para el futuro. Un tanto distinto es en EE.UU. donde gran parte de la deuda pública se debe a los gastos militares utilizados para financiar la enorme cantidad de guerras que son una constante en la historia de aquel país. Este no ha sido el caso en la Unión Europea. De ahí que la discusión del déficit oculta otra discusión que es incluso más importante, y que tiene que ver con la naturaleza del gasto y de la deuda pública. Cuando se analiza la deuda pública (que es el dinero que el Estado tiene que pagar por haber pedido prestado dinero para cubrir el déficit), hay que analizar de dónde viene. En una familia no es lo mismo endeudarse para pagar la educación de los niños y otros gastos relacionados con su formación, que endeudarse para irse a un viaje de placer al Caribe. Pues igual con los estados. Pueden haberse gastado en gastos superfluos (muchos de los gastos militares lo son) o en gastos necesarios que mejoran el presente y el futuro del país. Y es ahí donde debiera haber un debate que no está ocurriendo en España sobre lo que es inversión o lo que es mero gasto corriente. En círculos económicos y financieros se admite que construir AVES a lo largo del territorio español es una inversión. Y construir escuelas e invertir en educación es también una inversión. Y ayudar a las empresas a que se modernicen es también una inversión.
Pero no se tiene la misma receptividad para ver a los servicios del estado del bienestar como una inversión. Y sin embargo, invertir en escuelas de infancia, servicios de dependencia, servicios sanitarios, servicios de prevención de la exclusión y de la pobreza es tan o más importante para mejorar la economía de un país, que las inversiones en infraestructuras. En EE.UU., por ejemplo, se ha calculado que cada mujer que entra en el mercado de trabajo crea nuevos puestos de trabajo, puesto que alguien, en el mercado de trabajo, tiene que cocinar, limpiar la ropa, cuidar de la familia, y una larga lista de funciones que ahora hace el ama de casa. También tenemos evidencia de que el soporte a las familias (escuelas de infancia y servicios de dependencia) libera a los miembros de las familias, y muy en especial a las mujeres, incrementando su participación en el mercado de trabajo y su productividad. La seguridad y protección social es una enorme inversión. De ahí que sería importante y urgente que la muy positiva aceptación por parte del equipo económico del gobierno socialista de aumentar el gasto público (a costa de aumentar el déficit público) se tradujera también en un cambio de orientación, considerando el gasto social –no solo en educación- como una inversión y no sólo como un gasto.
Una última observación. Se está proponiendo incluso en amplios sectores socialistas (y no digamos en círculos conservadores), la idea de que no es ahora el tiempo para resolver (a través de la reforma de la financiación autonómica) el gran déficit de gasto público social que existe en las CC.AAs. Esta postura parece ignorar que es precisamente ahora cuando es más urgente que nunca, que se resuelva esta situación de una manera equitativa y suficiente para las CC.AAs., puesto que éstas son ahora responsables por la gestión de los diecisiete estados del bienestar autonómicos. Existe en España un déficit de gasto público social de 58.000 millones de euros (véase Navarro, V. (edic.) La situación social en España. Volumen III. 2008) que está dificultando enormemente el desarrollo social de España (España continúa estando a la cola de la UE-15 en gasto público social per cápita). Es precisamente en este momento de crisis y urgencia, cuando se requiere incrementar sustancialmente el gasto público (incluyendo el gasto público social), no sólo en conseguir una mayor cobertura del desempleo (una función muy importante), sino también en cubrir los enormes déficits de empleo en los servicios públicos del estado del bienestar. El escaso desarrollo de la excelente Ley de Dependencia, consecuencia de su subfinanciacion, es un claro ejemplo de ello. Estos gastos debieran realizarse a base de incrementar el déficit, aumentar los impuestos de los súper ricos (España está entre los diez países del mundo con más millonarios), y corregir el fraude fiscal (que alcanza la cifra de 85.000 millones de euros). Paralizar todas estas intervenciones esperando que se resuelva la crisis es la manera errónea de perpetuarla.