Conferencia presentada en el panel Democracia, Trabajo y Economía durante las jornadas del VII Encuentro: La calidad de la democracia: las democracias del siglo XXI. 2 a 5 julio 2008. SalamancaVicenç Navarro, Maria Freixanet y MartaTurIntroducción: El contexto político de las políticas económicas y socialesEl carácter excesivamente disciplinario de la actividad universitaria en España explica que haya, en general, poca relación entre estudios políticos por una parte y estudios económicos por otra. Creo que puedo hablar con conocimiento de causa, puesto que a partir de mi vuelta del exilio he sido catedrático de Economía Aplicada (en la Universidad de Barcelona), trabajando en un ambiente de investigación económica durante este periodo de mi vida antes de ganar una Cátedra de Ciencias Políticas y de Administración Pública (en la Universidad Pompeu Fabra), haciendo desde entonces investigación en uno de los centros de análisis politológicos más importantes del país. Ello me ha llevado a la conclusión de que es necesario romper la separación disciplinaria que existe entre las dos áreas del conocimiento a fin de analizar el contexto político del fenómeno económico, contexto que sorprendentemente está poco estudiado en España. Este es el intento de esta presentación: analizar como el contexto político español ha configurado en nuestro país el gasto público en general y el gasto público social en particular, el tipo de gasto que afecta más la calidad de vida y el bienestar social de la población y muy en particular el de las clases populares. Quisiera aclarar que no voy a analizar los mecanismos a través de los cuales tal gasto público incide en el bienestar de la población. Este es un tema de gran importancia que he analizado junto con otros colegas del Observatorio Social de España en otros textos, y muy en especial en La situación social de España. Volumen I y II. Biblioteca Nueva 2005 y 2007.
Aquí me centraré en el análisis del contexto político del gasto público y muy en particular del gasto público social que constituye el pilar del estado del bienestar, incluyendo como tal aquellos servicios y transferencias públicas que afectan al ciudadano, sea éste trabajador, consumidor, o residente en una comunidad específica. La tesis que sostengo en este artículo es que a mayor democracia representativa en un país, mayor desarrollo del estado de su Estado del bienestar, y mayor bienestar social. Y al revés, a menor democracia representativa en un país, menor desarrollo del estado del bienestar y menor bienestar social. Y tomaré España como el país donde realizar el estudio de caso.
¿Qué quiere decir democracia?
Considero democracia aquel sistema político que permite a cada ciudadano incidir con el mismo peso en las decisiones de las instituciones que lo representen. El ciudadano en este esquema es el centro del sistema electoral representativo. Esta interpretación está arraigada en el principio de la Revolución Francesa que fue la que estableció el ciudadano y la ciudadanía como la base de la soberanía popular. Tal principio asume que a cada ciudadano le corresponde un voto que debe tener el mismo peso (es decir, la misma capacidad de decisión), independientemente de su clase social, de su género, de su localización, de su orientación política, de su religión, de su etnia o raza, o de su ubicación territorial. El eslogan de la Revolución francesa, “libertad, igualdad y fraternidad” es el que expresa mejor esta definición de igualdad como igualdad política en una comunidad en que todos los ciudadanos deciden con el mismo peso.
El sistema democrático que mejor refleja este principio es el que se basa en un proceso electoral basado en la proporcionalidad, es decir, un sistema electoral en el que el número de los escaños de los representantes sean proporcionales al porcentaje expresado por el voto popular. Según tal sistema, si un partido consigue, por ejemplo, el 32% de los votos, debiera conseguir un 32% de los escaños de la Cámara representativa. El sistema democrático más distante a este principio de proporcionalidad es el sistema electoral mayoritario, cuya máxima expresión es el sistema democrático estadounidense, que favorece el bipartidismo, reduciendo el número de opciones ofrecidas al ciudadano para su elección. Tal sistema mayoritario favorece el bipartidismo de manera tal que diluye la proporcionalidad a favor de los dos partidos más votados. La bibliografía sobre las ventajas y desventajas de cada modelo era enorme. Pero es importante subrayar que tal como Walter Korpi (The Democratic Class Struggle, 1983), Torben Iversen (Capitalism, Democracy and Welfare, 2005) y Torben Iversen y David Sorkice (“Electoral Institutions and the Politics of Coalitions: Why some democracies redistribute more than others”. American Political Science Review. Vol. 100, No 2. 2006 pp. 165 – 181) han señalado, partidos que históricamente han representado los intereses de las clases trabajadoras y otros componentes de las clases populares, han favorecido más el sistema electoral proporcional que el sistema mayoritario pues les ha permitido alcanzar coaliciones mayoritarias de izquierdas con las cuales desarrollar políticas redistributivas y de expansión del Estado de Bienestar. Tales autores han también documentado como el sistema mayoritario es el sistema que dificulta más las políticas redistributivas al potenciar a las fuerzas conservadoras que se oponen a tales políticas. Puede así desarrollarse una tipología agrupando los países según su sistema electoral, incluyendo en un polo aquellos con gran desarrollo del sistema proporcional (como los países nórdicos de Europa, donde tradicionalmente las clases trabajadoras han sido fuertes), y en el otro polo opuesto países con un sistema electoral mayoritario (como EE.UU., donde la clase trabajadora es muy débil). Los primeros sistemas electorales – los proporcionales – han facilitado el desarrollo de un estado de bienestar universal y extenso, mientras que los segundos sistemas electorales – los mayoritarios – han dificultado el desarrollo de su estado de bienestar. El objetivo de este artículo es mostrar que las tesis de Korpi (a quien tuve el gran privilegio de tener como maestro) así como Iversen y Sorkice aplican también a España, mostrando que el gran retraso social de España se basa, en gran parte, en la escasa proporcionalidad de su sistema electoral que dificulta el establecimiento de alianzas entre partidos de izquierdas favorables al desarrollo de políticas redistributivas y expansivas del Estado del bienestar.
El caso español: la democracia escasamente representativa
Supongamos que España tuviera un sistema electoral proporcional de manera que si un partido consiguiera el 23% de los votos, consiguiera también el 23% de los escaños en la Cámara que representa a la población, es decir, en el Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas. Pues bien, si ello hubiera sido así, podemos ver en el cuadro 1 que en la mayoría del periodo democrático las izquierdas (en las cuales se incluyen partidos de centro-izquierda e izquierda) hubieran tenido amplias mayorías en tal cámara representativa, y ello como consecuencia de que las izquierdas han conseguido en todas las elecciones al Congreso tener muchos más votos que las derechas (que incluyen los partidos de centro-derecha y derecha), excepto en los años 1977 y 1979 (cuando las izquierdas salían de la clandestinidad) y en el año 2000 cuando se alcanzó el máximo de abstención (31%) que ha ocurrido en el periodo democrático (abstención que fue predominantemente de izquierdas). En todas las otras elecciones, el voto de izquierdas fue mucho mayor que el voto de las derechas. Así la ventaja de votos que la izquierda consiguió sobre las derechas fue de 2.677.061 votos en 1982, de 1.460.497 votos en 1986, de 2.174.278 en 1989, de 2.014.027 votos en 1993, de 1.251.822 votos en 1996, de 2.152.514 en 2004 y de 1.486.896 votos en 2008. Los números no se alterarían significativamente en el caso de que se excluyeran aquellos partidos como HB, NA-BAI, PAR, UPyD y otros, de difícil ubicación en el eje izquierda-derecha.
Estos datos muestran que durante la mayoría del período democrático, el electorado en España ha votado izquierdas. Puesto que una característica de las izquierdas ha sido su apoyo a las políticas públicas redistributivas y expansivas, favorable a la extensión del Estado del bienestar, sería razonable asumir que la realización de tal deseo electoral de izquierdas hubiera tenido consecuencias importantes en el estado del bienestar español, siendo una de ellas el que España dejara de estar a la cola de la Europa Social. La evidencia acumulada en la literatura científica muestra claramente que, en general, a mayor influencia política de las izquierdas, mayor el desarrollo del estado del bienestar universal con amplia cobertura de transferencias y servicios públicos (ver Navarro, V. The Political Economy of Social Inequalities. Baywood. 2002). De ahí que pueda concluirse que si las izquierdas hubieran gobernado durante la mayoría del periodo democrático, hoy España sería diferente. Como punto de comparación, Suecia pasó en un período de treinta años de ser en los años cincuenta un país con protección social semejante al resto de países europeos continentales, a ser el líder de la Europa Social con mayor gasto público social de la UE-15. Durante el periodo 1950-1980, Suecia estuvo gobernada por una alianza del partido mayoritario de las izquierdas, el partido socialdemócrata, con un partido a su izquierda, el Partido Comunista, y un partido agrario. En España, por el contrario, treinta años después de la democracia continúa estando a la cola de Europa Social de los Quince, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro. Tal como muestra el cuadro 2, el gasto público por habitante en unidades de poder de compra, en euros estandarizados, España tenía en el año 2005 – último año que EUROSTAT publica datos homologables – el nivel de gasto más bajo de todos los países de la Unión de los quince (no existen datos de Portugal para el 2005). El gasto que España dedica a la protección social (gasto social menos educación) es la mitad del que dedican países como Dinamarca, Suecia u Holanda. En realidad, según los últimos datos homologables de EUROSTAT (la Agencia de recolección de datos de la Unión Europea) España tenía en el año 2005 un nivel de desarrollo económico (medido en PIB per cápita) que era ya el 91% del promedio de la UE-15, y sin embargo, el gasto público social per cápita era solo un 68,2% del promedio de la UE-15 (ver cuadro 3). España se gastó en el año 2005 72.000 millones de euros en su Estado del Bienestar menos de lo que le correspondía por el nivel de desarrollo económico que tenía.
Una de las causas más importantes de tal retraso social ha sido el que el país sufrió cuarenta años de una dictadura que además de ser enormemente represiva se caracterizó por su escasa sensibilidad social. Cuando el Dictador murió, en el año 1975, el gasto público social de España era el más bajo de Europa (junto con Grecia y Portugal que sufrieron regímenes semejantes al dictatorial español). Ahora bien, el hecho de que España continúe estando a la cola de la UE-15 social no puede ya limitarse a tal hecho histórico. Otras causas han influido y entre ellas una muy importante ha sido el sesgo conservador del sistema electoral español. El cuadro 1 presenta los votos que cada partido recibió agrupados según tipología política (derecha versus izquierda) y el número de escaños actual por partido político y el que le hubiera correspondido en un sistema proporcional. Podemos ver que el número de escaños que recibe cada partido en el sistema electoral actual y el que le correspondería en un sistema electoral proporcional varía significativamente, diluyéndose considerablemente en el sistema actual la proporcionalidad del sistema electoral, acentuando un sesgo hacia las derechas y una discriminación hacia las izquierdas.
Ignacio Lago y José Ramón Montero, profesores de ciencias políticas de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad Autónoma de Madrid respectivamente, han hecho el estudio más detallado del sesgo conservador del sistema electoral español en su informe “todavía no sé quienes, pero ganaremos” Manipulación política del sistema electoral español. (Working papers online 45, 2005. Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales) concluyendo que es uno de los menos proporcionales existentes hoy entre las democracias, considerándolo muy cercano a un sistema mayoritario, que ha favorecido en su mayoría a las fuerzas conservadoras. Según tales autores, las bases de tal sesgo son varias. Una de ellas consiste en tomar la provincia como la unidad básica del sistema electoral (reflejada en el artículo 68 de la Constitución), independientemente de su tamaño poblacional, asignándole un mínimo de dos escaños por provincia, asignando los otros escaños según la regla de Hont, con un prorrateo que (consecuencia de la gran variabilidad en el tamaño de las provincias) discrimina a las provincias más pobladas, con lo cual un votante de Soria, por ejemplo, tiene 5 veces más representatividad que un votante de Barcelona o Madrid. Es más, aun cuando el sistema favorece el bipartidismo, éste ha favorecido más al mayor partido de las derechas que al mayor partido de las izquierdas, siendo los más perjudicados los partidos minoritarios de izquierdas (entonces el PCE y hoy IU). Ya en las primeras elecciones de 1977, el partido mayoritario de las derechas (UCD) con 34,4% de los votos consiguió el 47,4% de los escaños, mientras que el PSOE con el 29,3% de los votos consiguió el 33,7% de los escaños y el PCE con un 9,3% de los votos consiguió sólo el 5,4% de los escaños. Como Lago y Montero concluyen, en el sistema electoral español “todo lo demás igual, los partidos mayoritarios de derecha resultan más sobrerepresentados que los de centro-izquierda, mientras que los minoritarios de centro-derechas resultan menos infrarepresentados que los de centro-izquierda” (pág. 38).
Tal sesgo, como tales autores demuestran, estaba ya inscrito en la ley electoral aprobada por las Cortes Franquistas de 1976 (como condición para su disolución) sin que tal sesgo desapareciera en la Norma Fundamental de 1978 (ver “El terreno de juego de la derecha en España; o cómo organizar unas elecciones para ganarlas”. Capítulo 2.1 del libro de Carles Castro Relato electoral de España 1977-2007. Institut de Ciències Polítiques i Socials. Universitat Autònoma de Barcelona). Mucho se ha dicho que tales propuestas fueron consensuadas con la oposición, pero el dominio de las fuerzas conservadoras en el aparato del Estado y la debilidad de las izquierdas recién salidas de la clandestinidad fue determinante en la configuración de la Ley Electoral. Tal como ha indicado Herrero de Miñón, próximo a Suárez y uno de los arquitectos de la Ley, “las propuestas de la oposición fueron amables pero firmemente desatendidas…. Tras un par de días de discusión, las reuniones acabaron con buenas palabras y la imagen de una negociación… del proyecto electoral con la oposición, sin que prosperara ni una sola de las enmiendas” (citado en Lago y Montero. Op. Cit. P. 24). Entre estas propuestas estaban las de adquirir mayor proporcionalidad en el sistema electoral, hechas por el PSOE y el PCE.
Se estableció así una ley electoral que en teoría es proporcional, pero en la práctica tiene un enorme componente mayoritario que dificulta el establecimiento de alianzas de partidos de izquierda, tal como Korpi, Torben, Ivensen and Sorbice han señalado para otros países.
Consecuencias de la falta de alianzas de izquierda en la economía española. La evolución del gasto público
La importancia del contexto político queda claramente mostrada por la evolución del gasto público social, señalada en el cuadro 4. Naturalmente que otros factores intervienen en la evolución de tal gasto como los cambios en la estructura demográfica, la evolución del empleo y desempleo, y otros factores. Pero como Francis Cassel y Hubber y Stephens han mostrado, uno de los mayores determinantes de la evolución de tal gasto ha sido la voluntad política del Parlamento y del Gobierno y de la configuración de alianzas que lo determinan (ver Francis G. Castles. The Future of the Welfare State. Crisis Myths and Crisis Realities. Oxford University Press. 2004, y Evelyn Huber and John D.Stephens. Development and Crisis of the Welfare State. University of Chicago Press. 2001). Podemos ver en el cuadro 4 que hubo un crecimiento notable de tal gasto per cápita en el advenimiento de la democracia. Varias observaciones tienen que hacerse en relación a este cuadro. Por desgracia, EUROSTAT no dispone, actualmente, de los datos de gasto anteriores a 1995 puesto que ha eliminado los datos anteriores a este año, de su página web, debido a cambios en la conversión de las unidades de poder de compra. Y hoy los únicos datos homologables existentes desde 1980 (primer año que existen las series) son los de la OECD (en unidades de poder de compra –UPC- medido en dólares constantes). El cuadro original se ha modificado para centrarse en los países de la UE-15. Tal cuadro muestra un crecimiento estable de tal gasto público social per cápita durante la década de los años 80 pero muy notable a partir de 1987 hasta el año 1993. De 1980 a 1987, el gasto público per cápita aumentó de 1.062 upc a 1.827 upc, incrementándose 765 upc durante aquel período. De 1987 a 1993, tal gasto aumentó de 1.827 upc a 3.397 upc, subiendo 1.570 upc, más del doble del período anterior. El gran crecimiento de tal gasto ocurrió en la segunda etapa del gobierno PSOE que gobernaba en mayoría absoluta, crecimiento que fue respuesta, en parte, a las movilizaciones y huelgas generales que ocurrieron en tal período.
Si en lugar de gasto público social por habitante, consideramos otro indicador, el gasto público social como porcentaje del PIB, podemos ver como durante el período 1975-1993 tal gasto pasó de representar el 14% del PIB en 1975 a un 24% en el año 1993. En los países que más tarde pasarían a constituir la UE-15, el promedio de tal gasto era del 22% en 1975 y el 28% en 1993. España recortó por la mitad el déficit de gasto público social que tenía con el promedio de la UE-15, durante tal período 1975-1993. Tal corrección fue más acentuada en la segunda parte de este período, durante la mayoría absoluta del PSOE, y en la etapa 1986-1993.
Ahora bien, tal incremento se interrumpe en 1993. En realidad, baja durante 1994 siendo el único país de la UE donde existe un recorte de tal gasto. Y ello se lleva a cabo durante un gobierno socialista que gobernó en alianza con la derecha nacionalista conservadora, CiU. En aquel año 1993 varios hechos ocurrieron. Uno fue el debilitamiento de las izquierdas en el gobierno, con la salida del vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, y la entrada de Pedro Solbes como Ministro de Economía y Hacienda, que desarrolló unas políticas públicas de gran austeridad de gasto público social que contrastaba con el deseo mayoritario, expresado por el voto mayoritario de izquierdas, de que se corrigiese el déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 (en las plataformas electorales del PSOE y de IU se pedía tal convergencia en gasto público social). Pero, a pesar de que en las elecciones de aquel año 1993 al Congreso de los Diputados, los votos de izquierda superaron en más de dos millones (2.014.027 votos) a los votos de las derechas, el partido mayoritario de las izquierdas, el PSOE, (que había conseguido 159 escaños) se alió con la derecha nacionalista catalana, CIU, (que consiguió 17 escaños con 1.165.783 votos, el 4,94% del voto), en lugar de IU, que había obtenido 18 escaños con 2.253.722 votos, el 9,55% del voto. El argumento que el portavoz del PSOE indicó para justificar tal alianza, que era la menos deseada por sus bases electorales, es que sumando sus escaños a los escaños de CIU, las derechas nacionalistas, así como PNV y CC daban una amplia mayoría parlamentaria, mayoría que también se requería en el Senado, la Cámara Alta de las Cortes de muy escasa representatividad (y cuyo establecimiento había sido también una condición de las Cortes franquistas para aceptar su disolución) pues otorga el mismo número de representantes a cada provincia, independientemente de su tamaño. Tales hechos facilitaron el desarrollo de estas políticas diseñadas por el nuevo Ministro de Economía y Hacienda, el Sr. Solbes, bajo cuyo mandato el gasto público social por habitante bajó incluso en términos absolutos (en ningún otro país de la UE-15 se dieron tales recortes del gasto público social). Estos recortes significaron un incremento del déficit de gasto público social entre España y la UE-15, puesto que el promedio de la UE-15 continuó aumentando. La justificación que se dio para realizar tal reducción del gasto fue que era necesaria la reducción del gasto público (incluyendo el social) a fin de reducir el déficit del Estado, para que alcanzara una dimensión menor que la autorizada por el criterio de Maastrich. La austeridad del gasto público social durante el periodo 1993-1996 (periodo en que el crecimiento de tal gasto fue más bajo que el crecimiento del promedio de la UE-15) (ver cuadro 4), creó cierta decepción en su electorado, con el desplazamiento de parte de su electorado a las izquierdas del partido mayoritario en las elecciones de 1996, aun cuando sumando los votos de las izquierdas en 1996, éstos fueron mucho mayores que los votos de las derechas.
¿Había otras alternativas?
Supongamos que España hubiera tenido una ley electoral proporcional. El cuadro 1 muestra que en tal caso las izquierdas (PSOE + IU) hubieran tenido en 1993 una amplia mayoría de escaños (19 escaños más que las derechas), que habría sido incluso mayor si ERC y EA se hubieran sumado a la alianza de izquierdas (24 escaños de diferencia). En tal caso, otra política podría haberse realizado, que hubiera permitido una reducción del déficit del estado a costa de un aumento de los impuestos y una menor reducción del gasto público como ocurrió en otros países de la UE-15 que tenían sistemas electorales proporcionales como Suecia, Finlandia, Noruega y otros con alianzas de partidos de izquierda.
Las elecciones de 1996, las ganaron las derechas en escaños: 182 escaños versus 168 de las izquierdas, aun cuando en voto popular las izquierdas ganaron 1.251.822 más votos que las derechas (ver cuadro 1). En realidad, bajo un sistema proporcional, el cuadro 1 muestra que las izquierdas habrían ganado por amplia mayoría (179 escaños versus 160). Bajo el sistema electoral vigente, sin embargo, ganaron las derechas que continuaron las políticas de austeridad del gasto público social bajo la dirección del Ministro de Economía del gobierno conservador, Rodrigo Rato. El cuadro 2 muestra la evolución del gasto público social en unidades de poder de compra expresadas en euros estandarizados desde 1995 hasta 2005 (último año que EUROSTAT ha publicado). Se ve como el crecimiento de gasto público social de España fue menor que el de la UE-15 en 1996, en 1997, ligeramente superior en 1998 y mucho mayor en el año 2000. Hay que señalar que, debido a la gran diferencia de gasto público social entre España y la UE-15, y la enormidad del déficit, el crecimiento de tal gasto en España debiera ser mucho mayor que el promedio de la UE-15, para disminuir el déficit de España. Al no ser así, aun cuando el crecimiento fuera mayor en España que en la UE-15 en algunos años, el crecimiento no fue suficientemente grande como para corregir sustancialmente el déficit. Puede verse en el cuadro 3, que es a partir del 2000 que se nota una cierta convergencia del gasto público social por habitante con la UE-15, pasando éste de ser el 61,8% en el año 1999, a un 68,2% en el año 2005. Antes había descendido del 62% al 61,4% durante el gobierno PP en alianza con CIU para ir aumentando durante el periodo 2000-2004 (durante el Gobierno mayoritario del PP), y más durante el periodo 2004-2005, el primer año del Gobierno socialista.
En el 2004, las izquierdas ganaron holgadamente (más de dos millones más que las derechas), lo cual se reflejó también en escaños (una ventaja de catorce escaños), aún cuando si el sistema hubiera sido proporcional la ventaja hubiera sido de 29 escaños (ver cuadro 1). El PSOE gobernó con el apoyo de IU y ERC, lo cual se tradujo en el aumento citado del gasto público social y un notable aumento de legislación en las áreas de derechos sociales y civiles (tal como la Ley de Dependencia), habiendo sido una de las etapas de mayor desarrollo social aun cuando el crecimiento de tal gasto no fue suficiente para reducir significativamente el déficit social de España con la UE-15. Estas políticas contribuyeron a la victoria del PSOE en el 2008. En este año, las izquierdas sumaron, de nuevo, muchos más votos que las derechas (1.486.896), consiguiendo más escaños que las derechas (178 versus 172). Aquí, de nuevo, si hubiera habido un sistema proporcional, la diferencia de escaños entre izquierda y derecha hubiera sido mucho mayor (21 en lugar de 6). IU, pese a conseguir casi un millón de votos (963.040 votos), sólo le fueron asignados dos escaños, lo cual hizo que el PSOE pensara aliarse más fácilmente con CIU antes que con el conjunto de las izquierdas. Ni que decir tiene que esta alianza es favorecida por aquellos sectores dentro del gobierno que no son sensibles a aumentar el gasto público.
Tales datos muestran que las tesis de Korpi, aplican también a España explicándose su escaso desarrollo social por el sistema electoral que dificulta la formación de alianzas de partidos de izquierda. Ni que decir tiene que la dificultad de establecer alianzas entre los partidos de izquierda en España, constituyendo una mayoría de izquierdas, favorece el desarrollo de una cultura económica conservadora, que refuerza a grupos influyentes en el equipo económico del partido mayoritario de izquierdas. La ausencia, por ejemplo, de propuestas keynesianas de aumento del gasto y consumo público, como medidas correctoras para facilitar la aceleración económica en el momento actual, es prueba de ello. La fijación en sostener el equilibrio presupuestario expresado por tal equipo económico a costa de reducir el gasto público es, en sí, un reflejo del enorme dominio conservador en el pensamiento económico que traduce la debilidad de todas las izquierdas, y que se reflejó en que en las últimas elecciones, el gran debate económico se centró en disminuir el gasto público (propuesta hecha por Pizarro del PP) versus mantener el gasto público (propuesta hecha por Solbes del PSOE) sin que hubiera una propuesta mayoritaria de aumentar el gasto público (España continua siendo uno de los países con menor gasto público en la UE-15).
En el momento presente, tal fijación en mantener un equilibrio presupuestario sin permitir la existencia de un déficit en los presupuestos del Estado (tal como el criterio de Maastrich permite) priva al Estado de ejercer su efecto estimulante en el crecimiento económico, estímulo que seria incluso mayor si el gasto público se centrara menos en transferencias públicas o desgravaciones fiscales, y más en creación de empleo público a través de las inversiones en la áreas sociales. En su lugar, se ha propuesto reducir todavía más el empleo público, que repercutirá negativamente en los servicios públicos del estado del bienestar, que son los que emplean a mayor personal financiado públicamente. El cuadro 5 muestra como España es el país con menor empleo público. Sólo un 9,94% de la población activa trabaja en los servicios públicos del Estado de Bienestar (el porcentaje más bajo de la UE-15, cuyo promedio es de 15,08%). Como contraste valga señalar que tal porcentaje en los países europeos que son considerados (por entre otros forum, el Forum de Davos) como los más eficientes de la UE-15 (como son Suecia, Finlandia y Dinamarca), son 24,55%, 19,50% y 23,75%, respectivamente. Ante esas cifras el 9,94% español es excesivamente bajo. Adelgazarlo más es un error, no solo en lo social sino también en lo económico. Existe amplia evidencia de que la escasa eficiencia y competitividad de los países del sur de Europa, incluida España, se basa en el escaso desarrollo de su sector público, incluyendo los servicios públicos.
Este bajo gasto y empleo público repercute también negativamente en la distribución de las rentas en el país. Resultado de la enorme influencia política de las derechas en España, sobrerepresentadas en los órganos del Estado español, éste es escasamente redistributivo, tal como muestra el cuadro 6. España es el país (después de Grecia) cuyas políticas públicas tienen menor impacto en la redistribución de la pobreza. Puesto que el umbral de pobreza se define en la UE como el 60% de la mediana de renta disponible, tal indicador de reducción de la pobreza mide también el impacto redistribuidor de las políticas públicas. Tal impacto es mucho menor en España, sólo un 4%, comparado con un 10% para el promedio de la UE-15 y un 17% en Suecia, un 16% en Finlandia y un 16% en Dinamarca. En todos estos países las izquierdas han gobernado en alianza en la mayoría de los años, durante los últimos 30 años. No así en España.
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