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Publicado en la revista Temas para el debate (número 156), noviembre 2007.

Los países que tienen políticas públicas más favorables a las familias son aquellos en los que la jerarquía de la Iglesia católica tiene menor influencia.

Los dirigentes de la Iglesia Católica española se han presentado siempre como los grandes defensores de la familia. Durante muchos años la retórica oficial de la jerarquía eclesiástica y la de los partidos políticos y gobiernos de inspiración católica han promovido a la familia como la institución central de nuestras sociedades. Se deduciría de ello que España, gobernada en la gran mayoría de los últimos cincuenta años por partidos conservadores de raíces católicas, debería tener las políticas públicas de apoyo a las familias mas desarrolladas de Europa. Pues bien, un análisis de las políticas públicas en la Unión Europea muestra que, al contrario de lo que se ha dicho durante muchos años en aquella retórica oficial del país, España es uno de los países de la UE-15 (el grupo de países de la UE-15 de semejante nivel de desarrollo económico que el nuestro) que apoya menos a las familias. El gasto público social en transferencias y servicios públicos a las familias es un misérrimo 0.5% del PIB, el más bajo de la UE-15 (cuyo promedio es 2,2% del PIB). No hay ningún otro país en la EU-15 cuyas familias estén más abandonadas por el Estado que España. En los países nórdicos escandinavos, sin embargo, donde la influencia de la Iglesia Católica es mínima, las ayudas a las familias representan más de un 3% del PIB, los porcentajes mayores de la UE-15. En realidad, los datos muestran que a mayor influencia de la Iglesia católica, menor ayuda del Estado a las familias.
En España, cuando decimos familia queremos decir mujer. Pues bien, los datos tampoco confirman un apoyo de la jerarquía de la Iglesia católica a la mujer. El Estado español, inspirado, en gran parte, en los principios católicos, ha sido durante muchos años uno de los países europeos más insensible a las necesidades de la mujer. Los gobiernos conservadores de tradición católica siempre pusieron a la mujer en un pedestal para luego crucificarla en el olvido de sus políticas públicas. La mujer española está enormemente sobrecargada siendo ella la responsable de cubrir las enormes insuficiencias del estado de bienestar español. Ella cuida de los infantes (de los cuales solo un 7% atienden escuelas públicas de infancia de 0 a 2 años; el promedio de la UE-15 es del 18%), de los jóvenes (que viven en casa como promedio hasta los 32 años; el promedio de la UE-15 es de 29), de los esposos o compañeros, de los ancianos y personas con discapacidades, y un 58% de ellas trabaja también en el mercado de trabajo. No es de extrañar, por lo tanto, que la mujer de 35 a 55 años en España sea la persona que tenga mas enfermedades debidas al stress, tres veces más que el hombre. De nuevo, los países gobernados por partidos conservadores de raíz católica son lo que tienen unos servicios de ayuda a las familias (como escuelas de infancia y servicios domiciliaros) menos desarrollados. Esta situación es particularmente difícil para la mujer joven que, además de no tener los servicios públicos de ayuda a las familias que tienen las jóvenes nórdicas de los países escandinavos, tienen dificultades en encontrar trabajo fijo que les permita tener una vivienda y establecer una familia. De ahí que la fecundidad (número de nacimientos por mujer fértil) en España sea de las más bajas de la UE-15. La fecundidad en los países nórdicos, por el contrario, es de las más altas.

Las cosas han ido cambiando a partir del establecimiento de la democracia y sobretodo a partir de los gobiernos socialistas. Y a partir del 2004, en algunas áreas de especial importancia simbólica, como la paridad de género en responsabilidades institucionales, se está avanzando rápidamente. Pero en otras –que cuestan dinero- van mucho más lentamente. Así, el gobierno socialista acaba de tomar una medida, la de dar 2.500 euros por niño, motivado por un deseo de incentivar la fecundidad. La experiencia internacional muestra, sin embargo, que es un paso muy insuficiente para estimular la fecundidad. Aumentará el porcentaje del PIB a ayudas familiares de un misérrimo 0.5% del PIB a un 0.6% del PIB (recuerden que el promedio de la UE es un 2.2%). El coste para una familia de tener un hijo o hija en España desde el momento de la concepción a los 18 años es aproximadamente de 82.000 euros. La cantidad nueva aportada por el gobierno es muy menor, aun cuando esta cantidad para una familia joven tampoco es despreciable. Pero en todo caso su valor incentivador de la fecundidad es muy menor. Mucho más importante para estimular la fecundidad es la universalización de las escuelas de infancia (permitiendo a las mujeres combinar su responsabilidad familiar con su proyecto profesional), medida que debiera tener tanta prioridad política como el desarrollo de los servicios de dependencia. A ello debiera añadirse una revolución cultural haciendo el hombre copartícipe en las responsabilidades familiares, situación en la que estamos muy retrasados. Los hombres del sur de Europa – recuerden, donde la cultura católica es dominante –continúan siendo los que trabajan menos en labores familiares en la UE-15. Espero que el gobierno socialista además de universalizar los servicios de dependencia universalice también las escuelas de infancia y contribuya a la muy necesaria revolución cultural de nuestro país.

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